El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) denunció, ante el Ministerio Público, que el Partido Liberación Nacional (PLN) habría simulado gastos al cobrar la contribución estatal correspondiente a la campaña de alcaldes del 2010.

Según la denuncia planteada en la Fiscalía, el órgano electoral detectó aparentes anomalías en la cuenta de alquiler de vehículos, que para esa contienda electoral ascendió a ¢214,5 millones.

Halló, por ejemplo, arrendatarios que solo recibieron la mitad del dinero que el PLN consignó a sus nombres, mientras que otros que dijeron que nunca firmaron los cheques con los que se les remuneró el servicio .

Un tercer grupo de contratistas afirmó que, de antemano, conocían que sus carros solo iban a ser utilizados el día de las elecciones, pero que, aun así, firmaron contratos de arrendamiento por dos meses a fin de que sus cantones contaran con más dinero para otros gastos, evadiendo así los controles del TSE.

Por esa aparente simulación de contratos, el órgano electoral presume que Liberación Nacional habría incurrido en un posible delito de estafa en perjuicio del Estado.

“Podría estarse en presencia de la posible comisión del delito de estafa contra el Estado, al haberse sometido a cobro gastos que se conocía, de antemano, que no correspondían a la realidad, por no haberse prestado en todo o en parte. Lo anterior, siendo que, representantes del PLN indujeron a error al Estado, mediante la simulación de contratos de arrendamiento de vehículos, con lo cual obtuvieron recursos de la contribución estatal, logrando con ello un beneficio patrimonial antijurídico”, reza el informe DFPP-IE-006-2020.

Ese documento fue el que se remitió a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción junto con otros 700 folios con prueba documental y testimonial. La denuncia primero se presentó, de manera digital, el 9 de octubre. Luego, el 18 de diciembre anterior, se entregaron todos los legajos originales.

El director del Registro Electoral, Héctor Fernández, confirmó el envío de esa documentación, la cual se trasladó ante una solicitud del Ministerio Público.

Fernández insistió en que no podía referirse a su contenido porque está resguardado por “el velo de la confidencialidad”.

No obstante, hizo hincapié en que el departamento de Financiamiento de Partidos Políticos realizó la investigación de manera oficiosa, luego de detectar presuntas anomalías en la cuenta de arrendamientos del PLN de las elecciones presidenciales de febrero del 2010.

“Nadie nos alertó de las posibles anomalías, es el resultado de las labores de fiscalización ordinarias que realiza el Tribunal. Dedicamos recursos a investigar prácticamente los 81 cantones que existían en ese momento, a efectos de establecer si podíamos estar o no, en presencia de anomalías similares a las encontradas en la campaña presidencial del PLN de ese año”, explicó Fernández, quien aseguró que se trató de una labor compleja y que, por eso, se remitió la denuncia hasta octubre del 2019.

Detalles de la nueva denuncia

Las autoridades electorales consideran que el PLN habría incurrido en una estafa hasta de ¢214,5 millones, ya que ese es el monto total que la agrupación liquidó por concepto de arrendamiento de vehículos.

Si bien el TSE solo indagó los contratos suscritos en nueve cantones (Dota, Puriscal y Tibás, en San José; San Carlos y Atenas, en Alajuela; Sarapiquí, San Rafael y Belén, en Heredia; y Buenos Aires, en Puntarenas), por un total de ¢34,8 millones, concluyó que en el resto de acuerdos se siguió el mismo patrón.

Según el TSE, los contratos se suscribieron con militantes cercanos al partido, incluso con personas que tenían vínculos de consanguinidad con el candidato a alcalde de los respectivos cantones. A los arrendatarios se les habría pedido que facilitarán su cédula de identidad, la licencia de conducir y el derecho de circulación para que un tercero retirara el o los cheques a su nombre, según correspondía en cada caso.

Posteriormente, los cheques fueron retirados por los tesoreros cantonales o por terceras personas, quienes se habrían encargado de conseguir el endoso del beneficiario para, luego, volver a endosar el cheque y disponer de esos recursos para cancelar otros gastos.

“Existen similitudes en cuanto al procedimiento ejecutado para hacer efectivos los cheques, por medio de terceras personas distintas al beneficiario del contrato, que sugieren que existen irregularidades en el total de gastos que conforman la respectiva cuenta, cuya cuantía asciende a ¢214,5 millones”, señala el informe del Tribunal.

Para sostener esa apreciación, el TSE consignó que, de los 252 cheques que se giraron por arrendamiento de vehículos, 151 presentaban un segundo endoso y, en total, ese grupo de cheques ascendía a ¢134,5 millones, es decir, en el 63% de los cheques.

El órgano electoral también menciona la posible falsificación de firmas en los recibos de dinero, de donaciones no reportadas al Tribunal y del uso de cuentas bancarias de terceras personas para evadir los controles estatales.

Además, señala a la entonces cúpula partidaria como la supuesta responsable de los hechos. En específico, la denuncia cita a Alex Sibaja, quien entonces era subtesorero y a los exdiputados Antonio Calderón y Alicia Fournier, quienes se desempeñaban como secretario general y tesorera, respectivamente.

“La estrategia ideada para justificar los gastos, a través de contratos simulados de arrendamiento de vehículos, fue articulada, aparentemente, por altos dirigentes del PLN y puesta en conocimiento de los tesoreros cantonales, mediante reuniones específicas en cada cantón”, apunta el informe del TSE, el cual tampoco descarta la participación de los tesoreros cantonales y de las terceras personas que manejaron el dinero de los cheques.

Ante una consulta de este medio, Alex Sibaja negó que desde la dirigencia del partido se girara una directriz para simular gastos; dijo que no conocía el informe del TSE y que, por lo tanto, no se podía referir con mayor detalle.

“Estoy seguro que, de parte mía, de la Tesorería o de los colaboradores, nunca se giró una instrucción para que se hiciera una simulación, eso es absolutamente contrario a lo que dice la normativa”, expresó Sibaja.

Segunda denuncia

En mayo del 2012, el TSE denunció a 90 dirigentes liberacionistas por incluir, en la liquidación de gastos de los comicios nacionales —en los que resultó electa Laura Chinchilla—, acuerdos contractuales de arrendamiento de vehículos, en apariencia simulados, que en su conjunto sumaban ¢400 millones.

LEA MÁS: TSE denuncia a 90 dirigentes del PLN por falsos alquileres

Ese caso se tramitó en la Fiscalía General, la cual, en vez de investigar la denuncia como una sola, la desagregó en 36 causas judiciales distintas con montos mucho más bajos a los denunciados por el Tribunal.

El entonces fiscal general, Jorge Chavarría, optó por dividir los hechos por cantón y remitir los expedientes a las fiscalías correspondientes, según sus áreas de cobertura.

Esa decisión conllevó a que, en febrero del 2018, el caso de los ¢400 millones contra 90 dirigentes de Liberación se redujera a una acusación contra nueve personas, vinculadas a la organización verdiblanca en el cantón central de San José, por un supuesto perjuicio de ¢17 millones.

LEA MÁS: Fiscalía diluyó denuncia contra PLN por estafa en 36 pequeñas causas judiciales