Una reciente resolución del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea permitirá a Gilbert Bell Fernández, conocido como Macho Coca, reclamar como suya una pequeña propiedad dedicada a recibir pescado, en el sitio donde se encuentra el cuestionado enclave portuario en Portete, Limón, construido de manera ilegal entre el 2014 y el 2015.
El dato lo confirmó el abogado Álvaro Moreno Gómez, representante legal de Bell, quien agregó que otras personas con embarcaderos o edificaciones en tierra firme, en ese lugar, podrían presentarse en un nuevo juicio que todavía no tiene fecha de realización, para hacer valer sus intereses.
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Añadió que la Municipalidad de Limón puede acudir al debate para solicitar que se le permita administrar otro muelle grande construido en ese mismo lugar, para dedicarlo a proyectos de interés para la comunidad limonense. Esa estructura, al estar construida sobre el mar, con pilotes, no la puede reclamar ninguna persona y en la actualidad está bajo custodia del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) del Ministerio de Seguridad Pública.
El desalojo del enclave portuario de Portete se produjo en agosto del 2015. En aquel momento se abrió un proceso penal por el delito de usurpación de bienes de dominio público contra nueve personas. Bell y otros seis imputados fueron sobreseídos en junio del 2019 por prescripción de la acción penal. A juicio llegaron solo dos hombres de apellidos Lindo y Buchanan.
En un debate que concluyó en junio del 2021, el Tribunal Penal de Juicio de Limón absolvió de cualquier delito a Lindo y Buchanan, pero determinó que las construcciones debían demolerse para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de la playa, pues se trata de un espacio público.
Los trabajos, según el Tribunal, debía pagarlos la Municipalidad de Limón y las nueve personas que los construyeron. Sin embargo, Moreno impugnó la sentencia al considerar ilegal que se obligara a sus representados a pagar los trabajos de demolición, pues no estuvieron presentes en el juicio.
“No tuvieron la mínima oportunidad de ser oídos y ejercer su derecho constitucional de defensa técnica y material en juicio, sencillamente porque el Tribunal de Juicio (...) arbitrariamente no quiso recibirlos ni brindarles o tutelarles ese derecho y, más bien, en sentencia, en forma ilegal (...) ordena la demolición de lo que ocupan y la paralización total de sus actividades pesqueras artesanales en Portete”, señaló.
Los jueces de Apelación acogieron esa posición al determinar : “Los terceros civilmente interesados, podrán acudir (...) no solo para hacer valer sus derechos, sobre todo, cuando sea posible, reclamar la indemnización de cualquier daño.
“La jurisprudencia constitucional ha dispuesto que, ante la posibilidad de que estos terceros civiles puedan ser despojados de algún derecho de posesión, tendrán derecho a participar en el proceso penal, lo que resultaría aplicable en el presente caso, cuando incluso en sentencia, se podría ordenar la destrucción definitiva de las edificaciones sobre las que alegan tener derecho”, agregaron los juzgadores.
Así las cosas, según explicó el abogado Moreno, los jueces ordenaron un nuevo debate para que los interesados puedan acudir a reclamar aquellas propiedades sobre las cuales consideren que existe un derecho legítimo, incluido el recibidor de pescado de Bell Fernández.
El proceso
El enclave portuario de Portete fue construido de manera ilegal durante las noches y fines de semana entre los años 2014 y 2015, en un área de 22.000 metros cuadrados.
A pesar de la enorme actividad de construcciones que se desarrollaron en el lugar, pocas personas se dieron cuenta de las obras que allí se levantaban.
Tras una denuncia presentada por un oficial de la policía administrativa, la Fiscalía Adjunta de Limón y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrieron una investigación por posibles delitos ambientales y el 18 de agosto del 2015 allanaron el sitio.
Se desalojó a las personas del lugar, con excepción de dos pescadores adultos mayores que tenían sus casas ahí mismo.
En el sitio sobresale un muelle de cemento de 55 metros de largo, que ocupa un área de 712 metros cuadrados y que permite el atraque de navíos de gran tamaño. Además, hay otros seis atracaderos más pequeños.
Desde el 18 de agosto del 2015, el lugar permanece bajo custodia del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) y muchas de las construcciones en estos seis años se han deteriorado.
La Fiscalía acusó a nueve personas del delito de usurpación de bienes de dominio público. Los identificó como Gilbert Bell, dos hermanos suyos, uno de apellido Vel Fernández y otro Álvarez Fernández, así como seis personas apellidadas Garita Lara, Rivera Salazar, Guevara Mondragón, Picado Grijalba, Lindo Royes y Buchanan Sthepens.
Sin embargo, en junio del 2019 se dictó sobreseimiento por prescripción de la acción penal a favor de siete implicados, con la excepción de Lindo y Buchanan, a quienes se les juzgó en junio del año pasado cuando se les exoneró de cualquier responsabilidad.
