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Fernando Castillo Víquez, presidente de la Sala Constitucional, dijo que el “exceso de trabajo” es el gran problema del alto tribunal, que durante el año anterior resolvió 21.855 casos y durante este año ha resuelto más de 18.000 expedientes.
El temor es que el ingreso de asuntos siga incrementándose cada año, debido a que el desarrollo tecnológico está creando nuevos derechos que generan conflictos y que tienen que ser resueltos por la Sala.
Castillo fue electo como magistrado constitucionalista en el 2009 para un período de ocho años. Luego los diputados lo reeligieron en noviembre del 2017 y su nombramiento concluye en el 2025.
Este abogado, que desde 1999 conoce temas constitucionales, pues fungió como procurador constitucional desde ese año, es del criterio de que la Sala debe salir del Poder Judicial.
Sin embargo, explicó que para cumplir esa meta se requiere una reforma constitucional que “no será una tarea fácil”.
"Creo que es factible si se hace una buena labor de convencimiento a los actores políticos, de que es lo más conveniente para los intereses generales del país.
"Debería de darse una situación lo más reposada, que no vaya a coincidir con los procesos electorales. Si no se da en los próximos años, podría ser en el próximo período legislativo que arranca en el 2022”.
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La siguiente es parte de la conversación con Fernando Castillo:
– ¿Cual es la expectativa a partir de este momento?
– Hay muchas, en especial si la Sala debe o no mantenerse dentro del Poder Judicial y cómo enfrentar el exceso de trabajo. Se ha retomado la idea de crear dos secciones en la Sala o la de establecer tribunales de garantías constitucionales que conozcan amparos y habeas corpus.
“En cuanto a la parte más concreta es el desarrollo de la ciencia y la la tecnología, que está provocando que hoy en día se este hablando de nuevos derechos, que la Sala va a tener que entrar a delimitar, tanto en su contenido, como en su beneficio. Otro tema tiene que ver con la colisión de derechos fundamentales donde probablemente se van a tener que hacer más juicios de ponderación entre derechos”.
– ¿En su criterio debe o no mantenerse la Sala en el Poder Judicial?
– En lo particular creo que la Sala debe salir del Poder Judicial. Deberíamos de ir a un modelo europeo y crearlo como un tribunal constitucional al que se le garantice un fondo constitucional que no debe ser mucho (...). Y apuntalar muy bien el tema de ejecución de sentencias de forma tal que, las sentencias que salgan se acaten en un plazo razonable.
– ¿En qué fundamenta ese razonamiento?
– Creo que los temas en Corte Plena consumen mucho trabajo. El magistrado está más involucrado en temas administrativos y no en la gran definición de políticas. Segundo, hay una gran cantidad de asuntos de Corte que terminan siendo objeto de análisis en la Sala, de ahí que los miembros de la Sala tienen que estarse absteniendo en esos temas.
“Tercero, hay asuntos propios de la Corte, donde luego vienen justiciables y presentan recursos de amparo o acciones de inconstitucionalidad contra los acuerdos de Corte, sobre los cuales nosotros tenemos que estar también absteniendo de conocer y votar”.
– ¿A qué se refirió con un fondo constitucional?
– Se debería de garantizar un fondo, pero que esté en la Constitución de forma tal, de que la Sala no vaya a ser objeto de presiones por la dinámica presupuestaria del gobierno de turno, que no comparta las decisiones o la integración de una Sala Constitucional.
– ¿Cómo se deberían de elegir los magistrados?
– Podría ser el Parlamento el que siga nombrando. Eventualmente, se podría discutir si esa elección sería de ternas que envía la Corte Suprema, las facultades de Derecho (de las universidades) y eventualmente, dejar un porcentaje al Parlamento, que mediante un concurso público determine las personas.
– El abogado Rubén Hernández sugiere que se eleve la edad de elección a 50 años. ¿Qué opinión le merece esa sugerencia?
– Me parece muy acertada la idea porque para llegar a un tribunal constitucional se requiere de cierta madurez, y en segundo lugar, se podría pensar en un período fijo. Lo importante es que se establezca como en España de que los que vienen al tribunal una vez que concluyen el nombramiento, regresen a los puestos en propiedad que tenían antes de ingresar al tribunal.
– ¿Se refiere a un período sin reelección?
– Podría uno pensar que sea un período. Diría que sea, no de ocho años sino de 12 años, como lo tiene el tribunal constitucional español, que me parece sería un período suficiente y que no haya reelección.
– Usted al comienzo habló de nuevos derechos, ¿a qué se refiere?
– La Sala en una sentencia estableció que hay un derecho fundamental a la Internet. También estableció que hay un derecho fundamental a la autodeterminación informativa, es decir, el derecho que tiene una persona a conocer qué hay en bases de datos públicas o privadas. Creo que todo eso va a traer un nuevo planteamiento en el derecho constitucional en el mundo. Lo estamos viendo. En esos temas la Sala va a tener que tomar un papel preponderante. Esos temas, creo que van a estar muy presentes en los próximos años.
– ¿A qué se refiere con papel preponderante?
– La Sala estableció que los habitantes tienen derecho a relacionarse a través de medios informáticos con la administración publica. El problema de ir ampliando el catálogo de derechos es que puede significar costos adicionales para el Estado.
“La Sala tiene que ser muy prudente, sobre todo en aquellos casos donde tiene que ver con naturaleza prestaciona, es decir, que obliga al Estado a hacer una inversión a efecto de satisfacer en forma adecuada ese nuevo derecho fundamental. El desarrollo de la ciencia y la tecnología imponen nuevas formas de relacionarse y eso trae como consecuencia eventuales conflictos en la sociedad, que la Sala tiene que ir resolviendo”.
– También mencionó colisión de derechos, ¿qué es eso?
– En el ámbito constitucional los derechos fundamentales entran en colisión. Por ejemplo, colisiona el derecho del ambiente con el derecho a la propiedad. La pregunta es, cuando hay una colisión de derechos ¿a cuál derecho se le da primacía? Lo que ha dicho la doctrina es que en un caso debe darse un juicio de ponderación para determinar, a cuál de los dos derechos se le da mayor importancia. En otro caso se puede cambiar la visión.
“Conforme la sociedad evolucione, sobre todo a consecuencia de la ciencia y la tecnología, creo que vamos a tener más colisiones entre derechos fundamentales. El tribunal tendrá que hacer juicios de ponderación atendiendo criterios de razonabilidad y proporcionalidad”.
– ¿Está atascada la Sala por la gran cantidad de asuntos?
– Efectivamente, el año pasado votados 21.855 asuntos. Actualmente llevamos más de 18.000. El gran problema de las Sala es el exceso de trabajo. Nosotros hemos establecido mecanismos para lograr una mayor efectividad pero para nadie es un secreto que manejar un circulante de este nivel representa algo complejo para cualquier ser humano y para cualquier institución.
– ¿A qué plazos se están resolviendo los asuntos?
– Con los habeas corpus estamos en un promedio de 19 días. Los amparos 30 días y las acciones de inconstitucionalidad hemos ido bajando a 18 meses, más o menos. Lo que pasa es que casi no nos queda tiempo para ver las acciones. Y esos si son temas que los magistrados requieren de mayor análisis por las consecuencia de una declaratoria de inconstitucionalidad.
– ¿Qué acciones se podrían adoptar para evitar un colapso?
– Sí logramos que la Caja Costarricense de Seguro Social establezca un plan de gestión a las listas de espera podríamos reducir ese 34% que representan los recursos de salud.
"Otro gran problema son los recursos de amparo por el derecho a la información. Una cantidad importante de asuntos es reclamando el derecho a la información a pesar de que, se trata de información publica. Después de 30 años de la Sala y que alguien solicite información que es pública y que no se le entregue, me parece que raya en un acto contrario al ordenamiento jurídico.
“Otro tema es el derecho de petición y pronta respuesta que genera bastantes asuntos. Gente que alega que le violaron el debido proceso en un procedimiento administrativo disciplinario”.
