Sofía Chinchilla Cerdas. 2 abril
 Los magistrados electorales tomaron el acuerdo este jueves. En la foto, los magistrados Luz Retana, Max Esquivel, Luis Antonio Sobrado, Eugenia Zamora y Luis Diego Brenes, junto al mandatario Carlos Alvarado y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz. Foto: José Díaz/Agencia Ojo por Ojo.
Los magistrados electorales tomaron el acuerdo este jueves. En la foto, los magistrados Luz Retana, Max Esquivel, Luis Antonio Sobrado, Eugenia Zamora y Luis Diego Brenes, junto al mandatario Carlos Alvarado y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz. Foto: José Díaz/Agencia Ojo por Ojo.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) devolverá ¢3.000 millones de su presupuesto al Ministerio de Hacienda, con el fin de que los recursos se puedan usar para atender la emergencia provocada por el nuevo coronavirus.

Según informó el órgano electoral, la decisión la tomaron los magistrados electorales en la sesión de este jueves. El reintegro de los recursos será inmediato.

El monto se compone de ₡2.700 millones que estaban reservados en caso de que este año se realizara la convocatoria a un referéndum, mientras que los ¢300 millones restantes son del fondo general de elecciones 2020.

“Los jueces electorales consideran que es fundamental priorizar los recursos para atender las necesidades del país surgidas a raíz del COVID-19, a la vez que, dada la situación sanitaria actual, consideran inconveniente iniciar o continuar con los trámites para recolectar firmas de cara a la eventual convocatoria de un referéndum por iniciativa ciudadana”, indica el comunicado del Tribunal.

El Tribunal lo componen los magistrados Luz Retana, Max Esquivel, Eugenia Zamora, Luis Diego Brenes y Luis Antonio Sobrado, quien lo preside.

Como el TSE ya no tendrá a la vista la reserva para un eventual referéndum, este año sólo podrían convocarse consultas populares si así lo disponen la Asamblea Legislativa, o el Poder Ejecutivo junto a los diputados.

Además, un proceso de esa naturaleza solo podría realizarse si las condiciones sanitarias del país lo permitieran, para lo cual el Congreso tendría que hacer la reasignación de los recursos necesarios.

Según el gobierno, la emergencia sanitaria causada por la propagación del covid-19 está en una etapa muy preliminar, en la que no es posible calcular con precisión cuánto dinero se necesitará para atender a quienes enfermen y para paliar los efectos económicos que se deriven de la pandemia.

De momento, lo que el Ejecutivo ha comunicado es que procura conseguir un “colchón” cuyo monto base es ¢1 billón (un millón de millones). Con ese fondo se financiarían los insumos que requieran las autoridades sanitarias y los subsidios para quienes pierdan el trabajo o sufran una reducción de la jornada laboral.

Otro porcentaje, que los jerarcas no ha especificado, se usaría para mantener la operación normal del Gobierno Central, en vista de que la emergencia ha causado una caída en los ingresos tributarios.