El Gobierno de la República presentó este viernes, en la Asamblea Legislativa, el Presupuesto Nacional del 2024, por un monto de ¢12.635.552 millones.
El plan de gastos implica un crecimiento del 3% en comparación con el presupuesto original del 2023 (que fue de ¢12.266.708 millones).
El 46% del Presupuesto, equivalente a ¢5.814.600 millones, se destinará al pago del servicio de la deuda pública. “Casi la mitad de cada colón recaudado va para pagar o plata que debemos o intereses”, dijo el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.
“Del 2016 al 2024, ha crecido de manera importante el pago de deuda; por eso, es importante mantener el equilibrio presupuestario”, advirtió el ministro, quien pidió a los diputados aprobar el proyecto en los términos presentados.
En cifras nominales, el dinero para pagar deuda aumentó en ¢166.876 millones, equivalentes a un crecimiento del 3%. “Para junio del 2024, hay un vencimiento de deuda de ¢700.000 millones y el Gobierno debe tener el dinero para pagar”, sostuvo el titular de Hacienda.
La diputada Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios, adelantó que se verificará que el Gobierno haya priorizado los programas sociales y de infraestructura, sin perder el equilibrio entre la responsabilidad fiscal y la atención de los sectores más vulnerables.
El ministro de Hacienda expuso que, por primera vez en varios años, el plan de gastos se financia en un 61,2% con ingresos corrientes y un 38,8% con deuda.
¢7,7 billones se financiarán con recaudación de impuestos, con el IVA como principal componente y el impuesto de renta en segundo lugar, seguidos por el de los combustibles.
Del monto total del Presupuesto, Acosta explicó que el 26% se va en transferencias corrientes y de capital, el 22% en remuneraciones y el 46% en servicio de la deuda.
En grandes términos, dijo que un 38% se destina, de una u otra forma, a la educación.
Nogui Acosta precisó que, en el caso del Ministerio de Vivienda, se observa un crecimiento del 2.300%, pero esto obedece a que se le incorporaron los recursos del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), que antes se incluían en el presupuesto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Los ingresos corrientes equivalen al 15,5% del PIB. Por otra parte, destacó que se prevé para el próximo año un superávit primario del 1,9%, mientras que el déficit financiero estará en 3,2%, ambos rubros por debajo de lo previsto para este 2023.
Si bajan marchamo, tendremos que cortar
“Cualquier modificación que hagamos en los impuestos, va a tener un impacto sobre el gasto. Estamos haciendo presupuestos para los costarricenses, no para que a medio año tengamos que decirles a los ministros que hagan subejecución”, afirmó Acosta.
Según el ministro, si los diputados insisten en rebajar el marchamo, el Gobierno tendrá que enviar un presupuesto extraordinario para reducir el gasto en ¢118.000 millones.
Así se estimó el límite de gasto
“Desde el 15 de abril, asignamos a cada ministerio su límite de gasto; les dimos un gasto preliminar. Tomamos un promedio de la ejecución presupuestaria de los últimos dos años y proyectamos la del 2023″, dijo Acosta.
Expuso que, si una entidad ejecutó el 87,5% en 2021, el 90% en 2022, y proyectaron el 92,5% en el 2023, se le asignó el 90% para el 2024.
“Esto lo hicimos por una razón fundamental: ubicar recursos para reasignarnos de acuerdo con las prioridades de Gobierno. Ubicamos una potencial subejecución de ¢125.000 millones que asignamos de acuerdo a nuestros intereses.
“La asignación adicional podría responder a proyectos específicos, con objetivos, indicadores y cómo se van a cumplir.
“En educación, por ejemplo, se hizo una propuesta de construcción escuelas con una alianza público-privada.
“El Consejo de Gobierno decidió la distribución, para asignar en lo que sí se puede ejecutar. Al MOPT se le dieron ¢43.000 millones más de lo que ejecutó el año pasado”, continuó Nogui Acosta.
El ministro apuntó que el 80% del gasto se va en cuatro rubros: servicio de la deuda, Ministerio de Educación Pública (MEP), las pensiones con cargo al Presupuesto y el Poder Judicial. Alegó que si una institución como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) requiere más recursos, no es al Ministerio de Hacienda al que tiene que pedírselo, sino a la Corte.
Para el 2024, la regla fiscal impuso un límite de crecimiento del 3,53%.
El presupuesto en formato digital se lo entregó el ministro de Hacienda al presidente del Congreso, Rodrigo Arias, quien de inmediato se lo entregó a la presidenta de la Comisión de Hacendarios, la liberacionista Paulina Ramírez.
Rodrigo Arias aseguró que ve con optimismo los números presentados por Nogui Acosta, en particular por la disminución del rubro que se financia con deuda. “Cada año hemos ido necesitando menos deuda para financiar los gastos. Ojalá lleguemos otra vez al momento en que gran parte se financie con recursos propios”, dijo.
Agregó que la estabilidad macroeconómica es clave y el crecimiento es fundamental, pero por sí solo no genera el bienestar y el desarrollo que necesita el pueblo, sino que es apenas un instrumento.
“Una estabilidad y crecimiento que no tenga justicia para la población, es difícil, pues como país tenemos el gran reto de mantener un Estado Social de Derecho que ha costado mucho construir y sé que es difícil de compaginar con la situación económica. Por eso es tan delicado ser ministro de Hacienda”, declaró el presidente legislativo.
Arias también hizo un llamado al Gobierno, a través de Nogui Acosta, para que haya un diálogo “franco y constructivo”, pues el presidente del Congreso aseguró que desde Cuesta de Moras siempre se ha ofrecido y se seguirá ofreciendo ese diálogo para lograr acuerdos.
Minutos antes de la presentación oficial, el expediente se entregó en la Secretaría del Directorio.
Por dos meses, el plan de gastos se estudiará en ese órgano legislativo, donde se recibirá en audiencia a los diferentes ministros, para que justifiquen los gastos incluidos en el proyecto de ley.
