El proyecto de recorte a las pensiones de lujo tendría que ser aprobado con 38 votos en la Asamblea Legislativa, si el Poder Judicial se pronuncia en el sentido de que esa reforma afecta su organización o funcionamiento.

Los diputados consultaron a la Corte si considera que le afecta el texto impulsado por la diputada Xiomara Rodríguez, de Restauración Nacional (PRN), el cual pretende cobrarle contribución solidaria a una mayor cantidad de pensiones de lujo.

En caso de que la respuesta sea positiva y de que el Poder Judicial se oponga al proyecto, el artículo 167 de la Constitución Política establece que el proyecto requerirá del voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso.

La Asamblea le pidió a la Corte Suprema de Justicia pronunciarse desde el pasado 15 de octubre, un día después de que el expediente 21.035 superara el último día para presentar mociones de fondo vía artículo 137 del reglamento legislativo.

En ese segundo día, el proyecto sufrió una serie de cambios.

El texto original proponía cobrar la contribución especial solidaria a todas las pensiones superiores a ¢2,2 millones, en los regímenes de Gobierno, Magisterio Nacional y Poder Judicial.

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Sin embargo, en la recta final, los diputados la base a partir de la cual se les cobraría esa contribución a los pensionados judiciales: ya no sería desde los ¢2,2 millones, como se impondría a los otros dos regímenes, sino desde los ¢2,6 millones.

Esa base de ¢2,6 millones fue exactamente la que sugirió un estudio actuarial contratado por el Poder Judicial, el cual detectó que el régimen aún es insostenible pese a la reforma del 2018.

El ajuste, aún, así permitiría gravar unas 800 jubilaciones millonarias.

Hoy, el Poder Judicial aplica el menor de todos los rebajos por aporte solidarios a las pensiones de lujo. Mientras en Gobierno se le rebaja un 40% a un jubilado que devenga ¢10 millones, en la Corte se le deduce un 24%.

Actualmente, los aportes solidarios se cobran a partir de los ¢2,7 millones en el régimen de Gobierno, ¢3,9 millones en el del Magisterio Nacional y ¢4,4 millones en el del Poder Judicial.

El aporte solidario es un rubro que cobra en forma escalonada: conforme más alta sea la jubilación, mayor es el rebajo. Oscila entre un 25% y un 75% en Gobierno y Magisterio y entre un 35% y un 55% en el Poder Judicial.

Corte pidió prórroga

Desde el 15 de octubre, día en que el Congreso pidió la opinión, la Corte tenía 10 días hábiles para contestar, o sea, hasta el lunes 28 de octubre.

Sin embargo, el Poder Judicial no se pronunció en esa fecha, pues solicitó una prórroga de 15 días a la Asamblea, la cual fue aprobada por el plenario legislativo.

Con la extensión del plazo, la entidad tiene hasta el próximo 11 de noviembre para emitir su juicio sobre el expediente 21.035.

Así consta en un correo electrónico enviado por la Comisión de Asuntos Sociales a Silvia Navarro, secretaria general de la Corte, en el que se comunica la aprobación de la moratoria.

Según explicó la diputada Yorleni León, del Partido Liberación Nacional (PLN) y miembro de la Comisión de Asuntos Sociales, es usual que la Corte solicite prórrogas.

“Ellos (el Poder Judicial) solamente enviaron el oficio y a nosotros no nos generó ningún estrés darles unos días adicionales. Quizás es porque tienen mucho trabajo, o por alguna otra razón, pero no me generó ninguna duda porque con muchísima frecuencia nos pasa con ellos y con otras instituciones, que nos piden prórrogas para poder pronunciarse sobre un proyecto determinado”, explicó la liberacionista.

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Una segunda consulta

Esta no es la primera vez que los diputados piden a la Corte referirse al expediente 21.035.

Los diputados ya le habían solicitado una primera opinión, como parte de las consultas que hace el Congreso a las distintas instituciones cuando impulsa un proyecto de ley.

En esa ocasión, la Asamblea Legislativa consultó a 20 entidades, incluida la Corte.

En ese momento, la Corte fue categórica al sentenciar que el proyecto de ley causaría un efecto negativo en su dinámica.

El dictamen afirmativo del proyecto, elaborado en la Comisión de Asuntos Sociales, dijo al respecto: “Expresan (en la Corte) con vehemencia que se les despojaría de una tajada de su fondo de pensiones para trasladarlo a caja única del Estado; que en lugar de fortalecer el fondo con los recursos que se logren recaudar, se estaría disminuyendo los derechos de un grupo de la población”.

Ese documento también refleja que el Poder Judicial se opuso rotundamente a la aplicación excepcional de la jubilación forzosa por vejez, figura que estaba incluida en el primer texto del proyecto de ley de la diputada Rodríguez, pero que fue descartada.

“Expresó (la Corte) que la Sala Constitucional ya había emitido pronunciamiento en relación al tema de la jubilación forzosa por vejez, la cual fue concebida por ese órgano como ‘un castigo inhumano que no se puede justificar por razones de desempleo ni de necesidades financieras’; por lo que deberá entenderse entonces que es inconstitucional dicha figura.

“Por votación de mayoría, los Magistrados acordaron que el proyecto de ley, que crea la figura de la jubilación obligatoria excepcional, sí resulta ser inconstitucional y afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial”, amplía el dictamen de la Comisión de Sociales.

Por ahora, el proyecto de ley se encuentra en plenario. Aunque deben realizársele algunos cambios, todavía no se definen los mecanismos mediante los cuales se harán los ajustes, informó la oficina de prensa de Xiomara Rodríguez, quien preside la Comisión de Asuntos Sociales.

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