EscucharLa Sala IV rompió, el pasado lunes, el récord de expedientes recibidos en un año natural. A más de un mes para que termine el 2023, se contabilizan 28.554 asuntos ingresados, uno más que los 28.553 del 2022.
Debido a esta situación, el tribunal constitucional proyecta finalizar el año con más de 30.000 casos ingresados, una cantidad sin precedentes a lo largo de 34 años de historia.
Fernando Castillo, presidente de dicho órgano, sostuvo que la cifra de expedientes recibidos creció este año en forma exponencial, en especial los recursos de amparo, y que eso ha sobrecargado a todos los funcionarios.
“Esta instancia judicial ha ideado una serie de procesos que buscan hacer más eficiente la resolución de los asuntos, pero garantizando siempre que cada uno reciba la atención, análisis, estudio y discusión que merece”, aseveró.
En cuanto a la cantidad de asuntos tramitados, los magistrados resolvieron 28.711 casos al finalizar el 2022, mientras que al 20 de noviembre de este 2023 ya se han resuelto 27.736.
Castillo explicó que con el fin de reducir los tiempos de respuesta, implementaron dobles sesiones los miércoles una vez al mes, así como sesiones extraordinarias cuando el volumen de trabajo lo requiere.
“El trabajo desarrollado por la Sala durante estos años evidencia el compromiso con el principio de justicia pronta y cumplida, así como con el mandato de protección judicial, el cual establece que tratándose de violaciones a los derechos humanos debe haber un recurso célere y sencillo”, recalcó.
La Nación reportó en 2018 que el tribunal constitucional recibió el mayor número de casos en su historia, con 20.516, 8.000 menos que los procesados hasta este 20 de noviembre.
En setiembre del 2019, Castillo aseguró que el “exceso de trabajo” era el gran problema del alto tribunal.
En aquella ocasión, indicó que el temor era que el ingreso de asuntos siguiera creciendo cada año, debido a que el desarrollo tecnológico está creando nuevos derechos que generan conflictos que debe resolver la Sala.
La Sala Constitucional es una dependencia del Poder Judicial creada en 1989 para interpretar y garantizar el cumplimiento de la Constitución Política. Está integrada por siete magistrados propietarios.
