El magistrado de la Sala Constitucional Jorge Araya advirtió que el “punto de quiebre” en la descomposición de la democracia costarricense llegará cuando se le falte el respeto y se incumplan las sentencias judiciales.
“Hasta el momento, las sentencias se están acatando, y espero que así siga. Se comparten o no, pero se respetan. Yo estoy convencido de que este es un país sensato, que tiene un sentimiento civilista y democrático muy potente”, declaró en entrevista con La Nación y otros medios.
Según el juez, los diversos plantones celebrados el 6 de agosto en defensa de la democracia y del Poder Judicial en distintas regiones del país pusieron de manifiesto una gran preocupación: “una inquietud muy potente, una preocupación profunda porque el sistema democrático, como un ser vivo, puede morir”.
Un punto de inflexión para estas manifestaciones fue la declaración de la presidenta de la República, Laura Fernández, de que el fallo de la Sala Constitucional para prorrogar las designaciones de magistrados suplentes constituía, “ni más ni menos que un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa”.
La resolución sobre la prórroga, a su vez, deriva de la falta de elección del Congreso de magistrados suplentes para la Sala tras 11 rondas de votación, ya que la fracción oficialista se negó a respaldar a cualquiera de los candidatos.
Los nombramientos vencieron el pasado mes de diciembre, y este tribunal ya acumula alrededor de 130 casos sin resolver.
Sala inundada de recursos de amparo
Pese a que el juez explicó que, desde su perspectiva, “hoy, y a esta hora, el sistema funciona”, también considera que el Estado social de derecho está siendo “golpeado agresivamente”.
Araya ilustró la magnitud de este golpe explicando que la Sala recibió 2.117 recursos de amparo en 2023, mientras que ya se han acumulado 4.641 en menos de ocho meses del año en curso, lo que representa un aumento del 119%.
Los recursos de amparo mencionados versan sobre asuntos como las ayudas brindadas por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), las pensiones del régimen no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el traslado de cuotas de un régimen a otro para tener una pensión más digna y prestaciones.