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El presidente de la República, Rodrigo Chaves, aceptó los términos planteados por la contralora general, Marta Acosta, para sostener una reunión después de que ella le exigió respeto y rechazó sus insinuaciones y “constantes señalamientos irrespetuosos” hacia la Contraloría General de la República (CGR).
Chaves admitió que el encuentro se efectúe en la sede de la CGR, al costado sur del parque La Sabana, y que la reunión sea grabada, tal como lo demandó Acosta. Sin embargo, el gobernante planteó que también se transmita en vivo, por medio de las redes oficiales de Presidencia y la Contraloría.
En el oficio PR-P-0012-2024, Chaves aseguró que no tenía “interés en una lucha de egos” con respecto a dónde sostener el encuentro, por lo que, “sin problema alguno”, aceptó celebrarla en el piso 13 del edificio de la Contraloría, como lo requirió Acosta.
El presidente también propuso cambiar la fecha original del encuentro, que él mismo había sugerido. De esta forma, la reunión se realizaría el jueves 1.° de febrero, a las 2 p. m., en vez del jueves 25 de enero, a las 3:30 p. m.
El mandatario alegó que el cambio se debe a “los parámetros” propuestos por la contralora y “para que haya tiempo suficiente para preparar la transmisión en vivo”.
La nota detalla que la comitiva presidencial estaría compuesta por el mandatario y un grupo de ministros: Laura Fernández, de Planificación (Mideplán); Luis Amador, de Obras Públicas y Transportes (MOPT); Mario Zamora, de Seguridad (MSP); Anna Katharina Müller, de Educación (MEP); y Víctor Carvajal, de Agricultura y Ganadería (MAG).
A su vez, participarán el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marco Acuña, y un asesor jurídico, cuya identidad no fue precisada.
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Mandatario insistió en Ciudad Gobierno y escáneres
Si bien Acosta requirió al mandatario indicar los proyectos específicos sobre los que desea conversar, el oficio del presidente se limita a mencionar los escáneres de Radiográfica Costarricense (Racsa) para detectar en drogas en contenedores, y la construcción de Ciudad Gobierno.
Chaves citó como “interpretaciones cuestionables” las resoluciones de la Contraloría que detuvieron esos dos proyectos por ilegalidades en los procesos de contratación.
Marta Acosta había advertido al mandatario de que, en la reunión, no se puede, bajo ningún motivo, abordar temas relacionados con investigaciones en curso o asuntos cuyas decisiones sean responsabilidad exclusiva de la Administración.
Desde noviembre, el órgano contralor emitió una advertencia al gobierno sobre la ilegalidad del procedimiento que se pretendía utilizar para desarrollar el proyecto Ciudad Gobierno con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por no estar contemplado en la Ley General de Contratación Pública.
Asimismo, en diciembre, la Contraloría ordenó al Poder Ejecutivo frenar la compra de escáneres debido a “yerros graves” en el proceso de contratación de la empresa estatal Racsa, para ejecutar el proyecto.
Casa Presidencial pretendía que el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) le adjudicara a Radiográfica un millonario contrato sin necesidad de concurso público, apelando a la figura de contratación entre entes públicos por excepción. El problema es que Racsa no fabrica escáneres, sino que para ello se había asociado con un consorcio privado, mediante un proceso confidencial.
Las decisiones de la Contraloría sobre estos dos proyectos motivaron una serie de ataques por parte del presidente Chaves contra el accionar de la jerarca y de la institución que lidera.
El 19 de enero, Marta Acosta calificó tales manifestaciones como una falta de respeto a la institucionalidad pública y a la función constitucional de la CGR, como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la hacienda pública.
Acosta declaró que la actitud del mandatario es un mal precedente para la sana relación entre los sujetos de fiscalización y el órgano fiscalizador.
“La diferencia de criterio técnico es por supuesto válida y necesaria; así ha sido a lo largo de la vida institucional de esta Contraloría con diferentes administraciones, no así el comportamiento ofensivo hacia nuestra labor. Comprenderá, entonces, la importancia de manifestar que esta reunión, como requisito, deberá ser en el marco de exigido respeto”, apuntó la jerarca.
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