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El obispo de Ciudad Quesada, monseñor José Manuel Garita, denunció este martes una supuesta discriminación de sectores de opinión contra la postura de la Conferencia Episcopal de Costa Rica ante el reciente fallo de la Sala Constitucional el cual legalizaría en 18 meses el matrimonio entre ciudadanos homosexuales.
“Basta ya, también, de querer discriminarnos por tener un discurso que desde la religión ilumina la realidad nacional. El equilibro es urgente en una discusión donde el matrimonio formado por el hombre y la mujer, también tiene un bello rostro que presentar”, manifestó Garita en su mensaje semanal Fermento.
El jueves anterior, los nueve obispos se pronunciaron sobre la sentencia con un rechazo contundente al considerar que el matrimonio igualitario “pone en entredicho el origen y la función de la familia”. Según ellos, la lucha contra la discriminación de personas homosexuales “no autoriza al Estado a confundir el orden natural del matrimonio y familia”.
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Insistieron en que la familia es la célula básica de la sociedad y está fundada sobre el matrimonio monogámico y heterosexual.
Garita, ahora, reitera la posición pero reclama que sean tomados en cuenta, cuando se pone sobre la mesa el tema de derechos.
"Como lo han dicho expertos en esta materia, sin tratados internacionales es preocupante que se puedan “crear” derechos. Y, la Iglesia, por otra parte, al proponer la belleza del matrimonio no discrimina tampoco la vivencia particular que bien conocemos puede darse en las personas, pues acompañamos distintas situaciones que vive la familia humana.
“Pero, de ahí, a crear legislación sobre supuestos derechos que equiparan realidades distintas a lo que es el matrimonio entre el varón y la mujer, hay mucha diferencia. Consideramos que derechos patrimoniales, atención a la salud y otros derechos personales deben ser defendidos y protegidos”, añade el religioso, quien antes se ha pronunciado sobre otros temas críticos como la reforma fiscal.
El obispo de la diócesis de San Carlos enfatizó que, a raíz de la resolución de la Sala Constitucional debe imperar un clima nacional de diálogo abierto, “libre de presiones, de extremismos y de influencia de ciertos grupos que quieren opacar la opinión del otro. Basta ya de un país dividido, fruto del odio y la incomprensión”.
Actualmente, la reforma al Código de Familia que permitiría la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo está en manos de los diputados, pero si no se concreta en un plazo de 18 meses a partir de que se dé a conocer la sentencia integral de la Sala, el inciso 6 artículo 14 de esa normativa, que establece la prohibición, quedaría sin efecto.
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“Los diputados deben ser responsables y hacer conciencia de un proceso transparente para la toma de decisiones y distinguir la maquinaria de ciertos grupos que amplifican su voz imponiéndose como lo hacen en otras latitudes”, añade el prelado.
