Aarón Sequeira. 29 octubre, 2018
Con una coadyuvancia presentada ante la Sala IV, los diputados del PAC intentan contrarrestar cada una de las supuestas violaciones a la constitucionalidad que comete, según PRN, PIN y FA, el plan fiscal. Foto: Rafael Pacheco

Los diez miembros de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) firmaron y presentaron, este lunes, una coadyuvancia pasiva en contra de la consulta facultativa que presentaron Restauración Nacional, Integración Nacional y Frente Amplio sobre la reforma fiscal.

En el documento, los legisladores presentan objeciones contra las ocho supuestas violaciones constitucionales en que incurre, según los legisladores de oposición, el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

La iniciativa de los parlamentarios de presentar una coadyuvancia se da dos días después de que el tribunal constitucional anunció que agrupó las tres consultas presentadas sobre el plan fiscal y que resolverá ese expediente hacia el 26 de noviembre.

El documento está firmado por los diez miembros del PAC:

1. Lo primero que dicen es que no es cierto que se viole el principio de justicia tributaria tal como alegan los opositores, pues insisten en que “los hogares de menores ingresos aportarán menos y los de mayores ingresos y las empresas aportarán la mayor parte del total por recaudar”.

Su argumento se basa en un estudio elaborado por el Ministerio de Hacienda, llamado ¿Quién paga la reforma? y en los estudios realizados por la Universidad de Costa Rica sobre el expediente 20.580.

Con base en eso, los legisladores del PAC insisten en que “el mayor peso del aporte de la reforma recae sobre los hogares más ricos, con lo que la reforma llevará a un país más equitativo y con finanzas públicas menos comprometidas”.

2. Rebaten que haya una violación al derecho a la educación por incluir el financiamiento a la Red de Cuido y al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) dentro del 8% del producto interno bruto (PIB) dedicado por Constitución al gasto en educación.

Los del PAC niegan que el plan fiscal, al proponer la inclusión de esos dineros en el gasto para educación, haga una reforma constitucional tácita y alegan que los gastos en desarrollo de la primera infancia hechos por el Estado pueden incluirse en ese porcentaje.

“Los argumentos ofrecidos por los consultantes en este punto se contraponen con los expresados en el primer apartado, ya que de lo establecido en los artículos 67, 77 y 78 constitucionales, el Estado debe garantizar la educación como un proceso integral que abarque todas las etapas de formación”, argumenta el PAC.

“La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) fue muy clara en cuanto a la necesidad de tener como país una visión integral de la educación e incluir en los rubros destinados a este fin, toda la inversión que realiza el Estado”, agrega el argumento.

3. La fracción del partido de gobierno descarta que varias normas del plan fiscal que eliminan la norma que fija montos específicos destinados a las universidades estatales sea un roce con la Carta Magna.

“La propuesta planteada por el Poder Ejecutivo es desligar estos recursos del crecimiento de los impuestos, pero garantizando que no se aplicará una reducción a los montos ya percibidos”, dice la coadyuvancia.

Lo que se alega es que se establecen criterios objetivos para la asignación de los recursos que hoy están ligados a destinos legales y constitucionales.

4. Lo mismo reclaman a la hora de defender la eliminación del monto fijado por ley al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), que también reclaman los firmantes de la primera consulta sobre el plan fiscal.

5. Los diputados del PAC rechazan la supuesta inconexidad de la amnistía tributaria para contribuyentes de varios impuestos incluida en la reforma fiscal.

“Lo apuntado por los consultantes no es más que una confusión entre fines y medios, pues invocan como fines las modificaciones legales que, de forma expresa, se señalaron en la exposición de motivos en el momento de presentar el proyecto, las cuales no necesariamente tienen que coincidir con el producto final”, afirman los 10 legisladores.

El punto que defienden los congresistas es que esa intención entra en la búsqueda de recursos para asegurar la continuidad de los servicios públicos y el Estado en general.

6. Otro reclamo de los opositores, relacionado con los destinos específicos para la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), tiene la misma respuesta de los oficialistas, en cuanto a que derogar los destinos específicos no significa desproteger las instituciones que hoy los reciben.

Específicamente, hay un mandato en el plan fiscal que obliga al Gobierno a mantener los montos que hoy se destinan para una variedad de instituciones.

7. Tampoco, dicen los legisladores del PAC, hay inconstitucionalidad en la aplicación de la regla fiscal y sus efectos en el financiamiento de instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social.

“Según la regla, si el PIB anual crece, el gasto puede crecer y a la inversa. Nada justifica el crecimiento separado del PIB en instituciones, por lo que la regla fiscal en este sentido no contraviene la autonomía de la Caja Costarricense del Seguro Social, en el tanto lo que se crean son parámetros de referencia para el crecimiento presupuestario”, dice el PAC.

8. El último argumento de los diputados del PRN, PIN y Frente Amplio es que se pretende suprimir el derecho a la negociación colectiva en materia salarial y se establece en el plan fiscal que la negociación solo será posible mediante ley.

No obstante, dice la coadyuvancia oficialista que ese reclamo solo hace una lectura parcial de la normativa y que se pretende frenar el crecimiento exponencial que tienen los disparadores del gasto y crear reglas generales para el empleo público.

El documento de los oficialistas se presentó este lunes, 29 de octubre, a las 5:28 p. m. en la Sala Constitucional.