Un proyecto de ley que avanza en el Congreso, con apoyo del Gobierno, pretende tomar dinero de impuestos y de instituciones públicas para crear un nuevo fondo de subsidios económicos para los arroceros.
Se trata del expediente 21.404, introducido por la diputada Mileyde Alvarado, del Partido Restauración Nacional (PRN), en conjunto con la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
El plan crearía el Fondo Nacional de Sostenibilidad para Productores Arroceros (Fonaproarroz), el cual sería administrado por Conarroz.
Este Fondo se alimentaría de dinero del impuesto a la importación del arroz, así como de aportes provenientes del Presupuesto Nacional y de partidas del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y el Instituto Nacional de Seguros (INS).
El Inder y el INS tendrían que aportar ¢2.000 millones cada uno por una única vez. En el caso de la aseguradora estatal, los recursos provendrían del seguro de cosechas.
El impulso a este plan formó parte del acuerdo que el Gobierno firmó con los arroceros la noche del domingo 23 de agosto del 2020, en el cual el Poder Ejecutivo se comprometió a mantener por decreto el precio del arroz.
Además de mantener el precio de referencia y de impulsar el proyecto del Fonaproarroz, ese acuerdo también impulsó el proyecto de condonación de ¢6.200 millones en deudas del Sistema de Banca para el Desarrollo, que beneficiará a productores arroceros, sin exigir ninguna comprobación de afectación por la pandemia.
Asimismo, el pacto de agosto comprometió el apoyo del Gobierno a otro proyecto de ley, ya dictaminado en la Asamblea y que cuenta con el apoyo del presidente Carlos Alvarado, para que el Sistema de Banca para el Desarrollo le facilite recursos públicos a Conarroz, a fin de que esta le preste dinero a sus afiliados.
Según el proyecto de Fonaproarroz, los subsidios no reembolsables para los productores de arroz constituirían una “compensación por el precio de referencia”; además, se otorgarían a quienes quieran invertir en agrotecnología y en proyectos de adaptación al cambio climático.
En el país, el precio del arroz está regulado por el Gobierno, mientras que el producto importado paga altos aranceles a su ingreso, a menos de que exista una declaración de desabasto.
La encargada de decidir a quién se le otorgarían los subsidios de Fonaproarroz sería una oficina “especializada” bajo la tutela de un administrador nombrado por Conarroz, bajo una serie de parámetros.
Totalidad del impuesto
Fonaproarroz contaría con la totalidad de los recursos que capte el Ministerio de Hacienda mediante el cobro del tributo al arroz importado.
Según el texto del proyecto, el fondo también recibiría aportes que se establecerían en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República, sin definir un monto exacto.
El plan prevé que Fonaproarroz percibiría asignaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), pero tampoco no se define una cifra.
Otros ¢1.000 millones los financiaría Conarroz, mientras que también se cobraría un aporte adicional de un 1,5% del precio del arroz entregado a productores y agroindustriales del arroz, aparte de las cuotas que deben entregar hoy a la Corporación.
El director ejecutivo de Conarroz, Minor Ruiz, aseguró que la propuesta se sigue afinando con los diputados, mientras que Rogis Bermúdez, presidente del Consejo Nacional de Producción (CNP), confirmó el apoyo del Poder Ejecutivo al proyecto, como parte del acuerdo de agosto del 2020.
Posición de Hacienda
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, sugiere que el fondo sea financiado por el mismo Conarroz, sin tocar el Presupuesto Nacional.
“Este tipo de ayudas deben generarse a partir de algunos esquemas de financimiento que ya existen. En el caso de arroceros, tienen a Conarroz, por lo que nos parece que, de parte de Conarroz, debiera generarse cualquier política que tenga por objetivo llevar adelante una mayor facilidad para este sector”, señaló el ministro, ante la consulta de La Nación.
Conarroz es un ente público no estatal, creado por ley.
Por esa razón, Villegas sugirió a la diputada proponente usar los recursos propios de la Corporación, así como también los del seguro de cosechas del INS, el cual está incluido en el proyecto.
Alvarado reconoció dificultades fiscales para que el fondo reciba dinero de todas las fuentes propuestas y aseguró que está a la espera de la respuesta de estas entidades.
La diputada indicó que trabaja en un texto sustitutivo para que el fondo reciba dinero de forma estable. Esa sería la tercera versión del texto propuesto.
En cuanto a los aportes de todas las entidades citadas en el proyecto, el texto dice que estas instituciones deben depositar los recursos “en un plazo no mayor de tres meses naturales” a partir de la eventual entrada en vigencia de la ley.
“A partir del primer día del mes siguiente a la finalización del plazo establecido correrá un interés moratorio equivalente al doble de la tasa básica pasiva del mes anterior en favor del Fonaproarroz; además, el incumplimiento de esta disposición se considerará falta grave y deberán iniciarse los procedimientos disciplinarios contra el funcionario o los funcionarios responsables”, dice un transitorio.