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El presidente del Banco Central (BCCR), Róger Madrigal López, afirmó que existía una “enorme presión” por la aprobación del crédito de $700 millones del BCIE impulsado por el gobierno para reconstruir infraestructura.
Por esa razón, utilizó su voto de calidad para desempatar una votación de la Junta Directiva del BCCR, a fin de que esta institución emitiera un dictamen positivo sobre el endeudamiento internacional.
Previo a suscribir un crédito, el Gobierno de la República está obligado, por ley, a solicitar un dictamen al Banco Central. Esta resolución es emitida por la Junta Directiva.
En el caso del préstamo con el BCIE, el resultado de la votación fue de tres votos en contra y tres a favor, por lo que Madrigal utilizó su doble voto para obtener un dictamen favorable.
Durante la sesión de Junta Directiva, el jerarca solicitó a sus compañeros dejar en firme el dictamen “porque hay enorme presión en esto, por la Asamblea y por lo demás de que se presente”.
“Lo que creo..., están corriendo y con la Asamblea van a tener otro problema, pero no quiero poner el nombre del Banco Central, de que el Banco (Central) está atrasando esto”, indicó.
Así consta en el acta de la sesión 6110-2023, del 9 de marzo.
Votaron en contra la actual vicepresidenta de la Junta Directiva, Silvia Charpentier Brenes; Max Soto Jiménez y el entonces directivo José Pacheco Jiménez.
Ellos expresaron preocupación sobre las condiciones financieras del crédito y la viabilidad del modelo de ejecución, por la gran cantidad de actores que participarían y los efectos financieros que tendría para el país el que las obras no se concreten en los tiempos previstos.
Tampoco estuvieron de acuerdo con la medida de excepción que tomó el gobierno, al modificar un decreto ejecutivo para que las iniciativas no deban ser inscritas en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio de Planificación (Mideplán).
Dieron su voto positivo Miguel Cantillo Simón, Marta Eugenia Soto Bolaños y Madrigal.
El crédito tiene un plazo de 30 años y permitiría financiar la ejecución de 502 proyectos, incluyendo la rehabilitación y reconstrucción de puentes, vías ferroviarias, obras viales e instalaciones educativas.
Asamblea ya había denunciado presiones
El gobierno del presidente Rodrigo Chaves también ha ejercido presión sobre la Asamblea Legislativa, para lograr un rápido avance en la aprobación del crédito, pese a las dudas reiteradas de los diputados por su alto costo.
La última legisladora en levantar la voz fue Paulina Ramírez, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Hacendarios, instancia que analiza el crédito con el BCIE. La parlamentaria desmintió la semana pasada la supuesta oposición de su bancada al crédito.
Indicó desconocer “si es parte de la campaña anunciada hace algunas semanas y orquestada desde Casa Presidencial, pero se le ha hecho creer a la gente en las comunidades que Liberación Nacional y otras fracciones se oponen a este crédito; esto es una vil mentira”.
En setiembre, el gobierno lanzó una plataforma digital, para que los ciudadanos pidan directamente a los diputados que voten a favor del crédito para infraestructura.
Bajo el nombre de “No más riesgo”, dicha herramienta ideada por la Casa Presidencial contiene las fotografías de los legisladores, las direcciones electrónicas que les asignó el Congreso y enlaces directos a sus respectivas redes sociales.
Cuando salió la herramienta, las fracciones de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP) y Liberación Nacional (PLN), reprobaron las presiones del Ejecutivo, por considerar que, con ello, buscan asustar a la población.
En sus discursos públicos, Chaves también ha señalado a los diputados por no aprobar de forma rápida el empréstito. Así ocurrió el 15 de setiembre, durante la tradicional presentación de la ofrenda floral en el Monumento Nacional, en San José.
“Dios no quiera que se nos muera alguien, por no haber actuado a tiempo, luego de 10 meses de que el Ejecutivo presentó eso (el empréstito) en la Asamblea Legislativa”, declaró en aquel momento.
Anteriormente, en agosto, durante una sesión especial del Consejo de Gobierno en Limón, el presidente Chaves acusó a los diputados de estar ralentizando la discusión del empréstito con fines políticos, bajo el cálculo de que la eventual aprobación pueda beneficiar a las fuerzas de gobierno en las elecciones municipales de febrero del próximo año.
Los diputados alegan que fue hasta agosto que pudieron comenzar a analizar la propuesta, ya que el proyecto de ley, que contiene el contrato, ingresó al orden del día de la Comisión hasta el 2 de mayo, pese a que su presentación al Congreso se hizo el 16 marzo.
El inicio del trámite en la Comisión también coincidió con el arranque del primer periodo de sesiones extraordinarias, que se extiende del 1.° de mayo hasta el 31 de julio.
Durante esos tres meses, los parlamentarios se enfocaron en la discusión y aprobación en primer debate del proyecto de jordanas acumulativas, conocido como jornadas 4/3.
No obstante, la presión de Chaves sobre los diputados también se dio previo a la presentación del expediente legislativo, ya que en noviembre de 2022 les pidió dispensarlo de todo trámite, petición que no fue correspondida.
De haberse tramitado bajo la vía rápida, el expediente habría ido directamente al plenario, librándose de pasar por el tamiz de la Comisión y de las consultas obligatorias a instituciones como la Contraloría General de la República (CGR).
La Nación envió consultas a Presidencia, el Mideplán, el BCCR y el BCIE sobre las observaciones hechas por los directivos.
