Alberto Salazar, gerente de la empresa Datasys, dirigió la reunión en la que la compañía española ARPA presentó al ministro de Justicia, Gerald Campos, su oferta de servicios para utilizar carpas como cárceles en el sistema penitenciario costarricense. Adicionalmente, el empresario quedó a disposición del gobierno como el contacto para atender cualquier duda sobre las instalaciones temporales. El encuentro se efectuó el 7 de marzo en el despacho ministerial.
Así lo dio a conocer este martes el exviceministro de Justicia, Exleine Sánchez, ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa. “La reunión no solo la dirigió el representante de Datasys; él era el contacto para el traslado de información. Con él, nuestra jefa de Arquitectura tenía que dirigirse para obtener datos del producto”, declaró.
Según relató el exfuncionario, quien estuvo presente en la reunión de marzo, le sorprendió que el gerente de Datasys no pudiera contestar dos preguntas básicas que le planteó. La consultó en dónde operan las cárceles de carpas y cuáles países son referentes en el uso.
“Don Alberto no tenía respuestas cuando se le preguntó donde operaba esto, habló de temas militares. Costa Rica no es un país militarizado, y esas dudas, que repito son razonables, se potenciaron aún más el 10 de julio, cuando no hubo información, no hubo respuestas y, en mi criterio, muy humilde, lo que hay son muchos riesgos asociados, que lo único que generarían es conflicto y detrimento de la parte estatal”, indicó el exjerarca.
En la reunión del 10 de julio, el exviceministro reiteró su criterio de que “instalar carpas es un grave error”. Al día siguiente, el gobierno anunció su destitución.
Entre ambas reuniones, el ministro Campos realizó una visita a las instalaciones de ARPA en Zaragoza, España, durante una gira efectuada del 29 de junio al 7 de julio. La acompañó la viceministra de Gestión Estratégica, Carolina Castro del Castillo.
Consultado por el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), sobre la experiencia de Datasys en este tipo de infraestructura temporal, el exviceministro respondió que la empresa “no tiene ningún tipo de formación en estructura carcelaria y, hasta donde entendimos, tiene que ver con tecnología”.
En efecto, Datasys es proveedora de numerosos contratos del Estado en proyectos tecnológicos.
Sánchez fue convocado por el foro legislativo, debido a que el gobierno incluyó recursos por ¢2.684 millones en el quinto presupuesto extraordinario del 2024, para financiar la instalación de cárceles de carpas. El gobierno solicitó los fondos al Congreso, aunque el Ministerio de Justicia y Paz admitió que no cuenta con estudios técnicos que sustenten la propuesta.
Ministro Gerald Campos pasó la palabra a subalternos
La comisión legislativa también recibió este martes al ministro de Justicia para que brindara explicaciones sobre la propuesta sobre las carpas. Cuando el diputado Acuña le mencionó las manifestaciones del exviceminitro sobre la reunión de marzo, el jerarca le pasó la palabra a sus subalternos.
“¿Le puedo responder? Aquí estuvieron ellos en la reunión, que ellos le preguntan (contesten) si eso fue así”, indicó Campos señalando a su viceministra Carolina Castro; el director de Adaptación Social, Juan Carlos Arias; y el director de la Policía Penitenciaria, Nils Ching.
Solo Arias y Ching tomaron la palabra, sin que ninguno negara expresamente que Salazar hubiese dirigido la reunión en el despacho ministerial.
Arias manifestó que no podía identificar a Salazar, pero que a la reunión llegaron “dos o tres personas” que hicieron uso de la palabra. Detalló que una de ellas era de origen español y explicó el tema de las carpas, y que la otra persona hizo la presentación de la empresa.
Por su parte, Ching se limitó a citar algunas de las preguntas que surgieron durante la sesión sobre normativa, el mantenimiento de las estructuras y si estas se podían adecuar a determinadas necesidades.
