La Sala Constitucional reveló que un grupo de policías penitenciarios torturan reos de Máxima Seguridad, en la cárcel La Reforma, Alajuela, y ordenó a la nueva ministra de Justicia, Cristina Ramírez, que intervenga de inmediato esta sección.
Así se establece en el voto N.° 2014-7274, redactado por la magistrada Nancy Hernández, la cual concluyó que en ese ámbito existe un “patrón sistemático de tratos crueles, degradantes e inhumanos y abuso policial”.
La jurista llegó a tal conclusión tras un análisis de más de 35 hábeas corpus presentados, en los últimos seis meses, por reos de Máxima Seguridad y del ámbito D, quienes alegaron abusos policiales en esos recintos.
En los recursos, los reos detallan maltratos físicos, golpes, patadas, utilización de gases irritantes en los ojos, boca y genitales; incluso, que los custodios les introducen los dedos en el ano.
“Cuando usted tiene diferentes presos en celdas individuales y en diferentes ámbitos, diciendo lo mismo, durante vario tiempo, y que se repiten los agentes de seguridad, es claro que hay un enfrentamiento que debe ser abordado por la seguridad de ambos".
El ámbito de Máxima Seguridad de La Reforma alberga a 74 reclusos, que están ahí porque requieren mayor contención por su comportamiento. | ARCHIVO.
Nosotros estamos pidiendo la intervención como medida cautelar para asegurar la protección de los presos y un abordaje a la situación concreta. La Sala le pide a la ministra que le ponga atención y que busque un plan remedial para valorar el entorno completo”, explicó Hernández.
Señalados. La Sala Constitucional detalló en el voto los nombres de unos 30 policías penitenciarios que han sido denunciados una o varias veces por distintos reos.
“Los casos antes citados sirven para probar de forma incuestionable la existencia de un patrón de reclamos de hechos similares, localizable en Máxima Seguridad de La Reforma y en el ámbito D, en la que en forma recurrente se acusa la participación de ciertos custodios”, dice el voto.
Por otro lado, señala que las lesiones sufridas han sido documentadas, en la mayoría de los casos, por dictámenes médico-forenses.
La Sala le ordena a la ministra Ramírez establecer un rol de rotación de los custodios de Máxima Seguridad, y que elabore un plan remedial en tres meses que incluya al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
La ministra Ramírez aseguró anoche que entre las primeras medidas tomadas estuvo remover a Wilman Pérez, quien fungía como director del módulo de Máxima Seguridad de La Reforma. Fue sustituido por la funcionaria Jenny Chacón, quien ya asumió ese puesto en el pasado.
Chacón será asistida por una trabajadora social y una psicóloga. Ramírez anunció que además se decidió remover a los cuatro policías penitenciarios que aún permanecían en Máxima Seguridad. Otros 17 oficiales habían sido cambiados de área hace 15 días.
También citó que se reforzará la atención médica en un plazo de ocho días, ya que solo se les atendía dos veces por semana.
Ofelia Taitelbaum, defensora de los Habitantes, indicó que aumentarán las inspecciones que realizan en La Reforma.
Queja. El recurso –declarado con lugar de manera unánime, este martes–, lo presentó el 27 de febrero un reo de Máxima Seguridad, cuya identidad se reserva.
Según el presidiario, de 36 años, es testigo protegido en una causa penal en la que debió declarar contra varios custodios de La Reforma por abuso de autoridad.
Agregó que nueve días antes de que diera su versión en ese proceso penal, un escuadrón de policías ingresó en su dormitorio. Le pusieron esposas, lo sacaron y lo llevaron a un locutorio.
Allí, lo habrían amenazado, gaseado, pateado y quebrado un dedo, hasta que por miedo aceptó que diría que todo lo que había ocurrido en el caso por abuso de autoridad era mentira.
Si bien la Medicatura Forense no pudo demostrar, en ese caso, las agresiones físicas por parte de los custodios, la Sala Constitucional concluyó que existe una amenaza cierta e inminente contra su integridad.
