El ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres, aseguró este martes en el plenario de la Asamblea Legislativa que se malinterpretaron las declaraciones que dio al periódico La Nación, la semana pasada, en las que afirmó que “somos una sociedad domesticada” y sugirió que la gente toque la puerta de los narcos para decirles que, en sus respectivos barrios, no se vende droga.
“Hace unos días yo hice algunas declaraciones que fueron malinterpretadas, desde un punto de vista político, lo que me parece muy mezquino.
“Yo he caminado por los barrios donde más seguridad se requiere, en Puntarenas, en Limón, en los barrios del sur y la capital, con muchas ganas de recuperar esos espacios para los costarricenses. No es justo encajonar con una bandera política. Yo estoy clamando por la ayuda de ustedes”, dijo Torres a los diputados.
Esto generó mucha polémica y también críticas de legisladores, en el plenario del Congreso, porque le exigieron a Torres asumir su responsabilidad y definir políticas y acciones que detengan la creciente ola de criminalidad.
De hecho, las fracciones legislativas tenían lista una moción de interpelación para el ministro, a fin de que asistiera a explicar la ola de homicidios que afronta Costa Rica.
No obstante, por insistencia de Pilar Cisneros, la jefa del partido de gobierno, los diputados le abrieron las puertas del plenario a Torres este martes, luego de que el ministro estuvo en reuniones temprano con legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN).
Aunque varios acusaron a Cisneros de usar al jerarca como una estrategia para frenar otra discusión (la de extender la investigación legislativa sobre financiamiento electoral), finalmente los partidos aceptaron que el ministro compareciera, tal como lo permite la Constitución Política.
En la entrevista con La Nación, Torres había afirmado: “Lo que pasa es que somos una sociedad domesticada (…), la misma sociedad, nosotros nos hemos encargado muchas veces de facilitar (el narcomenudeo). Si al barrio suyo llega alguien y se pone a vender, ¿por qué no ir y tocarle la puerta y decirle ‘aquí en este barrio no se vende’? ¿Porque lo van a matar? No, no va a pasar eso, nunca. Yo fui, dirigí un operativo, me fui con una lancha por Cieneguita”.
Al cuestionársele el peligro de que la ciudadanía se enfrente a los vendedores de droga en sus barrios, el ministro respondió:
“¿Pero si usted se une con la comunidad? ¿Qué pasa? Yo lo he hecho en mi barrio, que es un barrio normal. Llegó un muchacho al frente de mi casa, tenía un acento como colombiano, estaba disparando, yo me le acerqué y le dije ‘¿usted de dónde es?’, me dice ‘soy de Colombia hermano’, y le digo ‘¿por qué dispara aquí?’ y él al otro día se fue del barrio. Claro, se dio cuenta que yo era policía, pero bueno”.
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‘Hemos estado ocupados’
Ante el Congreso, el jerarca de Seguridad dijo que ha estado ocupado en el trabajo contra el crimen y, como ministro, quiere ser recordado como el que le dejó seguridad al Estado costarricense. “Yo soy de carrera, aunque tenga un cargo político ahora”, comentó.
Torres argumentó que la seguridad se ve como un gasto y no como una inversión. Alegó que se debe atacar no solo la violencia directa, que es la visible, sino también la cultural y estructural.
Según el ministro, el 63% de los 656 homicidios cometidos en el 2022 fueron por disputas territoriales de bandas criminales.
Torres alegó que, según su visión, la intervención de los problemas de seguridad debe implicar investigación y aplicación de la ley, inteligencia integrada y prevención y control.
Esos aspectos, dijo, deben ir como ataque a la violencia directa, que se expresa como poder armado, atomización criminal, disputas violentas y control de armas y mercados.
En un objetivo estratégico número dos, para prevenir integralmente el delito, y conseguir una convivencia pacífica y prevención integrada, considera que se debe atender la violencia cultural, así como la violencia estructural través de la oferta laboral, oferta de justicia, oferta educativa, de salud y bienestar, y tecnológica.
Entre los cuestionamientos, la frenteamplista Priscilla Vindas le exigió una política nacional de seguridad, mientras que Gloria Navas, presidenta de la Comisión de Seguridad, le cuestionó desde cuándo está implementando el plan del que habló.
Aunque el ministro de Seguridad dijo que es una propuesta que tiene desde hace meses bajo el brazo, los diputados le exigieron más celeridad, y claridad en sus necesidades inmediatas.
Entre estas necesidades, mencionó la atención de la movilidad de los oficiales, a través de patrullas y financiamiento para sus oficiales.