El proyecto de ley del gobierno para poner un tope al precio de los combustibles obligaría a todos los contribuyentes a pagar miles de millones de colones a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Se trata de una iniciativa que aumentaría el gasto público porque no ofrece fuentes de recursos para financiar el subsidio, ni tampoco señala recortes de gasto. En consecuencia, el peso recaerá sobre el Presupuesto Nacional que financian todos los contribuyentes.
El proyecto de ley 23.308 establecería que, por nueve meses, el precio de la gasolina súper no podría sobrepasar los ¢950 por litro, el de la gasolina regular los ¢900 y el del diésel, ¢870.
¿Qué pasa entonces si los costos internacionales de los combustibles provocan que los precios superen esas cifras, como ocurre actualmente? ¿Quién paga la diferencia a Recope?
El artículo 2 del proyecto dice que los recursos “provendrán de las partidas asignadas anualmente en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República”, sin mayor especificación.
El resto del proyecto, de solo cuatro artículos, no establece ninguna reducción del impuesto a los combustibles ni recortes específicos de otros gastos del Gobierno Central.
Luego, el artículo 3 prevé que, cuando los costos superen los topes fijados, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) deberá informar al Ministerio de Hacienda y a Recope en la misma fecha en que convoque a audiencia para fijar nuevos precios.
A su vez, “Hacienda deberá transferir a Recope un monto no menor al monto total calculado para este fin por Aresep y comunicará a esa autoridad reguladora el monto transferido para que sea considerado en la fijación tarifaria correspondiente”.
Si una política como esa se hubiese aplicado en agosto, Hacienda habría tenido que entregar ¢31.000 millones en un mes a la Refinadora. Así lo estimó La Nación con base en el promedio mensual de ventas de cada combustible.
Actualmente, el litro de super está en ¢1.101, el de regular en ¢1078 y el de diésel en ¢1001.
Eso significaría que el subsidio por litro de súper sería de ¢151, el de regular de ¢178 y el de diésel, de ¢131.
En un panorama mucho más benevolente, que serían los precios ya aprobados por la Aresep para el mes de setiembre, el subsidio sería menor, pero siempre implicaría mayor gasto público. El total del subsidio rondaría los ¢1.750 millones.
Lo que decía el Gobierno antes
Al principio del Gobierno, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y su ministro de Hacienda, Nogui Acosta, se opusieron a las propuestas de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberación Nacional (PLN) para reducir el impuesto único a los combustibles en ¢100.
Chaves afirmó a finales de mayo que él vetaría esa rebaja porque la propuesta no establecía una fuente para el dinero que dejara de percibir el Gobierno.
Su oposición a ese plan fue patente desde marzo, semanas antes de la elección de segunda ronda, cuando calificaba de irresponsable la propuesta, durante un conversatorio con la Cámara de Exportadores (Cadexco), porque afirmaba que no era viable con las finanzas públicas mientras no estén estables.
Por su parte, Nogui Acosta no dejó de criticar la iniciativa de los diputados, también por el hueco fiscal que generaría. Dijo que, aunque se bajara el impuesto, si la guerra entre Rusia y Ucrania continúa, los combustibles seguirán subiendo.
También adujo que esa medida del PUSC y PLN iba a tener efectos negativos en el Presupuesto Nacional y en los compromisos que tiene Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Flexibiliza regla fiscal
El proyecto del Gobierno, que tardó tres semanas en llegar al Congreso, también exime de la regla fiscal las transferencias de Hacienda a Recope, lo que para el liberal Gilberto Campos significa a todas luces que será más gasto público.
“Si no fuera más gasto público, no tendrían que flexibilizar la regla fiscal por nueve meses”, afirmó y añadió que es necesario poner atención al cálculo del monto del subsidio, porque esas transferencias no son rápidas y quedarían como una cuenta por pagar, incluso en la época en que ya los precios internacionales bajaron.
Campos también dijo que el proyecto establece obligaciones a la Aresep, que es un ente técnico y “debe mantenerse como tal”.
La presidenta de la Comisión de Hacendarios, la liberacionista Paulina Ramírez, criticó que la propuesta gubernamental aumente el gasto mientras que Chaves cuestionaba la falta de financiamiento de la propuesta para reducir el impuesto.
“En esta, el impuesto no deja de cobrarse y adicionalmente dejó por fuera el que impulsábamos nosotros, que era igualmente beneficioso. Nosotros hemos insistido en que esa fuente de financiamiento es deuda y se aprovecha de que está bajando el precio internacional; habla de buscar sostenibilidad fiscal, pero no hay contención del gasto ni respeto a la regla fiscal. Todo lo ha ido violentando”, cuestionó Ramírez.
La socialcristiana Vanessa Castro, quien preside el foro de Económicos, aseguró que ella ve muy complicada la propuesta del Ejecutivo y enfatizó que da muy malas señales.
“Mientras discutimos los eurobonos, que ocupamos una señal para bajar el gasto y condicionar que haya un rumbo fiscal adecuado, nos sale con este tema de gasolinas”, puntualizó.
El PUSC presentó un nuevo proyecto de ley sobre el tema, que consiste en tomar fondos de cuatro instituciones para crear un fondo que permita contener los precios de los combustibles cuando estén altos.
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