Cerca de 400 mujeres cada año deben dejar sus casas para buscar refugio en albergues del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) ante el "peligro inminente de muerte" debido a la violencia doméstica.
Ese es uno de los datos que se desprende del tercer informe del Sistema Unificado de Medición Estadística de la Violencia de Género en Costa Rica, el cual reúne información de autoridades como el Inamu, la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial, el Sistema de Emergencias 9-1-1, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), y el Ministerio de Seguridad.
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Según los datos, que van del 2012 al 2016, inclusive, los Centros Especializados de Atención y Albergue Temporal para Mujeres (Ceaam) recibieron a 1.860 mujeres y sus hijos.
Además las delegaciones de la mujer, que corresponde al otro servicio que brinda el Inamu a las víctimas de diversas formas de violencia, atendieron 43.550 consultas en los cinco años analizados.
Esas acciones corresponden en su mayoría a solicitudes de asesoría legal, atención psicológica y de trabajo social.
Para la presidenta del Inamu, Patricia Mora, contar con estos datos permitirá trabajar con mayor efectividad en la erradicación de la violencia de género en Costa Rica, mediante la declaratoria de emergencia que ella anunció desde antes de asumir el cargo.
"No se pueden implementar políticas exitosas si no se conoce de cerca y con números duros lo que sucede en el país", agregó la jerarca.
Según Mora, las estadísticas permiten además identificar cuáles son las manifestaciones de violencia que más se dan.
"El golpe que una mujer termina recibiendo, es el síntoma de un mal mayor (...) Vamos a intentar extirpar de raíz lo que es el mal que hoy nos avergüenza como costarricenses", añadió.
Mora explicó que, al declarar la situación de la violencia en contra de las mujeres como una emergencia nacional, podrán focalizar los recursos humanos y económicos que se tienen en la detección y erradicación de este mal.
A su criterio, la prevención no debe radicar solo en hacer más eficiente la judicialización de los casos, sino en empoderar a las mujeres para que estas no sigan soportando golpes porque dependen de sus agresores económicamente.
Para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, es necesario modificar el proceso penal para evitar que las mujeres que sufren agresiones sean revictimizadas.
"Lo que debe proceder es tomar una sola declaración de la víctima y no exponerla una y otra vez al mismo castigo (...) la protección tiene que ser más amplia y hay que protegerla en el proceso penal mismo", afirmó.
En su criterio, además, no debería haber una distinción entre los feminicidios ampliados y los feminicidios que castiga la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres.
Esta última solo incluye bajo este delito a las víctimas que conviven o están casadas con su agresor, mientras que en los ampliados se contabilizan a las que son asesinadas por su condición de mujer, pero se penaliza como un homicidio regulado por el Código Penal.
"No queremos que sean estadísticas, sino que sean mujeres vivas que aporten a nuestra sociedad", agregó el jerarca judicial.
En aumento
En lo que va del año, 10 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas, exparejas o por su condición de género.
Según los datos del informe presentado este martes, la cifra se suma a los 119 casos contabilizados entre el 2012 y el 2016 (inclusive) y a los 26 reportados el año anterior.
En tanto, datos del Ministerio de Salud sobre notificaciones de violencia intrafamiliar revelaron que la tasa de incidencia en mujeres representan el doble de los hombres.
Así por ejemplo, para el 2016 por cada 10.000 casos notificados, 39 corresponden a mujeres y 15 a hombres. Además, la mayoría de casos en los que las víctimas son hombres corresponden a adultos mayores.
En relación al tipo de violencia reportada, el abuso físico y psicológico representan la tasa más alta con 20% y 25% del total de los casos. Además alrededor de un 14% de los casos corresponden a víctimas de abuso sexual.
Además se registraron 1.224 casos de hostigamiento sexual.
El documento también reúne las cifras de actuaciones policiales registradas bajo el amparo de la Ley de Violencia Doméstica y la Ley de penalización de Violencia contra las Mujeres, en total ambas causas sumaron 54.424 casos.
Las tasas de informes policiales señalan que Puntarenas y Guanacaste registraron las mayores tasas.
En el 2012, Puntarenas tuvo la tasa más alta con 81,8 informes por cada 10.000 mujeres mayores de 15 años y bajó a 65,4 por cada 10.000 en el 2016, mientras, en Guanacaste ha venido en ascenso al pasar de 49,7 por cada 10.000 en el 2012, hasta 76 en el 2016.
Asimismo, el Ministerio Público reportó que el incumplimiento de medidas de protección y el maltrato son las principales denuncias por delitos contra la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres.
Señala, además, que de las personas sentenciadas en los tribunales penales por delitos contra la ley de penalización , cerca del 97% son hombres