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En el 2012, el TSE denunció que el PLN habría estafado al Estado al cobrarle ¢400 millones por alquileres de vehículos que, al parecer, nunca existieron, y que fueron incluidos en la liquidación de los gastos de la campaña electoral del 2010.
El asunto, en el que se atribuía supuestas responsabilidades a 90 dirigentes, quedó en manos del Ministerio Público.
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La Fiscalía General, en vez de investigar la denuncia como una sola, decidió desagregar el caso en 36 causas judiciales distintas con montos mucho más bajos a los ¢400 millones denunciados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
El Ministerio Público optó por dividir los hechos por cantón y remitir los expedientes a las fiscalías correspondientes, según sus áreas de cobertura, a pesar de que cuenta con una unidad especializada en delitos electorales.
A final de cuentas, seis años después, el caso de los ¢400 millones contra 90 dirigentes de Liberación Nacional (PLN) se redujo a una acusación contra nueve personas, vinculadas a la organización verdiblanca en el cantón central de San José, por un supuesto perjuicio de ¢17 millones.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción reconoció que, por "una disposición de política de persecución penal fijada por la Fiscalía General de aquel momento", se decidió que la Unidad de Delitos Electorales únicamente investigaría los hechos denunciados en San José.
En aquella época, el Ministerio Público lo lideraba Jorge Chavarría, a quien la Corte Plena suspendió en octubre anterior por un caso relacionado con el cemento chino.
Chavarría al final decidió adelantar su retiro para el 1°. de diciembre anterior, después de siete años en el cargo.
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Otras 35 causas
El Ministerio Público explicó que las distintas fiscalías del país se encargaron de dirigir las averiguaciones de los hechos ocurridos en los 80 cantones restantes.
El resultado fue el siguiente: 18 causas fueron desestimadas; en seis se dictó sobreseimiento definitivo; y 11 todavía están en fase preparatoria de investigación aún seis años después de presentada la denuncia.
Estos últimos casos están en las fiscalías del II Circuito Judicial de San José, Limón, San Ramón, San Joaquín de Flores, La Unión, Cartago, Tarrazú, Aguirre, Parrita, Golfito y Nicoya.
Esta es la primera vez que la Fiscalía desagrega por cantones un caso contra un partido político por hechos denunciados por el TSE a escala nacional.
El Partido Acción Ciudadana (PAC) fue condenado civilmente por simular contratos de servicios especiales en las siete provincias.
Al Movimiento Libertario le ocurrió lo mismo por cobrar capacitaciones falsas en diversos cantones. Ambos casos se tramitaron en expedientes únicos.
Este medio le consultó a la Fiscalía por qué la denuncia contra el PLN no se tramitó en un solo caso.
Y la oficina de prensa respondió: "Se trató de una decisión de política de persecución criminal tomada en su momento por la Fiscalía General, con el objetivo de concentrar en ese despacho la investigación de todos los posibles hechos delictivos relacionados con la contribución estatal recibida por la mencionada agrupación política en el 2010".
De fiscal en fiscal
A lo largo del tiempo, este caso estuvo en manos de tres fiscales en el área de Delitos Electorales.
El primero que asumió la investigación fue Ricky González, quien entonces era fiscal de la Unidad de Delitos Electorales.
Actualmente, él enfrenta un proceso disciplinario a lo interno del Poder Judicial por "omitir" los resultados completos de un informe de llamadas telefónicas del OIJ en una solicitud de desestimación que hizo el Ministerio Público a la Sala Tercera, en enero del 2017, relacionada con el cemento chino.
Ricky González dejó el caso del PLN en octubre del 2015 y este fue trasladado a Vilma Sánchez, quien estudió el expediente hasta mayo del 2016.
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En mayo del 2016, el caso se le asignó a la fiscala auxiliar, Diana Hernández, quien lo tiene hasta ahora. Ella fue quién presentó la acusación ante el Juzgado Penal de San José tras la llegada de la fiscala general Emilia Navas.
Hernández es la fiscala que, en al menos una ocasión, llamó el exfiscal de Delitos Económicos, Francarlo Pessoa, para consultarle sobre el estado de una causa judicial, interpuesta por el BCR contra el ahora exsubgerente general y actual funcionario, Guillermo Quesada.
Ella hizo la consulta telefónica el mismo día que el letrado del magistrado Celso Gamboa, Justo Pastor López Vargas, llamó a Pessoa por la misma razón.
Así lo reveló la jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas, en una declaración rendida ante el tribunal de la Inspección Judicial, por el caso del cemento chino, el 23 de octubre anterior.
Nueve exdirigentes imputados
A mediados de diciembre del 2017, la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción acusó a los nueve exdirigentes del PLN por los supuestos delitos de estafa, infracciones al Código Electoral y falsificación de documentos que la ley equipara como documentación pública.
Los delitos se habrían cometido en perjuicio del TSE cuando el PLN le cobró ¢17 millones por contratos de alquiler de vehículos, que según el Ministerio Público eran falsos, para la organización del cantón central de San José, en las elecciones del 2010.
La acusación se tramita bajo el expediente N°. 12-000832-042-PE y surgió cinco años después de iniciada la investigación, y luego de que la fiscala general, Emilia Navas, ordenara concluir las pesquisas a más tardar el 1.° diciembre pasado.
Entre los acusados figura el exdiputado Óscar Alfaro Zamora (2010-2014) y el exrepresentante de Costa Rica ante el BCIE, Jorge Wálter Bolaños Rojas, quienes ocuparon cargos en la organización de la campaña de la ahora expresidenta Laura Chinchilla Miranda. Bolaños era el tesorero.
