Los jueces acogieron la tesis de la Procuraduría General de la República al aceptar la solicitud de una indemnización por daño social en perjuicio de la democracia costarricense.
La Sala III confirmó este miércoles la sentencia por estafa que la justicia le había impuesto al Movimiento Libertario, por cobrarle al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) capacitaciones que nunca existieron.
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