Los gobiernos locales respetarán lo que dispone la denominada regla fiscal, aun cuando los alcaldes y otras autoridades no estén de acuerdo con la medida que restringe el crecimiento del gasto corriente y aplica para todo el sector público.

Karen Porras, directora de la Unión Nacional de Gobierno Locales (UNGL), aseguró que los municipios han comunicado que cumplirán con la restricción del aumento fijado en un 4,67% del gasto corriente para el presupuesto del 2020.

Desde que se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (diciembre), que introdujo la medida de ahorro, los alcaldes se pronunciaron en contra porque, según argumentan, las corporaciones se financian con sus propios ingresos y la regla fiscal les impide mejorar los servicios en los cantones.

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Sin embargo, Porras aseguró que la ley hay que cumplirla, hasta que alguna otra autoridad diga lo contrario, ya sea en la Asamblea Legislativa o en la Sala Constitucional.

Por ejemplo, la Municipalidad de San José aplicará el crecimiento de 4,67% para el próximo año, pese a que su alcalde Johnny Araya se ha manifestado en contra de la regla fiscal. La última vez que se quejó al respecto fue en el acto protocolario previo a los desfiles patrios del pasado 15 de setiembre.

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El municipio capitalino tendrá un presupuesto de ¢76.000 millones para el próximo año, uno de los más importantes del país por su monto.

También se apegará a esa regla la Municipalidad de Alajuela, cuya alcaldesa, Laura Chaves, interpuso una acción de inconstitucionalidad, que no detiene la aplicación de la Ley. Este cantón presentará un plan de gastos de alrededor de ¢30.000 millones.

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Los ayuntamientos deben presentar sus presupuestos para el 2020, a más tardar el próximo 30 de setiembre, a la Contraloría General de la República (CGR), órgano que revisará si efectivamente se cumple con la regla fiscal.

Porras reconoció que existe cierta incertidumbre porque los clasificadores presupuestarios puede prestarse para interpretaciones sobre el destino del gasto, si es corriente o capital; sin embargo, se acogieron a una guía que les presentó la CGR.

Dentro del gasto corriente están los salarios, alquileres y capacitaciones, por ejemplo. Mientras que el gasto de capital, con menos restricción, es el que va directo a las inversiones como aceras, carreteras, parques.

La regla fiscal establece un límite al gasto corriente que resulta de una fórmula que toma en cuenta el crecimiento de la economía y la deuda del Gobierno.

Para el próximo año, esa barrera se estableció en 4,67%. El Gobierno Central presentó su presupuesto del 2020 al Congreso con un crecimiento inferior a esa cifra, porque medidas como las de empleo público, permitieron un freno en las remuneraciones.

Sin embargo, para las municipalidades, la restricción no les facilitará hacer mejoras, como contratar más policías o alquilar más cámaras de vigilancia.

Pese al temor que el crecimiento limitado del gasto corriente no les permita dar mejores servicios, algunos municipios han sostenido por años privilegios para sus empleados, según consta en las convenciones colectivas suscritas por más de 50 gobiernos locales.

Porras aseguró que las municipalidades también cumplirán con los cambios que introdujo la reforma fiscal en el empleo público como el pago de anualidades en montos nominales, que se calculan con 1,94% para profesionales y 2,54% para los no profesionales.

Exclusión de municipalidades

Tras el descontento de las municipalidades, el exalcalde de Alajuela, el diputado liberacionista Roberto Thompson y congresistas de otros partidos impulsaron un proyecto de ley para excluir a esas corporaciones de la regla fiscal y de todo el título de responsabilidad fiscal que contiene la reforma tributaria.

La propuesta, que avanza rápidamente en el Congreso porque se dispensó de su trámite en comisión legislativa, no cuenta con el respaldo del Ministerio de Hacienda ni de la Contraloría, que se han pronunciado en contra con distintos argumentos.

“El tema de la regla fiscal no se ve solo para un sector dentro del sector público, sino que se ve para todo el Estado como un todo. Cuando uno habla de la sostenibilidad de las finanzas públicas de un país, los organismos internacionales no están viendo solo al Gobierno Central, o a las instituciones autónomas o a los gobiernos locales, están viendo a todo el conjunto del país”, comentó Rodolfo Cordero, viceministros de Egresos, tras ser consultado por La Nación días atrás.

Por su parte, la CGR recomendó a los parlamentarios mantener a los gobiernos locales en la aplicación de la regla fiscal, según el criterio DFOE-DL-1437, enviado a propósito del proyecto de ley, el pasado 30 de julio.

“Muchas instituciones (en cuenta los gobiernos locales) reciben transferencias del Presupuesto de la República, por lo que el nivel de endeudamiento del Gobierno no debe resultar como un problema ajeno y lejos de su ámbito de acción. En este sentido, cabe plantearse la interrogante de en cuánto debe endeudarse el Gobierno para poder atender estas transferencias”, señaló en el criterio Vivian Garbanzo, gerenta del área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local.

Las municipalidades reciben del presupuesto nacional un 2,3% del total para financiar, en su mayoría, gasto de capital en carreteras. Sin embargo, lo que impera, según la CGR, es el principio de sostenibilidad.

“La regla fiscal que introduce el Título IV de la Ley 9635 no hace más que materializar los principios constitucionales de sostenibilidad financiera, eficiencia, eficacia y transparencia en la administración del gasto público; de manera tal que su implementación no es exclusiva de un subsector determinado; sino que atañe a todo el sector público no financiero, tal y como se dispone en la ley”, argumentó el órgano contralor.

Asimismo, la CGR puntualizó que el incremento del endeudamiento del sector municipal genera un riesgo para el Estado “al convertirse en un posible pasivo contingente que deba enfrentar a futuro, en caso de que el citado sector presente insolvencia para hacer frente a sus obligaciones”.

Pese a los argumentos en contra, la presidenta del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), la exdiputada de oficialista, Marcela Guerrero, apoya la propuesta para excluir a los municipios.