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El Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas inicia este domingo su primera visita a Costa Rica, en la que evaluará el trato que reciben las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios. La delegación de expertos también verificará si en el país hay garantías para evitar la tortura y los malos tratos.
“Durante esta misión, el Subcomité intenta visitar lugares de privación de libertad, incluso a las cárceles, delegaciones de la Fuerza Pública, centros de internamiento de mujeres y menores, centros de detención de migrantes, así como los hospitales psiquiátricos”, informó la ONU.
Los expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) estarán en el país hasta el 14 de marzo. Durante ese periodo, también se reunirán con autoridades del gobierno, con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (adscrito a la Defensoría de los Habitantes) y con integrantes de la sociedad civil.
Marcia González, ministra de Justicia, comunicó que la comitiva tendrá acceso total a los centros de detención de Costa Rica.
“La delegación del subcomité podrá visitar cualquier centro de detención sin mayor detalle del día u hora y entrevistarse con cualquier privado de libertad o funcionario, así como visitar sin restricciones las instalaciones”, dijo la jerarca.
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Tendrán dichas facilidades para ingresar a centros penitenciarios y lugares de detención judicial o policial, así como hospitales y establecimientos de internamiento psiquiátrico. Lo mismo sucederá en centros de cuido de menores y adultos mayores.
Cuando termine la visita, la misión de la ONU expondrá sus conclusiones preliminares al gobierno. No obstante, las mismas serán confidenciales.
Los hallazgos oficiales de la visita se sistematizarán posteriormente en un informe que Naciones Unidas hará llegar al Estado.
Costa Rica debe someterse al escrutinio del organismo de prevención de la tortura de la ONU porque en el 2005 ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, el cual tiene la obligación de constatar la situación en todos los Estados parte del protocolo.
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También fue producto de dicho compromiso que el país constituyó el órgano de vigilancia llamado Mecanismo Nacional de Prevención, el cual opera desde el 2015.
Dicha entidad es crítica del hacinamiento que se registra en cárceles nacionales.
En el año 2017, el hacinamiento carcelario rondaba el 28%: había 13.783 personas recluidas, cuando el sistema tenía capacidad para 10.701 reclusos.
Actualmente, dicho indicador es considerablemente mayor, pues hay cerca de 16.000 personas privadas de libertad.
En el 2014, la Sala Constitucional ordenó intervenir la sección de Máxima Seguridad del centro penitenciario La Reforma, debido a que los magistrados identificaron que una red de policías incurría en "tratos crueles, degradantes e inhumanos y abuso policial”.
La conclusión llegó al cabo de un análisis de más de 35 hábeas corpus que presentaron internos de Máxima Seguridad y el ámbito D de esa cárcel. En los recursos, los presidiarios denunciaron haber recibido maltratos físicos, golpes, patadas, utilización de gases irritantes en los ojos, boca y genitales; e inclusive que los custodios les introducían dedos en el ano.
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En el informe de labores que dio a conocer el Mecanismo en junio del año pasado, se reportó que los menores recluidos en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, en Heredia, denunciaron malos tratos por parte de los policías penitenciarios. De acuerdo con el informe, durante un motín, los oficiales se excedieron en el uso de la fuerza.
Además, según los jóvenes, los policías se burlaban de ellos. Según el Mecanismo, luego de que Adaptación Social fue puesta en conocimiento de la situación, la respuesta fue buena.
La visita del Subcomité de la ONU al país la dirigirá el uruguayo Roberto Fehér Perez. La delegación la completan María Dolores Gómez, de Argentina; María Luisa Romero, de Panamá; Nora Sveaass, de Noruega y Juan Pablo Vegas, de Perú.
