Edgardo Garcia, el abogado de tres de los exdirigentes del PLN acusados por presuntamente estafar al Estado con la deuda política del 2010, le bajó el tono a la denuncia de la Fiscalía General. Alega que el caso ya prescribió.
Según Garcia, a sus defendidos no se les puede acusar por un delito de estafa mayor en perjuicio del Estado como concluyó el Ministerio Público, porque son muy bajos los montos que se habían obtenido por la vía del engaño.
En su criterio, máxime se les puede acusar por una aparente estafa menor en contra del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Afirma que, para que un delito califique como estafa mayor, el monto sustraído debe superar la suma de diez salarios mínimos y que, para el año 2010, ese cálculo daba como resultado ¢2.934.000. Los contratos supuestamente falsos que firmaron sus clientes no superan ese monto, sostuvo.
Por ejemplo, Javier Enrique Abarca Meléndez suscribió acuerdos de arrendamiento de vehículos por ¢2.500.000, Víctor Hugo Calderón Mayorga, ¢1.500.000 y Manuel Antonio Pol Araya, por ¢1.000.000.
Agregó que, en el caso de una estafa menor, la pena máxima de prisión son tres años y que, en ese mismo lapso de tiempo, la causa prescribe. Según dijo, ya todo prescribió porque las indagatorias se hicieron hasta el 2014, cuatro años después de que ocurrieron los hechos denunciados.
"Esos ¢2.500.000 (de Abarca Meléndez) no llegan a los diez salarios mínimos y por lo tanto si lo vemos subjetivamente es una estafa menor, por debajo de los ¢2.934.000, y al ser una estafa menor, eso no pasa de tres años de prisión. ¿Qué quiere decir eso? Que si se firmó el contrato en el 2010 y los indagaron en el 2014, el caso ya requete prescribió", insistió Garcia.
Él defensor también cuestionó el accionar del Ministerio Público porque, al final, caso pasó de ser una "multimillonaria defraudación" de ¢400 millones en todo el país por aparentes contratos faltos de alquiler de vehículos, a una demanda por ¢17 millones centrada en el cantón central de San José.
"El Ministerio Público, y lo digo con todo el respeto de la licenciada Diana Hernández (a cargo del caso), que es una excelente profesional, pero simplemente lo que está haciendo es respondiendo a la gradería de sol que pide acusaciones sean como sean, buenas o malas, sacan una acusación fiscal simplemente para sacar, para salir de paso y decir hicimos y los jueces sean los que determinen".
"No entiendo como defensor, ¿cómo un partido político que le aprueban ¢7.000 millones (en gastos de la campaña electoral del 2010), va a hacer todo un plan criminal para estafar ¢8 millones? Por favor, por favor, en qué país vivimos, eso es una fantochada”, declaró el abogado Garcia.
Por este caso, además de los tres defendido de Edgardo Garcia, la Fiscalía General querelló a otras seis personas por los aparentes delitos de estafa mayor, infracciones al Código Electoral y falsificación de documentos que la ley equipara como documentación pública.
Entre los otros imputados figuran el exdiputado Óscar Alfaro Zamora (2010-2014) y el extesorero de Liberación Nacional (PLN) Jorge Wálter Bolaños Rojas, ambos formaron parte del equipo de campaña de la ahora expresidenta Laura Chinchilla.
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