Las investigaciones internas por casos de presunta corrupción en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuyos prolongados plazos de resolución han sido foco de críticas y ameritaron una nueva intervención de la oficina encargada, estarán en la mira del nuevo jerarca, Álvaro Ramos Chaves, quien anunció su política de cero tolerancia.
“Sin que esto haya sido necesariamente un tema de corrupción ni mucho menos, sí siento que genera una percepción de impunidad. El hecho de que ya esté intervenida (la oficina de investigación) me tranquiliza mucho porque significa que estamos dando una señal de que esta impunidad no será tolerada. Y si la impunidad no es tolerada, la corrupción tampoco. Ese va a ser el principal mensaje”, respondió ayer Ramos ante consulta de La Nación durante su primera conferencia de prensa, realizada este 11 de mayo.
Durante los primeros dos años pandémicos, este diario sacó a la luz pública anomalías en las compras de emergencia para adquirir mascarillas y otros insumos de alta necesidad en los momentos más críticos de la epidemia. Varios funcionarios, incluido el anterior gerente de Logística de la institución, Luis Fernando Porras Meléndez, fueron separados de sus cargos y están bajo investigación por ese y otros hechos, que también están en manos de autoridades judiciales.
El procedimiento comenzó en agosto de 2020 y no ha concluido. Porras renunció en octubre de 2021.
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“Vamos a atacar cualquier corrupción que haya, puede haber siempre gérmenes. La vamos a atacar de frente. Usted me puede decir ‘muy linda tanta teoría. ¿Elementos prácticos?’ Un elemento muy práctico: entiendo que ya está intervenida la unidad de procedimientos administrativos (CIPA, Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos), que estaba mostrando algunas falencias en la rigurosidad y oportunidad de gestión de los procedimientos administrativos, que son básicamente atender situaciones de corrupción.
“Ya está intervenida. Es un tema al que le pondré mucha atención. Porque incluso desde la Supén (Superintendencia de Pensiones, que dirigió de 2015 al 2020) viví la falta de oportunidad de los procedimientos administrativos gestionados por la Caja. Entonces, es algo que ya lo viví del otro lado. Desde adentro, me interesa mucho”, aseguró.
“En un ámbito más general, cero tolerancia a la corrupción. De mi parte, toda denuncia será investigada con rigurosidad desde el lado mío y desde donde yo deba participar desde el marco de legalidad dando el debido proceso. Pero, incluso, ese tema del debido proceso debe ser de cumplimiento exigente. No toleraré plazos dilatados o prolongados que van generando percepciones de impunidad”, reiteró.
Álvaro Ramos: lo que piensa sobre la corrupción en CCSS
Vías de arreglo
¿Cómo saneará a la institución? “Se tiene la posición de que la corrupción se tiene que atender mediante dos mecanismos. Uno, es el que se conoce como la imparcialidad burocrática weberiana, en el que básicamente tratamos a todo mundo por parejo, y ese tratamiento disminuye mucho la corrupción porque es mucho más difícil disimular un trato desigual.
“Pero si tengo sutiles diferencias en el trato, es mucho más difícil determinar cuándo es corrupción, cuándo es mala gestión o cuándo es simplemente accidente. ¿Qué significa eso? Se va a privilegiar muchísimo la homogeneización en los procedimientos y en el trato hacia los pacientes, la homogeneización en los sistemas de compra, un proceso que ya viene muy encaminado, por ejemplo, con Sicop (Sistema Integrado de Compras Públicas).
“Por ejemplo, en este momento hay un trato diferenciado a ciertas compras que sí suben a Junta Directiva y otras que no. Ese tipo de trato diferenciado, en mi criterio –pero ya la Junta directiva tomará la última decisión– se podría reevaluar. ¡Ojo! El trato diferenciado estaba pensado para atacar la corrupción, pero en mi criterio, por esta conceptualización de la burocratización de imparcialidad burocrática weberiana y por los modelos de gestión del gobierno corporativo moderno, sería mejor dar un trato parejo a todo”, dijo Ramos.
El nuevo jerarca también tiene en su radar otra vía para reducir el riesgo de corrupción en los servicios institucionales: la mística de los cuadros de trabajo de una institución.
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“Primero, si usted trata a la gente por parejo, la corrupción baja. Segundo, si la gente está motivada y tiene mística, también va a caer la corrupción. En esto siento que esta institución tiene una enorme ventaja: los cuadros ya tienen mucha mística. Es básicamente un tema de continuar con esa motivación y continuar haciendo sentir al personal de la Caja valorado, apreciado, que sabemos el enorme esfuerzo que están haciendo.
“La pandemia recalcó el enorme valor de los funcionarios de la Caja para el resto de la sociedad. Tanto así que, cuando había esa discusión sobre los trabajadores esenciales, ¿quiénes eran los trabajadores esenciales? ¡Los de la Caja!”, manifestó.
Plazos prolongados
La más reciente intervención del CIPA fue en marzo de este año. Su director hasta el 29 de marzo, Mario Cajina, fue separado por cuatro meses del cargo por decisión del nuevo gerente administrativo, Luis Fernando Campos Montes.
“Es una separación por cuatro meses, es para un trabajo, una investigación particular que haré yo desde la Gerencia Administrativa. En este momento la separación (de Cajina) no implica un procedimiento administrativo en su contra, es la etapa inicial. Él continúa trabajando, pero en otro puesto, en otro lado, lo que hicimos fue sustituir la jefatura del CIPA. Vamos a revisar procesos, temas de clima laboral, organización y también los tiempos de ejecución de cada procedimiento administrativo”, declaró Campos en marzo.
Uno de los cuestionamientos a esa oficina ha sido la tardanza en la resolución de los procedimientos y la acumulación de casos. Desde el 2016, la cantidad de expedientes disciplinarios activos ha venido en aumento: la cifra era de 126 en el 2016 y el año pasado llegó a 333.
Un reportaje de La Nación reveló que, a pesar de que las investigaciones sobre esos casos fueron ordenadas desde agosto de 2020, el CIPA decidió realizar las audiencias orales hasta que cesaran las medidas de restricción de contacto y tránsito por la pandemia de covid-19. Esa determinación fue cuestionada por la Auditoría Interna de la Caja en febrero de 2021, pues impedía avanzar con las pesquisas y la imposición de eventuales sanciones.
