Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda, comunicó a la Asamblea Legislativa que pondrá fin a la política de asignar un porcentaje de cada préstamo internacional de apoyo presupuestario para abonar la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Desde el 2020, se ha destinado un 10%, aunque los diputados han planteado asignar hasta un 40%. Este fue el caso reciente del préstamo de $400 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
“Nosotros no vamos a mandar ningún crédito de apoyo presupuestario hacia futuro, que tenga ese convenio”, sentenció el jerarca. Alega que esta política se introdujo “por decisión política” de la administración del expresidente Carlos Alvarado, pero el compromiso no debe mantenerse porque, en su opinión, constituye una modificación tácita del Presupuesto de la República, aprobado por la Asamblea Legislativa.
Según el argumento del ministro, cuando el gobierno solicita un crédito internacional, lo hace para financiar el presupuesto aprobado; sin embargo, este se distorsiona si se incluye un giro que el Poder Ejecutivo no tenía previsto para la CCSS.
Sin embargo, la diputada Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios, declaró a La Nación que la mayoría de diputados que integran el foro legislativo, mantendrán la posición de destinar el 10% de los recursos provenientes de los créditos de apoyo presupuestario para el saldo de la deuda con la Caja.
“Le recuerdo al ministro (Acosta) que ese 10 % no lo controlan ellos, ningún crédito viene con ese porcentaje para la CCSS; ha sido la Asamblea Legislativa la que ha tenido la buena costumbre de incluirlo desde el 2021. Lo que pasa es que el Gobierno no quiere pagar, a eso se reduce el mensaje del ministro, no les da la gana pagar”, manifestó la legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN).
Hasta el 2023, el Congreso había aprobado 10 créditos internacionales con asignaciones para la Caja por ¢235.000 millones, de acuerdo con datos suministrados por el Ministerio de Hacienda. De esa cifra, aún estaban pendientes de usar ¢77.000 millones a finales del año pasado.
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“¿Le vamos a decir a la Asamblea Legislativa que la aprobación del presupuesto que se hace, después del análisis de los diputados, se puede modificar a través de créditos de apoyo presupuesto?”, cuestionó el jerarca, el 23 de mayo, durante una reunión con los diputados jefes de fracción, pese a que los empréstitos también deben recibir el aval del Congreso.
Ante una consulta de La Nación, el ministro sostuvo que la asignación de este tipo de fondos a la CCSS genera un problema presupuestario, al “distraer” recursos hacia el pago de una deuda que aún debe ser consolidada. Esto debido a que Hacienda duda de los cobros que le hace la institución aseguradora.
El jueves trascendió que la firma Deloitte & Touche, como auditor externo de la Caja, estimó en ¢2.079.901 millones la deuda del Estado con la seguridad social, en relación con los aportes para el seguro de salud y el sistema de pensiones, con corte al 31 de diciembre del 2022. Aún no se incluyen deudas que se hayan acumulado en el 2023. A ello se suman ¢563.259 millones por el traslado de funcionarios del Ministerio de Salud a la CCSS.
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Datos financieros de la Caja calculan que la mora del Estado ya supera los ¢3,7 billones, sin embargo, el ministro de Hacienda refuta dichos cargos y exige efectuar una revisión de los registros que sustentan los cobros, para determinar su veracidad. Este proceso, que está en marcha desde el 2023, es considerado por Acosta como indispensable para la suscripción de nuevos acuerdos de pago entre el gobierno y la institución de seguridad social.
Para el jerarca, dedicar fondos a montos que aún están bajo análisis, vuelven ineficiente el proceso presupuestario y su posterior liquidación, porque esos rubros destinados a la Caja podrían ser direccionados a otros gastos que sí están definidos.
Acosta fue tajante en señalar a los legisladores que no volverá a enviar al Congreso créditos que incluyan el 10% para el pago de la deuda con la Caja, empezando por un préstamo de $500 millones que le sería aprobado al país el próximo mes de julio, sin indicar el ente emisor de los recursos. Cuestionó el “Acuerdo Marco entre Poder Ejecutivo y la Caja Costarricense de Seguro Social” firmado, en el 2020, por la administración de Carlos Alvarado con la CCSS, en la cual él fungió como viceministro de Hacienda durante un periodo.
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Sostiene que ese acuerdo era solo para el 2020. Un comunicado publicado por la Casa Presidencial, el 31 de julio del 2020, indica que “el Ministerio de Hacienda transferirá a la CCSS el 10% de los créditos de apoyo presupuestario que se tramiten en adelante y durante el 2020″.
Paulina Ramírez: ‘Comisión de Hacendarios mantendrá 10%’
Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios, aseguró que la posición del ministro evidencia que el Poder Ejecutivo nunca tuvo interés de saldar la billonaria deuda con la Caja y recordó que los recursos que el gobierno ha transferido en forma reciente a la institución de seguridad social, provienen de los préstamos externos.
Este es el caso del primer presupuesto extraordinario que avaló el Congreso en el primer trimestre del año, que incluía una partida de ¢39.900 millones para la Caja, correspondientes al 10% de los créditos de apoyo presupuestario
Igualmente, los ¢51.738 millones que Acosta se comprometió a pagarle a la Caja, por medio del acuerdo firmado el 21 de diciembre de 2023, se generaron a partir del 10% que se incluyó en las distintas leyes de aprobación de empréstitos internacional.
“Habría que ver si ellos renuncian del todo a enviar créditos de apoyo presupuestario, con lo cual estarían desdiciéndose de la importancia de estos créditos para mejorar las condiciones financieras del país. O si los mantienen, pero lo que no quieren es que esta Asamblea destine ese 10% para la Caja, pues le vamos a decir que seguiremos incluyendo esos recursos aunque no quieran, en beneficio de los asegurados y aseguradas”, concluyó Ramírez.
FA, Nueva República y PUSC, defienden recursos
Antonio Ortega, jefe de fracción del Frente Amplio, reafirmó el compromiso de su bancada con la incorporación del 10% en los créditos externos que se lleguen a tramitar en la Asamblea Legislativa.
Asimismo, cuestionó la postura del gobierno de oponerse a que la política se siga aplicando para saldar el impago a la Caja. “Hace mal el Ejecutivo en estar en contra del pago de la deuda a la seguridad social, porque esto implica paz social, estabilidad política y detener la desigualdad social que lamentablemente crece”, aseguró.
Igual criterio manifestó José Pablo Sibaja, coordinador del Partido Nueva República (PNR). “Vemos bien que en nuevos préstamos se siga destinando el 10% de los mismos a aportar a la enorme deuda que sostiene el Estado con la CCSS”. Agregó que si la misma situación de impago se presentara en el sector privado, “ya la Caja hubiese ido a cerrar el local”.
María Marta Carballo, líder de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), indicó que siempre han defendido que el Estado honre los pagos a la Caja y “que de los recursos de algunos créditos al menos un porcentaje se destine a ello”.
“Es importante que el Gobierno sea totalmente transparente con el plan de pagos y en cada caso valorar los escenarios según las circunstancias. Hacemos un llamado para que se mejore la gestión de la CCSS y que siempre se traslade los recursos en tiempo y derecho, que permitirá sin duda el fortalecimiento de la institución”, agregó.
Por su parte, Luis Diego Vargas, vocero del Partido Liberal Progresista (PLP), manifestó que “independiente del porcentaje para la CCSS, que es una discusión que abordaremos en reunión de fracción, mantenemos la posición de no más deuda para gasto corriente”.
