Un proyecto de ley presentado el lunes por el Poder Ejecutivo para congelar las pensiones de Gobierno superiores a los ¢462.000 mensuales durante la crisis fiscal, generaría un ahorro promedio de al menos ¢84.000 millones anuales a lo largo de 10 años.

El plan propone suspender los aumentos por costo de vida para las pensiones que son pagadas con el Presupuesto Nacional, como parte de las medidas extraordinarias que ordena aplicar la regla fiscal cuando la deuda pública supera el 60% del producto interno bruto (PIB).

Si la inflación promedio de los próximos diez años fuese del 2%, las finanzas públicas se ahorrarían una media de ¢84.000 millones anuales al evitar los incrementos sobre estas jubilaciones. La cifra equivale a un 0,23% del PIB.

En otro escenario, si el costo de vida aumenta en promedio un 3% por año, el ahorro subiría a ¢131.000 millones por año con la medida propuesta en el proyecto de ley, un 0,36% del PIB.

Así se desprende de un cálculo hecho por La Nación, con base en el costo total que hoy demandan las pensiones de Gobierno que superan el salario base de un oficinista 1 del Poder Judicial, es decir, ¢462.200.

Del las 60.900 pensiones que paga el Gobierno por regímenes como los de Hacienda y Magisterio, casi 43.900 superan el umbral establecido en el proyecto de ley de acuerdo con datos del Sistema Centralizado de Recaudación de la CCSS (Sicere).

Este 72% de las pensiones cargadas al Presupuesto Nacional demandan actualmente más de ¢725.500 millones anuales, incluyendo el pago de aguinaldo.

Para estimar el efecto del proyecto de congelamiento de los aumentos, La Nación empleó un periodo de 10 años porque, según economistas, ese es el tiempo que Costa Rica tardaría en poner la deuda pública por debajo del 60% del PIB.

El año pasado, la deuda superó el 70% de la producción y, para este año, Hacienda estima que subiría al 80%.

Ahorro progresivo

El ahorro aumentaría conforme pase el tiempo. En el escenario de una inflación del 2%, por ejemplo, el ahorro sería de ¢14.500 millones en el primer año de aplicación de la ley, de ¢91.500 millones en el sexto y de casi ¢158.900 millones en el décimo.

En el escenario de una inflación promedio del 3%, el ahorro en el primer año equivaldría a unos ¢21.760 millones en el primer año, a ¢140.800 millones en el sexto y a casi ¢250.000 millones en el último.

Si el proyecto de ley no es aprobado, el gasto en estas pensiones habrá subido de ¢725.500 millones a ¢884.340 millones en el décimo año, en el primer escenario, y a ¢975.000 millones en el segundo escenario.

En tanto, si se aprueba el proyecto de ley, el ahorro total, en esos 10 años, sería de casi ¢848.000 millones en el escenario de inflación del 2% y de ¢1,3 billones en el de 3%.

La regla fiscal ya aplica el congelamiento de aumentos para los salarios públicos, cuando la deuda supera el 60% del PIB.

La iniciativa para frenar el crecimiento en las pensiones durante la crisis forma parte de la propuesta que el país negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la que el Gobierno aspira a un ajuste fiscal equivalente al 3% del PIB para equilibrar las finanzas públicas.