Esteban Oviedo, Rebeca Madrigal Q.. 9 marzo
Casa Presidencial, en Zapote, medía la opinión pública mediante sondeos telefónicos. Fotografía José Cordero
Casa Presidencial, en Zapote, medía la opinión pública mediante sondeos telefónicos. Fotografía José Cordero

Casa Presidencial asegura que el equipo de cinco personas conformado para efectuar sondeos de opinión pública, sobre temas de realidad nacional, nunca se dedicó a una labor diferente a esa.

Zapote negó que estos funcionarios se utilizaran para crear perfiles anónimos que defendieran posiciones de gobierno en redes sociales u otras plataformas.

“Jamás se ha realizado una acción como esa, dado que no eran sus funciones. Los funcionarios, cuando llamaban, se presentaban con su nombre real”, aseguró la Presidencia por escrito.

“La única función para la que estas personas están contratadas es hacer llamadas para llenar un cuestionario de entrevistas que se registraban de manera anonimizada”, agregó.

El jueves pasado, el diputado de la Unidad Social Cristiana, Rodolfo Peña, denunció en el plenario que la Presidencia, además de la unidad de análisis de datos, tenía un “call center” conformado por las siguientes personas: Elioth Montero Quirós, Jorge Madrigal Gómez, Lucrecia Ceciliano Méndez, Priscilla Quirós Salazar y Cristian Navarro González.

Peña le pidió revisar el asunto tanto a la Fiscalía como a la comisión legislativa que investigará el decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), el cual pretendía darle a esa oficina acceso a datos confidenciales en manos de las instituciones públicas. El decreto, publicado el 17 de febrero, fue derogado cuatro días después.

Esas instancias verificarán si la Presidencia accedió a informaciones confidenciales.

El viernes, Zapote envió un comunicado en el que informó de que las cinco personas del centro de llamadas hacían sondeos telefónicos que permitieran conocer la percepción de la población sobre diversos temas de la realidad nacional, políticas públicas, proyectos de ley y gestión del gobierno, entre otros asuntos.

Los insumos recabados eran enviados al equipo de análisis de datos, para que este sistematizara y generara insumos para la gestión del gobierno.

Zapote sostuvo que, en los sondeos, “en ningún momento se les preguntaba información personal” a las personas y que los números de teléfono se elegían de manera aleatoria utilizando los intervalos de números telefónicas por operador, publicados por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

Personal de confianza

Ante consultas de La Nación, la Presidencia precisó que los cinco funcionarios del centro de llamadas trabajaban en plazas de confianza y con salarios mensuales entre los ¢415.000 y los ¢430.000.

Sus cargos se presupuestaron como Asistente Presidencial A y B, que son los de menor rango entre los asistentes.

La Presidencia agregó que está en proceso de reubicar a estas personas en distintas áreas de Casa Presidencial, para apoyar labores administrativas, luego del cierre del equipo de análisis de datos ante la polémica por el decreto de la UPAD.

Ante la consulta de si existen informes de labores del centro de llamadas, Zapote contestó: “No se generaban informes, solo llenaban cuestionarios de entrevista que se registraban de manera anonimizada”.

Estudios de opinión en otros gobiernos

Jerarcas de gobiernos anteriores recordaron que, en sus periodos, también se medía la opinión del público sobre el gobierno y otros temas mediante la contratación de encuestas.

De la administración de Laura Chinchilla (2010-2014), tanto su ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, como su ministro de Comunicación, Francisco Chacón, confirmaron la contratación de encuestas de opinión.

En la segunda administración de Óscar Arias (2006-2010), también se contrataron “trackings” de opinión pública cuando era necesario para algún tema de coyuntura, según confirmó el entonces ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias.

Otros ministros, más bien, negaron la contratación de personal o encuestas, como en el caso de Ricardo Toledo, ministro de la Presidencia del gobierno de Abel Pacheco (2002-2006), y Rolando Laclé, de la administración de Rafael Ángel Calderón (1990-1994).