Katherine Chaves R.. Hace 6 días

Cuando un privado de libertad cumple el primer tercio de la pena impuesta, el Instituto Nacional de Criminología (INC) debe revisar su situación para determinar si merece y cumple condiciones para pasar a un régimen semiabierto.

De aprobársele, el recluso dejaría el centro penal, tendría oportunidad de estudiar o trabajar y solo llegaría a dormir uno o cinco días. La revisión se realiza sin importar el delito que cometió, ni lo que resta de su condena. Es un derecho que tiene el recluso, según se establece el Reglamento Técnico Penitenciario.

Sin embargo, con el cambio de gobierno varió la política en el uso del beneficio como lo demuestran las cifras. En el 2018, primer año bajo la dirección de Marcia González, el Ministerio de Justicia solo reubicó un 8% de reos (no se precisan números absolutos) en un centro de atención semiinstitucional (CASI). En total, hay cerca de 16.000 reclusos.

Ese porcentaje se contrarresta con el 22% (3.241) del total de los internos (poco más de 14.000) que fueron reubicados en el 2015, cuando la administración estaba a cargo de Cecilia Sánchez.

En ese tiempo, el Ministerio de Justicia hizo valoraciones extraordinarias para disminuir el hacinamiento que estaba en un 50%. Dicha acción le valió no pocas críticas que vinieron, principalmente, de cuerpos policiales preocupados por la salida numerosa de reos a la calle.

En el 2016, por su parte, hubo 2.426 trasladados (un 18%) de los cerca de 13.000 reclusos que había, según datos que brindó la exministra Sánchez hace dos años. Del 2017 no hay registro.

‘Nuevos criterios’

Pese a que estas valoraciones se realizan desde 1970, tomaron fuerza en el 2015, cuando Sánchez emitió dos circulares que flexibilizaron los requisitos para acceder a ese beneficio carcelario.

Marcia González, actual jerarca, aseguró que esa situación generó desconfianza en la ciudadanía, por lo que su eje de trabajo es buscar “un balance entre la seguridad y el tema de derechos humanos”. En su criterio, la administración anterior (Sánchez y que terminó Marco Feoli) se inclinaba más por lo segundo.

Por eso, cuando asumió el cargo (mayo del 2018), solicitó al Instituto Nacional de Criminología que se “revisaran los criterios técnicos” para otorgar esos beneficios, según explicó a La Nación.

“Lo que quisimos fue darle tranquilidad a la sociedad de que íbamos a hacer una revisión de lo que se venía haciendo para determinar, con criterios técnicos, qué se podía mejorar y qué se estaba haciendo bien”, indicó.

Tras el análisis, aseveró González, se “endurecieron” algunos criterios. “Hay una serie de nuevos parámetros (...) se les pidió rigurosidad en los casos”, apuntó la ministra sin profundizar en cuáles fueron las supuestas mejoras.

Admitió que lo hizo a sabiendas de que existía posibilidad de que el sistema penitenciario colapsara de nuevo por la sobrepoblación. Y ya eso ocurrió.

Bajo la administración anterior, en el 2017, el hacinamiento rondaba el 28%: había 10.701 campos y el sistema recluía a 13.783 personas.

Sin embargo, esa cifra se disparó en los nueve meses de gestión de González: según dijo ella misma, actualmente hay cerca de 16.000 personas recluidas.

Se intentó conocer las cifras exactas tanto de población, como de capacidad instalada del sistema, pero, al cierre de edición, Justicia no había suministrado el detalle.

Por su parte Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dijo que no se refiriría al tema. También se enviaron consultas a la Fiscalía General de la República, pero la oficina de prensa indicó que este lunes enviarían las respuestas.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y el Ministerio de Seguridad Pública tampoco envió respuestas.