Salud

CCSS compró 325 ventiladores pulmonares sin exigir a contratistas garantía de cumplimiento

Contratos por $13,6 millones debieron exigir a proveedores depositar hasta 10% del monto para respaldar entrega. Equipos llegaron hasta con cinco meses de atraso. Caja abre cinco investigaciones

La CCSS hizo contrataciones de emergencia para adquirir 325 ventiladores pulmonares por $13,6 millones (¢8.400 millones) sin exigir garantías de cumplimiento, requisito que establece la Ley de Contratación Administrativa para todo tipo de adquisiciones públicas.

La información se desprende de una revisión realizada por La Nación de los ocho expedientes de compras. En una sola contratación pueden ser adjudicadas más de una compañía.

Esas garantías que requiere la ley son para asegurar el cobro de multas o daños provocados por incumplimientos de los contratistas.

La normativa indica que la garantía debe oscilar entre un 5% y un 10% del monto por adjudicar. Es decir, la CCSS debía exigir, en total, depósitos de respaldo desde $680.000 hasta $1.360.000.

Los ventiladores pulmonares comprados en medio de la pandemia de covid-19 son clave para pacientes que no pueden respirar por su cuenta. Estos fueron encargados de manera urgente desde marzo de 2020, cuando el país empezó a registrar los primeros casos del virus.

De las ocho contrataciones de emergencia realizadas por la Gerencia de Infraestructura y Tecnología de la CCSS para la adquisición de esos aparatos, solo en dos se exigieron garantías a las compañías proveedoras.

En la actualidad, la CCSS mantiene abiertas cinco investigaciones contra proveedores de ventiladores. Esas gestiones podrían terminar en el cobro de multas, apercibimientos o inhabilitaciones para contrataciones futuras con el Estado.

¿Qué ocurrió?

En marzo del 2020, la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías lanzó seis contrataciones que fueron distribuidas entre las empresas Elevatron, Eleimsa, Soporte Médico, MESA Medical, ANCA Medical, Meditek Services y SP Medical Enterprises.

De esas firmas, la única que cumplió con las condiciones pactadas fue ANCA Medical, que debía despachar un solo ventilador valorado en $28.000 el 24 de marzo.

El resto no cumplió con la cantidad de equipos requeridos o los entregó tarde, según información confirmada por la oficina de prensa de la Caja por medio de un correo electrónico.

De los 325 ventiladores pulmonares encargados inicialmente por la Seguridad Social, solo recibió 233 (72%), pues la mayoría de las empresas no pudieron entregar la cantidad convenida. Además los despacharon con atrasos.

Por esta razón, la Caja tuvo que hacer nuevas compras para conseguir los 92 (28%) que faltaban para completar los 325. Es así como en julio de 2020, saca dos nuevas contrataciones, pero en esta ocasión sí solicitó el pago de garantías de cumplimiento.

Jorge Granados Soto, gerente de Infraestructura y Tecnologías, dijo que pidieron los respaldos hasta ese momento por una orden de la Gerencia General de la Caja.

Antes de ese mes, según Granados, sus abogados le indicaron que no era necesario pedir fianzas que ampararan los contratos.

De acuerdo con el funcionario, una de las razones para no solicitar garantías fue no atrasar la adjudicación y, por ende, la entrega de los equipos. Sin embargo, ese objetivo no se consiguió, pues algunos aparatos llegaron hasta cinco meses después de lo previsto.

“Las primeras seis compras se hicieron en marzo de 2020 bajo un panorama en el que las empresas nos indicaban que la cantidad de países que estaban comprando ventiladores era tanta y las cantidades eran tantas que ellos no podían asegurar la disponibilidad en los plazos que ellos mismos nos habían dicho.

“Entonces, por ejemplo, si una empresa me decía hoy: ‘tengo para entregarle 50 ventiladores en 15 días o en un mes’, si yo no los compraba en ese momento y un mes después les decía: ‘ahora sí, se los voy a comprar’, las empresas ya no me podían asegurar el envío en ese tiempo. La situación era muy cambiante para las fábricas”, declaró Granados.

También argumentó que, basado en el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 40 del Reglamento de esa legislación, no debían solicitar garantías de respaldo, pues esas seis compras eran extraordinarias.

No obstante, el artículo 34 de la Ley no hace diferencia alguna entre adquisiciones ordinarias o extraordinarias.

Entretanto, el artículo 40 del reglamento indica lo siguiente: “La Administración solicitará siempre en las licitaciones públicas y las abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía de cumplimiento de entre el 5% y el 10% del monto adjudicado”.

“Según lo que los abogados nos han indicado, la garantía de cumplimiento debe exigirse en las licitaciones públicas y abreviadas, pero no es obligatorio porque, ahí mismo dice, que es facultativo en los demás procedimientos (...) Así es como los abogados nos lo han indicado”, comentó el gerente.

Se le solicitó a Granados, este martes 18 de mayo, una copia del criterio jurídico de sus asesores legales y por medio de un correo electrónico expresó lo siguiente:

“Los funcionarios públicos nos regimos por el principio de legalidad, eso quiere decir que solo podemos hacer lo que indica expresamente la ley y no existe ninguna ley que indique que para compras de excepción autorizadas por la Contraloría General de la República se deba solicitar la garantía de cumplimiento.

“(...) Las compras de los ventiladores se realizaron bajo el marco de excepción y son compras directas autorizadas por la Contraloría General de la República por lo tanto no era obligatorio incluir garantías de cumplimiento”.

Las contrataciones directas en las que sí requirieron garantías son la 2020CD-000036-4402 por $2,8 millones para la adquisición de 87 unidades y la 2020-CD-000044-4402 por $156.000 por 5.

La primera fue repartida entre las empresas Elevatron, que debía despachar 27 ventiladores por un valor de $972.000, y Medtronic, que debía remitir 60 por $1,9 millones. La segunda fue adjudicada por completo a Medtronic.

Los 92 ventiladores faltantes ingresaron a la Caja entre setiembre y noviembre del año pasado en los plazos acordados con los contratistas.

La CCSS aseguró que no pagó por adelantado en ninguno de los contratos, sino contra entrega y después de ser revisado. Sostuvo que las ocho compras fueron autorizadas por la Contraloría General de la República.

El 20 de abril, La Nación publicó que la Auditoría Interna de la CCSS detectó entregas de ventiladores atrasadas sin pruebas que justificaran las demoras, boletas de recepción de equipos con fechas incongruentes y dudas sobre los hospitales en que instalaron aparatos, entre otros.

En la actualidad, la CCSS no tiene planes de comprar más ventiladores, informó Granados.

Orden

Si según la exposición de Granados, la Ley no exigía el depósito de garantías de cumplimiento, ¿por qué en unas compras no pidieron respaldo y en otras sí?

“Para los dos procedimientos que se hicieron después había una nota de la Gerencia General que exigía la presentación de la garantía de cumplimiento para procesos de excepción, es por eso que se incluyó”, respondió el gerente de Infraestructura y Tecnologías.

Contrario a la tesis de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, la Gerencia General reafirmó la necesidad de pedir garantías de cumplimiento.

“Si bien es cierto, es exigible la garantía de cumplimiento para las licitaciones abreviadas y licitaciones públicas, también faculta a la Administración para requerirla en los restantes procedimientos, para resguardar a la institución de eventuales incumplimientos en que pueden incurrir los contratistas. Es decir, consiste en la garantía de cumplimiento de la correcta ejecución contractual como mecanismo de protección de la Administración frente a cualquier daño eventual ocasionado por el contratista”, enfatizó en un oficio el gerente general, Roberto Cervantes.

Granados negó que él u otro funcionario de la Gerencia emitieran algún documento en el que ordenaran la exención de la garantía.

Además, recordó que existen cinco investigaciones abiertas para determinar si las empresas mencionadas incurrieron en faltas y establecer eventuales sanciones económicas, apercibimientos o inhabilitaciones para continuar vendiéndole al Estado.

Cuando se tramitaron las compras de ventiladores, Granados ocupaba la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías de la CCSS de manera interina, pero el 6 de mayo anterior fue nombrado en ese cargo por un periodo de seis años.

El año anterior la CCSS enfrentó problemas con otras compras de emergencia relacionadas con la pandemia en las que no se exigió el pago de garantías.

Una de ellas es la adjudicación de un acuerdo por $4 millones para el suministro de 12 millones de mascarillas quirúrgicas descartables.

Ese contrato fue otorgado a un contador y una periodista sin experiencia que no lograron entregar a tiempo el producto de forma parcial y total, lo cual comprometió la protección del personal sanitario.

Este asunto está bajo investigación en el Ministerio Público.

Diego Bosque

Diego Bosque

Periodista en la sección Sociedad y Servicios de La Nación. Graduado de Periodismo en la Universidad Latina. Escribe sobre infraestructura y transportes.