La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) autorizó a los taxistas a negociar con los clientes descuentos en las tarifas, siempre que cobren por debajo de lo que indiquen los taxímetros, conocidos popularmente como “marías”.
Así lo estableció la nueva resolución tarifaria publicada este 19 de abril, en la que la Aresep aumentó las tarifas del servicio hasta en un 43%. En el documento, se especifica que se trata de precios máximos.
“Esta tarifa se convierte en la tarifa máxima. No existe tarifa mínima. En el caso de los taxistas, podrán, cuando así lo consideren, negociar por debajo de la tarifa establecida por la Aresep y que marque la ‘maría’, y esto queda a criterio de ellos, ya que esta tarifa asegura el equilibrio financiero de este servicio público”, dijo el intendente de Transporte, Edward Araya.
La Autoridad Reguladora fijó en ¢850 el costo de cada kilómetro de taxis tipo sedán y en ¢945 para los rurales. Asimismo, la hora de espera vale ¢3.225 adicionales para los primeros y ¢3.530 para los segundos.
Este ajuste implicó un incremento del 32% por hora en los taxis sedán y de un 43% en los rurales.
El mismo espíritu
El proyecto de ley para regular las plataformas de transporte, como Uber y DiDi, recoge una propuesta similar a la aplicada por la Aresep en cuando a los taxistas.
El plan, dictaminado afirmativamente en la Comisión de Asuntos Económicos, establece que la Aresep aprobaría un precio máximo de referencia y, a partir de ese techo, los conductores tendrán la opción de negociar con el cliente una rebaja de la carrera con el cliente.
De ese modo, de acuerdo con el diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, proponente de la versión actual del texto, los taxis podrían competir con Uber y Didi.
“Parte de las habilitaciones para que los taxi puedan tener mejores condiciones es que se negocia la tarifa, a partir de un tope. En ese entendido cambiaría el contrato de concesión”, explicó el legislador.
El artículo 57 del proyecto dice que le corresponderá al Consejo de Transporte Público (CTP) solicitar la fijación de las tarifas aplicables a los servicios remunerados de transporte público automotor en todas sus modalidades, como ocurre ahora. Le corresponderá a la Aresep aprobar, improbar o modificar, siempre que sustente sus decisiones en estudios técnicos, el costo solicitado.
“En el caso del servicio público de transporte remunerado de personas en vehículos en la modalidad de taxi, la tarifa fungirá como un precio máximo de referencia. Por debajo de esa tarifa, el prestatario del servicio y el cliente podrán convenir un precio del servicio”, añade la redacción.
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En el caso de plataformas como Uber y Didi, serán las empresas las que definirían su esquema de precios como ocurre ahora. De igual modo, deberán ser de conocimiento y fácil acceso para las personas usuarias y conductores acreditados.
Publicidad en taxis
La redacción del proyecto también autorizaría la colocación de publicidad en los taxi, tanto dentro como fuera del vehículo, “siempre que no impida la visibilidad de los usuarios y del conductor hacia el exterior”, dice el proyecto.
“Y que no implique hacer una alteración en la estructura original del vehículo que afecte sus dimensiones. Se exceptúa la colocación de publicidad referente a bebidas con contenido alcohólico, cigarrillos, política, religión, imágenes con contenido sexual, con violencia o discriminatorios”, añade.
Los ingresos de los taxistas asociados a la publicidad, continúa el proyecto, no serán considerados para la fijación de la tarifa tope del servicio.
En la comisión de Económicos también se dictaminó otra iniciativa del socialcristiano Erwen Masís que permitirá a los taxistas, colocar publicidad en sus unidades para obtener ingresos adicionales, así como ampliar el servicio al traslado de mercancías, medicamentos y mascotas.
En tanto, el texto de Abarca mantiene la exoneración del 60% de los impuestos que se pagan por la importación de un vehículo para taxi. Además, se exonera totalmente el pago de aranceles y otros derechos de importación para la adquisición de vehículos eléctricos, de gas LP o con otra posibilidad de tecnología limpia, así como los destinados al transporte para discapacitados.
El proyecto de ley ordenaría que los usuarios de Uber y Didi paguen el 13% de impuesto al valor agregado (IVA), por cada servicio de transporte, para financiar una indemnización en favor de los taxistas.
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Las indemnización sería para los taxistas que se acojan de forma voluntaria, durante los primeros seis meses de vigencia de la ley, y sería parte del finiquito de la concesión otorgada por el Gobierno. La compensación se calcularía con base a los años de operación que le resta al vehículo.
El 80% de lo que se recaude del IVA iría a un fondo especial para indemnizaciones que, también, se nutriría con el dinero de inscripción de las empresas tecnológicas de transporte; el 20% restante se entregaría al MOPT para cubrir los costos de operación por la aplicación de la ley.
