Este viernes se concretó la extradición de Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata, hacia Estados Unidos, donde enfrentarán un proceso penal por presunto narcotráfico.
El hecho es notable no solo por tratarse de las primeras extradiciones de costarricenses en la historia, sino también por la trayectoria de Celso Gamboa Sánchez. En un lapso de diez años, él pasó de ser nombrado magistrado de la Sala Tercera (el más alto tribunal en materia penal de Costa Rica) a ser investigado por la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Ante este precedente ¿existen formas de blindar la Corte Suprema de Justicia para evitar que otro magistrado termine involucrado en investigaciones de tráfico internacional de droga? Figuras judiciales y políticas consultadas por La Nación expusieron distintos criterios y propuestas.
El origen de los nombramientos de magistrados se encuentra en la Asamblea Legislativa, la cual recibe las candidaturas y atestados en la Comisión de Nombramientos. Tras un proceso de análisis y entrevistas, dicho foro recomienda al plenario legislativo a un grupo reducido de candidatos.
La Constitución Política establece que la designación de altos jueces para las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia debe realizarse por mayoría calificada de la Asamblea, es decir, 38 diputados.
Para Alejandra Larios, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Nombramientos, la etapa de entrevistas es fundamental para que los diputados conozcan a los candidatos y les formulen las preguntas que consideren necesarias.
“Asimismo, la entrevista permite que las diputaciones hagan un estudio sobre la persona que se está postulando, y hacerle esos cuestionamientos para valorar sus argumentos. Doy fe de que en este cuatrienio los procesos se han llevado con mucha responsabilidad, nos tomamos muy en serio las entrevistas”, aseguró Larios.
Una vez que alguien ingresa a la Corte Plena, el proceso de destitución es altamente complejo, pues los magistrados son designados por ocho años con posibilidad de reelección indefinida. La única forma de impedir esa reelección es con el rechazo de 38 diputados.
En la historia de Costa Rica, solo dos magistrados han sido destituidos: Óscar González, de la Sala Primera, con 53 votos en el 2014, por una denuncia de abuso sexual; y Celso Gamboa, en el 2018, por vínculos con el caso del cemento chino, con 39 votos.
Ante la dificultad de destituir a un magistrado, surge la pregunta sobre qué medidas pueden adoptarse dentro del Poder Judicial.
Actualmente, la misma Corte Plena establece sanciones disciplinarias sobre sus magistrados, siendo la más grave la solicitud al Congreso de revocar el nombramiento, como ocurrió en los casos de González y Gamboa.
Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema, afirmó que desde el Poder Judicial se impulsa el proyecto de ley 24.860, que busca reformar el régimen sancionatorio de la institución.
El texto, dictaminado en setiembre del 2025 en la Comisión de Asuntos Jurídicos, propone fortalecer la capacidad del Poder Judicial para investigar, sancionar y prevenir conductas indebidas.
La iniciativa pretende agilizar los procesos disciplinarios, incorporar nuevas herramientas −como el uso de prueba proveniente de procesos penales con control judicial− y establecer sanciones más severas, incluida la imposibilidad de reingresar a la institución por un periodo de hasta diez años en casos graves.
“Además, plantea una reestructuración del sistema disciplinario para hacerlo más especializado y eficiente, así como reglas específicas para enfrentar casos de corrupción sin que formalidades procesales generen impunidad”, indicó Aguirre.
En los procesos de contratación y selección que dependen del Poder Judicial, la entidad realiza investigaciones sobre las personas oferentes por medio de la Unidad de Investigación Sociolaboral y Antecedentes (UISA), la cual indaga sobre su trayectoria laboral, vínculos sociales, familiares y entorno.
“Desde su implementación, se han sometido a este escrutinio decenas de miles de personas: candidaturas a la Fiscalía General y sus suplencias, magistraturas suplentes, direcciones, jefaturas de la Defensa Pública y más de 16.000 puestos en general”, señaló el magistrado de la Sala Primera.
Cambios al sistema disciplinario y de nombramientos
Más allá de las reformas propuestas en el texto legislativo, existen otras ideas de cambios estructurales en el sistema disciplinario judicial.
Por ejemplo, el exmagistrado de la Sala Tercera, José Manuel Arroyo, quien ocupó el cargo del 2001 al 2016, consideró necesario que la imposición de castigos contra magistrados no dependa de la Corte misma, sino que se transfiera a un órgano como la Inspección Judicial, encargada de controlar y sancionar al resto de funcionarios judiciales.
El jurista señaló que una debilidad del sistema de elección de magistrados es que la Asamblea Legislativa puede seleccionarlos no por idoneidad, sino por cercanía personal o ideológica.
Consideró que las investigaciones sobre la trayectoria y condiciones de los aspirantes deben reforzarse para evitar casos de candidatos que han mentido o exagerado sus atestados.
También sugirió prohibir las llamadas “puertas giratorias”, en las que un funcionario pasa del Poder Ejecutivo al Judicial o viceversa. Este fue el caso de Gamboa, quien fue viceministro de Seguridad entre 2011 y 2014, ministro de esa cartera entre 2014 y 2015, y en febrero del 2016 inició su periodo en la Sala Tercera, interrumpido apenas dos años después.
“Hay personas que han tenido esos movimientos en su carrera y se han desempeñado con probidad y éxito, pero pareciera que este tránsito entre poderes tiene más inconvenientes que ventajas, por lo que también debería prohibirse”, agregó.
Más allá de las medidas que puedan adoptarse, Arroyo afirmó que “siempre habrá riesgo” de que algún magistrado o juez incurra en actos de corrupción.
Un criterio similar expresó Rafael Ángel Guillén, exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien manifestó que un aspirante a magistrado puede iniciar con una carrera intachable y, una vez electo, vincularse con el crimen organizado, “porque el ser humano es impredecible”.
Guillén, quien fue jerarca del OIJ de 1990 a 1994, reconoció que el procedimiento de elección en la Asamblea Legislativa es, ante todo, un proceso político, pero señaló que es la mejor opción dentro de un sistema democrático.
“Decía Winston Churchill: ‘El sistema democrático es el peor, a excepción de los demás’. Es el sistema que existe; se ha discutido si puede hacerse de otra forma, pero al final se llega a esa misma conclusión. Un blindaje, no lo encuentro”, manifestó.
A pesar de esto, reconoció que “de forma independiente, si lo condenan o lo absuelven, la justicia costarricense ya está golpeada”.