EscucharLa Sala IV declaró inconstitucional el proyecto de ley de amnistía que habría permitido a los productores agropecuarios legalizar los pozos de agua que han venido utilizando de forma irregular.
De acuerdo con los magistrados constitucionales, esta iniciativa viola los derechos fundamentales al agua y al ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
La propuesta habilitaba a los productores agropecuarios, por un periodo transitorio de tres meses, a regular sus pozos mediante concesiones otorgadas por la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
El permiso aplicaba para fuentes superficiales y subterráneas no inscritas destinadas únicamente para actividades de producción agropecuaria.
El Tribunal señaló que dicha propuesta “desprotege áreas ambientales frágiles y legitiman la explotación del recurso hídrico en las mismas condiciones irregulares que hasta la fecha se ha hecho”.
De haber prosperado esta legislación, el Estado debía suspender cualquier gestión administrativa de cierre definitivo de un pozo, hasta tanto se resolviera definitivamente la regularización.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno y presentada por diputados del Partido Restauración Nacional (PRN) en el periodo anterior, fue aprobada el 30 de enero con 46 votos a favor.
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El proyecto de ley fue avalado luego de que la bancada del Frente Amplio (FA) acordara con el Gobierno retirar cientos de mociones que tenían bloqueada la discusión de la propuesta.
El acuerdo con el Poder Ejecutivo se dio bajo el entendido de que se presentaría una consulta de constitucionalidad ante la Sala IV después de su aprobación en primer debate.
Los seis legisladores frenteamplistas votaron en contra de la propuesta de ley. El resto de bancadas apoyó la iniciativa.
Priscilla Vindas, congresista que se opuso a la iniciativa, declaró que estos pozos ilegales se ubican en zonas vulnerables de carga acuífera, que el Ministerio de Ambiente ya tiene identificadas.
“Lo que intentamos esclarecer con esta consulta es la protección del recurso hídrico para todas las personas, para el consumo humano y el recurso agrícola”, manifestó Vindas.
Agregó que con esta amnistía ya se habrían dado cuatro procesos de este tipo “y nos preocupaba porque, en lugar de favorecer la regularización de los pozos, iba en detrimento”.
El proyecto de ley regresará a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad a la Asamblea Legislativa, para evaluar si los diputados tienen forma de subsanar la inconstitucionalidad, o bien, si deciden archivar el expediente.
La frenteamplista aseguró que los estudios requeridos para legalizar los pozos artesanales son costosos, que requieren de mucho trámite y tiempo.
“Por ese lado, yo entiendo completamente al sector agropecuario, que es un mandato difícil de llevar a cabo. Lo que nosotros y nosotras hemos hecho hincapié es que se necesita un acompañamiento de instituciones públicas.
“Ahí sí, el Poder Ejecutivo tendría que tener una mayor rectoría en soluciones, de buscar alianzas con distintas instituciones, como universidades, para garantizar estos estudios a un costo mucho menor, para que las personas puedan poner en regla sus pozos sin poner en peligro el agua para sus comunidades”, concluyó la diputada.
