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El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, reconoció este miércoles que, antes de nombrar a Gabriela Chacón Fernández como presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), sabía que la Contraloría General de la República (CGR) la investigaba por una presunta contratación irregular de abogados externos.
“Yo nombré a doña Gabriela sabiendo de ese procedimiento, ella lo va a apelar”, indicó el mandatario, quien la designó el 8 de mayo en sustitución de Mónica Araya.
Este martes, trascendió que la Contraloría impuso a Chacón una suspensión de 20 días sin goce de salario por dos contrataciones hechas sin concurso público, una por ¢26,5 millones para el bufete DPI Legal y otra por ¢16 millones para José Paulino Hernández, a fin de desarrollar una investigación preliminar y un proceso disciplinario contra el auditor general del INS, Gustavo Retana Calvo, por aparentes anomalías en el despido de funcionarios.
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La primera contratación data del 15 de enero del 2022 y la segunda, del 25 de marzo del 2022.
Rodrigo Chaves restó importancia al proceso y afirmó que no hay indicios de corrupción.
“Se trata de la contratación de un abogado que ordenó el presidente ejecutivo de aquel entonces, y doña Gabriela lo que hizo fue decir ‘bueno, están ordenando que lo contrate’. Es un abogado experto en contrataciones públicas que se llama Carlos Arguedas. Ellos lo van a apelar, ahí no hubo corrupción; hasta donde yo entiendo, no hubo plata cambiando manos ni ese tipo de cosas”, afirmó.
Seguidamente, el mandatario dijo que la suspensión contra Chacón es una “sacada de clavo” de la Contraloría General de la República.
“Mi opinión y mi intuición es que esto es una sacada de clavo de la Contraloría, porque don Carlos Arguedas es el que estuvo trabajando en Ciudad Gobierno, en la marina de cruceros de Limón y en un montón de otras cosas. Lo apelarán y veremos qué pasa; pero yo, sobre la base de información que tengo, no veo un acto de corrupción, sino que la Contraloría dice que debimos haber seguido un procedimiento diferente”, declaró el presidente.
La Nación llamó al número telefónico que aparece registrado a nombre de Carlos Andrés Arguedas en el directorio del Colegio de Abogados. Su asistente atendió el teléfono; no obstante, cuando se le consultó si Arguedas forma parte de DPI Legal o está vinculado con las contrataciones del INS, la asistente afirmó que no podía responder las preguntas. Aseguró que solicitaría autorización y devolvería la llamada.
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Según la CGR, Chacón fungía como asesora de la Presidencia Ejecutiva del INS cuando “promovió y gestionó la contratación directa de dichos proveedores” sin apegarse a las reglas de contratación administrativa vigentes. Por ejemplo, la Contraloría le achaca no haber tenido fundamentación técnica y jurídica para realizar contrataciones extraordinarias.
Además, según el análisis de la Contraloría, Gabriela Chacón firmó varios oficios en los que ordenó a la Proveeduría avanzar con las contrataciones sin contar con estudios de costo-beneficio, técnicos o jurídicos que sustentaran la decisión.
Días atrás, Chacón expresó a La Nación que no podía referirse a detalles del caso. Argumentó que ella solo sirvió como “puente” entre la Junta Directiva y la Proveeduría para la contratación de los abogados externos.
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