EscucharGerald Campos, ministro de Justicia y Paz, afirmó ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, que la idea de construir cárceles livianas surgió por recomendación de un grupo de “juristas privados”, que se han manifestado en redes sociales sobre la situación penitenciaria del país.
La información fue suministrada por Campos, el pasado 13 de agosto, luego de que el diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), le solicitó precisar quién refirió a la empresa española ARPA como posible proveedora de estructuras para albergar a privados de libertad.
ARPA es una de las dos empresas proveedoras de carpas que el Ministerio de Justicia y Paz tomó en cuenta en un estudio de mercado, que forma parte del plan del gobierno para instalar construcciones livianas en los centros penitenciaros. La otra firma es Industrial Fire and Rescue.
“¿Quién refiere? Muy buena pregunta. Hay un grupo de juristas privados del país que, por cierto, ya se han manifestado en redes sociales. Están preocupados por la situación, y me llegaron y me dijeron: ‘Don Gerald, ¿no ha pensado usted en soluciones livianas? ¿Por qué no lo valoramos? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no averigua más? Porque construcciones fijas (concreto) no les va a dar tiempo’.
“Así empezó todo, en una conversación en mi despacho con los jerarcas, el 15 o 17 de febrero”, agregó.
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Ante la solicitud del legislador de revelar la identidad de los abogados que brindaron las sugerencias, el ministro Campos alegó que no podía, ya que estas personas le pidieron reservar sus nombres “porque no quieren prestarse al show”.
El diputado dijo ser respetuoso de la postura del jerarca de Justicia, pero rechazó que los temas nacionales “se puedan calificar de show”.
Versión de Campos cambió en una semana
Una semana antes, el 6 de agosto, Campos brindó una versión distinta a los diputados de la Comisión de Hacendarios, al asegurar que Arturo Salazar Valverde, gerente de la empresa Datasys, fue quien le planteó la idea de construir cárceles de carpas y le refirió a la empresa ARPA.
Datasys facilitó el “contacto empresarial” entre el Ministerio de Justicia y la empresa española de carpas, ARPA, para que esta última expusiera su oferta de servicios.
“Fue una de las primeras personas que se contactaron para que nos explicara qué era eso (cárceles de carpas). Eso lo empezamos el 17 de febrero; comenzamos a hablarlo todos y nos dijeron: ‘Hay alguien que le puede explicar y se trata de la empresa ARPA’”, aseveró Campos ante preguntas del diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA).
El ministro también admitió que Arturo Salazar llegó “por referencia de otros colegas de gobierno”.
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Fue así como la firma ARPA, que tiene su sede en Zaragoza, España, logró una reunión en el despacho del ministro, el 7 de marzo. A esa cita asistieron Tomás Bujeda Rami, como representante de la empresa española, junto a los gerentes de Datasys, Arturo Salazar y Alberto Salazar.
Menos de cuatro meses después de ese encuentro, Campos y Carolina Castro, viceministra de Justicia, aprovecharon una gira a España, financiada con recursos del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud), para visitar las instalaciones de ARPA, el 4 de julio.
Según afirmó Justicia, esa visita a Zaragoza tuvo como objetivo hacer un estudio de mercado para la contratación de un modelo constructivo liviano y de fácil montaje para el sistema penitenciario.
El rol de abogados externos en la administración Chaves Robles
Esta no es la primera vez que el Poder Ejecutivo toma acciones a partir sugerencias de un grupo externo de abogados. Para construir la propuesta de referéndum de la llamada “ley jaguar”, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, recurrió a un comité asesor de juristas, que no están dentro de la función pública.
El mandatario también rechazó, en aquel momento, dar a conocer los nombres de los participantes. Fue el abogado y exdiputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara Guth, quien reveló la identidad de los integrantes.
En declaraciones a Diario Extra, Guevara dijo que, además de él, participaron el excontralor general de la República (2004) y exdiputado del Partido Liberación Nacional (1986-1990), Alex Solís; los abogados penalistas José Miguel Villalobos y Juan Diego Castro y el constitucionalista Fabián Volio.
Igualmente, colaboró con el equipo la subcontralora Sylvia Solís, actualmente asesora de la diputada oficialista Pilar Cisneros en la Asamblea Legislativa.
