Presidente del INA asumió función de jefe de Comunicación para contratar al Sinart

El abogado Juan Alfaro López, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), asumió las funciones de jefe de Comunicación para ordenar a la Unidad de Compras Institucionales contratar a la agencia de publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) de forma directa, sin concurso público.

Argumentó que, de no contratarse al Sinart, habrá “una disminución considerable de las personas beneficiarias de la institución”.

Así consta en el oficio PE-1913-2023, del 9 de agosto del 2023, en el que Alfaro especifica, junto a su firma como presidente ejecutivo, que gira la instrucción “con avocación de las funciones” de la Jefatura de Asesoría en Comunicación.

La carta fue enviada a Allan Altamirano Díaz, funcionario de la Unidad de Compras del INA.

En el documento de siete páginas, Juan Alfaro adujo que el impacto de no adquirir el servicio al Sinart se reflejaría en el “incumplimiento de metas y objetivos institucionales”.

El jerarca solicitó dar inicio al trámite de contratación administrativa “entre entes de derecho público”, con base en el artículo 6 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública N.º 43808-H, del 22 de noviembre del 2022.

Ese artículo establece la posibilidad de contratar “entre entes de derecho público” sin necesidad de aplicar los procedimientos ordinarios, si se cumplen ciertos requisitos.

Entre esos requisitos, está que el ente por contratar tenga, entre sus facultades legales, el servicio objeto del contrato; que se acredite en expediente electrónico la idoneidad del ente público por contratar, y que la entidad contratada realice al menos un 70% de la prestación del objeto contractual.

También, se requiere de un estudio de mercado que considere los potenciales agentes públicos y privados que podrían proveer el servicio, y exponer las razones por las que se escoge contratar al agente público.

La norma, a su vez, exige garantizar que las contrataciones con terceros estén referidas únicamente a cuestiones especializadas y accesorias; así como definir técnicamente, en el pliego de condiciones, el objeto por contratar de modo que queden debidamente plasmados los bienes, obras o servicios.

La Nación envió consultas a Alfaro para conocer por qué debió avocarse la función de ordenar esta contratación.

Jennifer Méndez, asesora de prensa del presidente del INA, respondió que la contratación al Sinart no está en firme, sino en trámites internos. Dijo que actualmente la Asesoría en Comunicación no tiene un jefe y que esta unidad está directamente subordinada a la Presidencia Ejecutiva.

Méndez agregó que, según la Ley General de la Administración Pública, la responsabilidad recae en el superior inmediato.

Argumentos de Juan Alfaro

Para justificar la contratación de los servicios del Sinart, el presidente del INA hizo un recuento, en cinco párrafos, de las obligaciones que tiene la institución para el desarrollo de la capacitación y formación profesional en el país, así como el cumplimiento de las directrices del Poder Ejecutivo.

Asimismo, justificó que se requiere contar con los servicios de una agencia de publicidad que permita a la institución informar a la población sobre la oferta académica presencial y virtual, los programas de formación dual y de empleabilidad, la inserción en el mercado laboral, la agencia nacional de empleo, la Estrategia Brete y otros programas.

El presidente ejecutivo del INA agregó, en el documento, que la finalidad es contar con una estrategia publicitaria sobre temas estratégicos de la institución. Insistió en que la contratación es necesaria “para el cumplimiento de los objetivos institucionales”.

El monto de la contratación directa al Sinart sería por ¢208 millones anuales, bajo la partida presupuestaria de publicidad y propaganda.

Con la instrucción de Juan Alfaro López para contratar directamente los servicios del Sinart, el INA se une a al menos 14 instituciones que adjudicaron contratos millonarios a la empresa estatal para el manejo de su publicidad. Esos contratos permiten un gasto de hasta ¢8.000 millones.

En el caso del INA, lo debió hacer bajo las nuevas formas de contratación pública establecidas por la ley que está vigente desde el 1.º de diciembre del 2022.

Precisamente, el 4 de setiembre, diputados de cinco partidos firmaron una moción para crear una comisión legislativa que investigue la legalidad de los contratos otorgados por instituciones públicas al Sinart para el manejo de la publicidad estatal. Varios de los contratos fueron concedidos sin concurso público.

“Desde el inicio del gobierno, se ha evidenciado en los medios y la población en general una preocupación por contrataciones con posible ‘tinte político’ de publicidad, donde figura la agencia del Sinart”, señala la moción de los congresistas, que podría ser votada este martes 12 de setiembre.

La Contraloría General de la República también abrió, desde julio, una investigación de oficio sobre los millonarios contratos que diversas instituciones han otorgado a esa agencia de publicidad.

Medición de métricas en redes sociales

Dentro de los servicios que Alfaro busca contratarle al Sinart, están un plan de medios anual, nacional y regional, “con medios de comunicación masiva y respaldada con una estrategia previa antes de su ejecución”.

También se pide el establecimiento de métricas, análisis de indicadores de desempeño de las redes sociales institucionales, específicamente, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y TikTok.

De igual forma, solicitó la medición del impacto de la pauta en los medios contratados y el monitoreo de noticias relacionadas directa o indirectamente con el INA.

Finalmente, Alfaro argumentó que lo solicitado cuenta con un estudio de mercado, contenido presupuestario, pliego de condiciones y respuesta a un sondeo de mercado presentado por el Sinart.

Alfaro López asumió el cargo de presidente ejecutivo el 8 de mayo del 2022.

Antes, en el gobierno de Carlos Alvarado, cuando Rodrigo Chaves era ministro de Hacienda, nombró a Alfaro como viceministro. Sin embargo, debió renunciar un mes después al verse salpicado por el caso de la polémica creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). Antes había sido viceministro de la Presidencia y, en el mandato de Luis Guillermo Solís, de Trabajo y director nacional de Pensiones.