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El Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron 10 órdenes de derribo y desalojo de propiedades ubicadas en la zona marítimo terrestre y lotes del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en Moín de Limón. Algunas estructuras incluso contaban con piscina.
Según el ministro de Seguridad, Jorge Torres, las viviendas pertenecen al crimen organizado y son utilizadas únicamente para guardar estupefacientes producto del tráfico internacional de drogas.
200 agentes del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ de San José, la Fiscalía Adjunta de Limón y varias unidades del MSP iniciaron los operativos desde las 6 a. m. de este martes. A las 10:30 a. m. enviaron la fotografía de una casa de dos pisos con muro y portón eléctrico que ya se encontraba hecha pedazos.
Las autoridades investigan los delitos de usurpación de bienes de dominio público e invasión al área de protección. Se identificaron a nueve sospechosos de apellidos González Cabezas, Ocampo Bustos, González Ocampo, Bravo Rodríguez, Lazo Suazo, Viales Lopez, Mora Segura, Godinez Walcott y González Martinez.
Una de las causas se sigue contra ignorado y por el momento se desconoce si existe algún vínculo entre los investigados. De acuerdo con la Fiscalía, las viviendas y piscinas infringen la ley de zona marítimo terrestre o fueron construidas en propiedades del Estado, específicamente del Instituto Costarricense de Turismo.
En las operaciones de este martes no trascendió el valor de las estructuras, desde cuándo existían o si contaban con permisos de construcción de la Municipalidad de Limón o de otras entidades públicas.
Como dato curioso, las propiedades estaban a muy pocos metros de la sede del Servicio Nacional de Guardacostas.
En los operativos se apersonó el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, quien explicó que se trata del “derribo de construcciones que están invadiendo zonas de protección y que están en propiedad estatal. Se ha coordinado el Organismo de Investigación Judicial y la Fuerza Pública para llevar a cabo este trabajo”.
Durante los trabajos de desalojo y demolición también participó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Además, se utilizó maquinaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) del OIJ fueron quienes se encargaron del despeje de personas de las estructuras y de llevar a cabo una segunda revisión en las propiedades, con el fin de custodiar a todas las personas que salieran de los inmuebles.
Una vez finalizados los trabajos de demolición, los agentes judiciales desarrollaron operativos en diferentes sectores de la provincia de Limón, para mitigar la incidencia criminal.
Bodegas del narco
Jorge Torres, ministro de Seguridad, afirmó que se trata de un trabajo que llevó meses y que fueron al lugar anticipadamente en tres ocasiones para planear la operación, porque saben que están “enfrentando al crimen organizado”, ya que las estructuras solo se utilizan para esconder droga producto del tráfico internacional.
“Queremos devolver un poquito de tranquilidad al pueblo limonense y también mostrar a estos delincuentes que estamos en un frente común, tanto el Ministerio Público, OIJ y Seguridad Pública”, agregó.
Por su parte, el fiscal general indicó que en diferentes causas el Ministerio Público solicitó medidas cautelares al Juzgado Penal de Limón, para el derribo de estas construcciones que invaden la zona de protección y propiedades estatales. “Se ha trabajado de manera coordinada”, destacó Díaz.
Finalmente, el director a. i. del OIJ, Randall Zúñiga, mencionó que esta operación es muy importante porque en esta franja de Moín donde estaban agrupadas las estructuras, existe un canal de agua que da hacia el mar Caribe y es utilizado por embarcaciones para pasar de manera libre sin ningún control.
Comentó que para aprovechar esta coyuntura y el hecho de que varios funcionarios se quedarán en este sector limonense durante varios días, han determinado la necesidad de hacer varios operativos policiales para hacer una contención de la incidencia criminal que existe en la zona.
“Para nosotros es muy importante recalcar que Limón y Puntarenas son dos sitios de interés para la Policía Judicial y hemos venido sistemáticamente impactando diferentes sitios que podemos considerar que generan algún tipo de incidencia criminal”, concluyó Zúñiga.
Caso en Portete
En junio del 2021 se conoció una sentencia del Tribunal Penal de Juicio de Limón que ordenó demoler el enclave portuario construido de manera ilegal entre los años 2014 y 2015 en la bahía de Portete, Limón.
Este sonado caso por usurpación de bienes de dominio público se abrió en el 2015 y en él figuró como implicado el conocido empresario limonense Gilbert Bell Fernández, conocido como Macho Coca. Bell y otros seis imputados habían sido sobreseídos en junio del 2019 por prescripción de la acción penal.
Sin embargo, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea revirtió la sentencia en abril del 2022 y ordenó un nuevo juicio, sin fecha conocida, para que los interesados puedan acudir a reclamar aquellas propiedades sobre las cuales consideren que existe un derecho legítimo.
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