La Sala III confirmó este miércoles la condena por estafa que la justicia le había impuesto al Movimiento Libertario por cobrarle al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ¢209 millones por unas capacitaciones que nunca existieron, luego de las elecciones del 2010.
Los magistrados rechazaron un recurso de casación presentado por el presidente del partido y actual candidato a diputado, Danilo Cubero, con lo que sigue en firme la culpabilidad del extesorero libertario, el exdiputado Ronaldo Alfaro, y el cobro de ¢309 millones a la agrupación.
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No obstante, ahora el Tribunal Penal de San José deberá celebrar un nuevo juicio para fijar las penas en contra de Ronaldo Alfaro y del exsecretario de Capacitación, Carlos Solano. Al primero se le habían dictado ocho años de cárcel y al segundo, tres, pero el Tribunal de Apelaciones ordenó establecerlas de nuevo.
Alfaro está en prisión preventiva mientras que a Solano se le concedió el beneficio de la ejecución condicional de la pena.
La resolución se conoce un día después de trascender que la presidenta de la Sala III, Doris Arias, denunció al magistrado suspendido Celso Gamboa, ante el Tribunal de la Inspección Judicial, por apropiarse de este expediente, aparentemente, de forma irregular.
En octubre del 2015, el Tribunal Penal de San José concluyó que el extesorero del partido de Otto Guevara ejecutó un plan para estafar al TSE, a la hora de cobrar el reembolso de los gastos de campaña, mediante el cobro de 194 capacitaciones que nunca existieron.
El Movimiento Libertario le cobró al Tribunal de Elecciones facturas de una organización llamada Asociación Instituto Libertad y Progreso (ILPRO) y adjuntó listas de personas que habrían asistido a charlas ideológicas.
No obstante, en el juicio, se comprobó que esas personas nunca participaron en tales cursos y que los instructores señalados tampoco los impartieron.
En forma solidaria, el partido fue sentenciado a pagar el monto estafado (¢209 millones), los intereses (¢67 millones) y las costas de la acción civil resarcitoria y del proceso judicial (¢33 millones).
La condena la revisó en primera instancia el Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea en julio del 2016.
Si bien los jueces del Tribunal de Apelaciones confirmaron la culpabilidad de los implicados, pidieron definir otra vez la cantidad de años de prisión para cada uno, así como evaluar la posibilidad de que el partido deba pagar por el “daño social” provocado.
Sin embargo, en setiembre de ese mismo año, los libertarios elevaron el asunto a la Sala Tercera pidiendo revisar la pena de Alfaro y el monto por pagar. Y este miércoles, ese órgano informó: “Con esta resolución la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia del II Circuito Judicial de San José se mantiene incólume. Es decir no modifica en nada lo resuelto el 11 de julio del 2016 mediante sentencia número 2016-0999”.
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El fiscal Alexánder Valderde explicó que, con la sentencia de la Sala de Casación Penal, ya no está en discusión el tema de la culpabilidad de los acusados, pero sí deberá celebrarse el juicio que ordenó el Tribunal de Apelaciones para volver a establecer la pena las imputados y para revisar la posibilidad de cobrar daño social.
Valverde explicó que, cuando los jueces de Apelaciones analizaron la primera sentencia, encontraron que el Tribunal Penal rechazó a la Procuraduría General de la República el derecho a cobrar "daño social" al partido, pero a la hora de imponer las penas a los acusados, sí sopesó aspectos relacionados con el "daño social". Por esa contradicción es que ambos puntos deben ser ventilados de nuevo.
El fiscal dijo que, posiblemente, el Ministerio Público pedirá de nuevo ocho años de cárcel en el caso de Alfaro.
Por su parte, el procurador penal Randall Aguirre coincidió: “Eso significa que se mantiene en firme la condena penal y civil. En cuanto al daño económico queda pendiente el juicio de reenvío que había ordenado el Tribunal de apelación pero únicamente sobre la fundamentacion de la pena en contra de Ronaldo Alfaro y sobre el daño social".
El papel de Celso Gamboa
Cuando los libertarios apelaron, siguiendo un orden establecido, los magistrados asignaron el caso al magistrado José Manuel Arroyo para que se pronunciara por el fondo y se encargara de la instrucción del recurso. Sin embargo, este juez se pensionó en diciembre de 2016, por lo que le tocaba asumir a un magistrado suplente.
De acuerdo con la denuncia de la magistrada Doris Arias, el magistrado Celso Gamboa, presuntamente, se habría ocupado del caso sin que le correspondiera.
Celso Gamboa fue suspendido de su cargo el 18 de octubre, por tres meses, mientras se investigan sus supuestos vínculos con el empresario Juan Carlos Bolaños, detenido por el financiamiento que obtuvo en el Banco de Costa Rica (BCR) para importar cemento chino.
El recurso de los libertarios fue asignado este mes al magistrado suplente Rafael Segura Bonilla.