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El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, propuso la venta de activos estatales como opción para invertir más fondos en educación y otros gastos sociales.
Según manifestó este martes a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, esa es la opción más viable e inmediata, junto con la generación de superávits primarios, para incrementar la asignación de dinero a ambos sectores.
Un superávit primario es una diferencia positiva entre los ingresos y los gastos del Gobierno, pero sin contar el pago de intereses de la deuda pública.
Hasta el momento, el Poder Ejecutivo ha propuesto la venta del Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) y el 49% de las acciones del Instituto Nacional de Seguros (INS). Sin embargo, ninguno de los proyectos ha avanzando.
“En la coyuntura actual tenemos dos posibilidades: seguir generando superávit primarios de manera reiterada durante cierto tiempo o eventualmente la venta de activos, que nos permitiría reducir sensiblemente el endeudamiento y, por lo tanto, abrir espacio en gastos de intereses que dejaríamos de tener que afrontar y que podríamos trasladar a inversión social”, declaró Acosta.
En medio de la discusión del Presupuesto Nacional del 2024, el ministro rechazó que la mejora en la calidad de la educación pública esté directamente relacionada con un incremento en el dinero que el país dedica a ese campo y que, según la Constitución Política, no puede ser menor al 8% del producto interno bruto (PIB).
“Compartimos todos, independientemente sea Gobierno o los diferentes diputados de la Asamblea Legislativa, que hay que hacer algo con la educación, pero no necesariamente es plata”, respondió el jerarca a la diputada Sonia Rojas, del Partido Liberación Nacional (PLN), durante una comparecencia ante la Comisión de Hacendarios.
Ante una consulta del diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio, el ministro mantuvo su postura de que el presupuesto para educación en Costa Rica es muy alto, mientras que los resultados no son los satisfactorios.
“Creo que el problema de educación tiene muchísimos años. No se puede circunscribir a un gobierno o a un presupuesto, porque probablemente con presupuestos más bajos teníamos mejores resultados que los que tenemos hoy”, manifestó.
Ante dicha posición, el legislador frenteamplista le recordó que el último informe del Estado de la Educación señaló la necesidad “de revertir políticas de austeridad, las cuales se encuentran desconectadas de una perspectiva de desarrollo del país”.
“La inversión per cápita en educación en Costa Rica es mucho menor que la del promedio de países de la OCDE, para no hablar de los más avanzados. Aquí resulta engañoso hablar de porcentajes.
“En todos los escenarios, la caída en la inversión pública experimentada en los últimos años limita las posibilidades de mejorar la calidad y la equidad educativas desde la educación preescolar hasta la educación universitaria”, indica el informe 2024.
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Para el año 2035
Acosta explicó que desde el Ministerio de Hacienda han hecho proyecciones que apuntan a que el país podría dedicar más recursos a la educación, una vez que la deuda pública baje a un 40% del PIB. Bajo los escenarios actuales, el jerarca mencionó que para el 2035 el país lograría llegar al 50%.
Dicha proyección no convenció a la jefa de bancada del Partido Progreso Social Democrático (PSD), Pilar Cisneros, quien le manifestó al jerarca que “para el 2035 ya todas las escuelas estarían en el suelo”.
Acosta defendió que el Presupuesto Nacional del próximo año incluye un incremento de ¢74.747 millones para el Ministerio de Educación Pública (MEP). Se trata de un 3% más en comparación con el 2023, para una suma total de ¢2,6 billones, rubro solo superado por la partida asignada al pago de la deuda pública.
De hecho, el 46% de los ¢12,6 billones del plan de gastos están dedicados al pago de la deuda.
No obstante, Eli Feinzag, jefe de la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), señalo que del total del incremento previsto para el MEP, el 55% se va a dirigir al pago de un aumento retroactivo de salarios.
“Es decir, menos de la mitad del aumento va para servicios nuevos; más de la mitad de ese aumento va para pagar cosas que sucedieron en el pasado”, indicó.
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Sobre pagos a CCSS: ‘Ya no estamos enfrentados’
Sobre el avance de las negociaciones para el pago de la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Acosta aseguró que, a partir de conversaciones con la presidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel, “ya no estamos enfrentados”.
El jerarca sostuvo que están construyendo un acuerdo importante para hacer pagos en tractos y que espera alcanzar un primer entendimiento en dos semanas. Adujo que para ello no solo se cuenta con préstamos internacionales que incluyen dineros asignados a ese fin.
Por otro lado, ante las dudas sobre los recortes que Hacienda hubiese realizado a las propuestas presupuestarias enviadas por los ministerios, el jerarca explicó que a cada dependencia se le envió el promedio de ejecución de los últimos tres años y que a partir de eso se hizo la asignación, ya que sería lo que son capaces de ejecutar
“Aquellos (ministerios) que representaron los mejores proyectos, que tuvieron una mejor gestión frente al Consejo de Gobierno, recibieron más recursos que aquellos que no lo hicieron tan bien o el Consejo de Gobierno no consideró que era suficiente”, relató.
