Natasha Cambronero.   23 diciembre, 2017
La Fiscalía investiga los gastos de campaña del PLN en las elecciones del 2010, específicamente los contratos de alquiler de vehículos. Foto: Rafael Pacheco
La Fiscalía investiga los gastos de campaña del PLN en las elecciones del 2010, específicamente los contratos de alquiler de vehículos. Foto: Rafael Pacheco

Dos "testigos de la corona" revelaron a la Fiscalía General el supuesto plan delictivo que orquestó el exdiputado del PLN Óscar Alfaro Zamora (2010-2014) para estafar al Estado con la deuda política del 2010.

En apariencia, "de común acuerdo" con el entonces tesorero del Partido, Jorge Wálter Bolaños Rojas, el exlegislador diseñó cómo cobrarle al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ¢17 millones por falsos contratos de alquiler de vehículos, dice la acusación penal planteada por el Ministerio Público.

Los supuestos hechos fueron develados por Ericka Piedra Morera y José Roberto Sibaja Molina, quienes trabajaron en el equipo de campaña de Alfaro en el cantón central de San José, como secretaria y chofer, respectivamente.

Apoyada en sus testimonios, la Fiscalía General acusó al exdiputado, al extesorero y a otras siete personas por los delitos de estafa mayor, infracciones al Código Electoral y falsificación de documentos que la ley equipara como documentación pública.

El pasado 14 de diciembre, la fiscala auxiliar Diana Hernández pidió al Juzgado Penal de San José la apertura a juicio.

A los dos "testigos de la corona" se les concedió un criterio de oportunidad con el que se les liberó de la acusación principal a cambio de información esencial para esclarecer lo sucedido. A ellos se les abrió un expediente judicial aparte (13-000089-0612-TP).

Según la denuncia de la Fiscalía, Óscar Alfaro conformó un equipo de trabajo no solo con la finalidad de ser electo legislador, sino también para "ejecutar el planteamiento delictivo con la finalidad de generar fondos líquidos para la campaña electoral 2006-2010".

A su vez, la fiscala Hernández calificó a Jorge Wálter Bolaños como la persona que "ideó y empezó a ejecutar acciones para obtener fondos de manera ilegal".

De acuerdo con Hernández, él fue quien redactó el machote de los contratos de alquiler de autos y lo distribuyó entre las dirigencias verdiblancas, para luego aprobarlos con su firma y cobrarlos al TSE.

La Fiscalía argumenta que, entre el 3 de noviembre y el 15 de diciembre del 2009, a sabiendas de que los contratos serían avalados por Bolaños, Óscar Alfaro "inició acciones para utilizar esos contratos y simular negocios de alquiler de vehículos con personas cercanas a él" y de su secretaria, la testigo de la corona, Ericka Piedra Morera.

El exdiputado Oscar Alfaro, del PLN, fue a declarar a la Fiscalía en junio del 2014, por un presunto mal manejo de cheques de transporte para la campaña del 2010. Foto: Marcela Bertozzi
El exdiputado Oscar Alfaro, del PLN, fue a declarar a la Fiscalía en junio del 2014, por un presunto mal manejo de cheques de transporte para la campaña del 2010. Foto: Marcela Bertozzi

Los supuestos falsos contratistas fueron amigos y colaboradores de las empresas personales del exdiputado.

Luego, dice la acusación, Ericka Piedra, por órdenes de Óscar Alfaro, remitió los contratos al PLN, donde fueron firmados por el tesorero Jorge Wálter Bolaños "conociendo que se trataba de contrataciones ficticias para concretar su plan delictivo”.

Posteriormente, entre noviembre del 2009 y enero del 2010, el PLN hizo tres emisiones de cheques para cancelar los alquileres de vehículos.

'La denuncia está basada en chismes'

Óscar Alfaro niega que él haya cometido los hechos que describe la Fiscalía. Insiste en que es un ataque a Liberación Nacional en plena campaña electoral y que los testimonios son "absolutamente infundados".

"En primer lugar, la denuncia está basada en chismes. En ningún momento la figura de la contratación de vehículos para el programa territorial yo la inventé, eso está determinado por la campaña del 2010. En segundo lugar, yo no firmé un solo contrato, ni mucho menos puedo aceptar que me endilguen responsabilidades que no son mías. Se solicitaron proveedores para que firmaran contratos y la gente que firmó los contratos era gente que se incorporó a la campaña".

"Es una barbaridad que se vengan a generar este tipo de acusaciones injustas, pero sobre todo, cuando se habla de un plan por una acusación de ¢17 millones que me parece ridícula", declaró el verdiblanco.

Edgardo García, el abogado de otros tres de los exdirigentes acusados, también le bajó el tono a la denuncia de la Fiscalía General. Alega que el caso ya prescribió.

Según Garcia, a sus defendidos no se les puede acusar por un delito de estafa mayor en perjuicio del Estado como concluyó el Ministerio Público, porque son muy bajos los montos que se habrían obtenido por la vía del engaño.

La Nación, además buscó, una reacción de Jorge Wálter Bolaños, pero no atendió las llamadas hechas a su teléfono celular.

Endosos falsos

Según la denuncia de la Fiscalía, en 46 de esos contratos de arrendamiento, Ericka Piedra y el chofer José Roberto Sibaja emitieron firmas falsas en la parte posterior de los cheques, simulando un endoso, para cambiarlos y depositar el dinero en una cuenta bancaria de una sociedad anónima del exdiputado Alfaro en el BAC San José.

Se trata de la empresa OAZ Inversiones S. A., cuyo presidente y apoderado generalísimo es Óscar Alfaro desde su constitución.

La acusación añade que al menos cinco personas —más otras dos ya fallecidas—, sabiendo que no iban a brindar los servicios ni a recibir pago alguno, accedieron a firmar los contratos de alquiler de autos y aportaron la documentación requerida por Piedra, quien fue la encargada de llenar los contratos, por orden de Alfaro.

Incluso, continúa relatando la Fiscalía, firmaron recibos de dinero al PLN, para simular que sí se realizó el pago por los aparentes contratos ficticios.

Por esos hechos, esas cinco personas fueron querelladas por la Ministerio Público por un delito de estafa mayor en contra del Estado. Ellos son de apellidos Madrigal Zeledón, Calderón Mayorga, Pol Araya, Rodríguez Rojas y Abarca Meléndez.

También por ese delito, la Fiscalía imputó a Alfaro, a Bolaños y a un hombre de apellidos Chaves Rodríguez. Este último habría depositado "dinero proveniente del entramado delictivo en la cuenta (de la empresa de Alfaro), a sabiendas de su proveniencia ilícita".

Además, acusó por una aparente falsificación de documentos que la ley equipara como documentación pública a otro hombre de apellidos Vargas Rojas, por supuestamente introducir "datos falsos en el segundo endoso de seis cheques, propiamente su firma y número de cédula, a sabiendas de que los beneficiarios no le habían entregado esos títulos valores para hacerlos efectivos".

Para convalidar esa tesis, Piedra habría facilitado contratos, listas de personas, correos electrónicos y transcripciones de mensajes de texto. La Sección de Análisis de Escritura y Documentos dudosos del OIJ realizó un análisis grafoscópico de los contratos, cheques, recibos de dinero y autorizaciones de retiro de cheques.

El resultado "coincide con el relato de los últimos (Piedra y Sibaja) y confirma la participación de cada acusado conforme se ha venido atribuyendo", agrega la denuncia de la fiscala auxiliar Diana Hernández.

Dinero luego llegó como donación al PLN

Una vez que el dinero ingresó a las cuenta de OAZ Inversiones S. A., el exdiputado Óscar Alfaro habría tomado los recursos para donárselos a Liberación Nacional mediante el pago de la planilla de su equipo de colaboradores en el cantón de San José; y para la adquisiciones de bienes y servicios de asesoría en comunicación.

Por ejemplo, pagó casi ¢97.000 en el alquiler de mesas y sillas y otros ¢660.000 en la contratación de una cimarrona en la campaña de la ahora expresidenta Laura Chinchilla.

En total, el comando de campaña de Alfaro emitió contratos aparentemente falsos por alquiler de vehículos con 11 personas físicas o jurídicas distintas, los cuales en conjunto sumarían ¢17 millones.

Ese monto fue incluido en la liquidación de gastos que el PLN entregó al TSE y fue reintegrado al partido en noviembre del 2010.

Las donaciones hechas por Alfaro son catalogadas por la Fiscalía como ilegales, ya que el Código Electoral prohíbe que los partidos políticos reciban aportes en efectivo o en especie de personas jurídicas.

Por eso es que el Ministerio Público no solo imputó a Óscar Alfaro por un presunto delito de estafa mayor, sino que también lo acusa de violar el artículo 274 del Código Electoral, el cual sanciona con una pena de prisión de dos a cuatro años, ese tipo de donaciones.

Por ese mismo hecho fue denunciado Jorge Wálter Bolaños, pero por recibir las donaciones en su calidad de tesorero de Liberación.