En entrevista con La Nación, el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, responde por qué su diagnóstico de deuda pública difiere del proyectado por el Banco Central y explica el manejo del dinero de los eurobonos.
Además, defiende la necesidad de endeudarse para invertir en obra pública en medio de una situación deficitaria y critica la creación de destinos específicos que amarran las finanzas públicas.
-¿Qué pasaría si la deuda supera el 70% del PIB?
Lo primero que tenemos que entender como costarricenses y la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, el sector empresarial y la gente de este país es que, si no hacemos nada, este año pasamos al 60% de la deuda a PIB.
"Y eso va a significar que los presupuestos de los años futuros limiten el crecimiento del gasto total, tanto el gasto corriente como el gasto en capital. Y eso no va a ser bueno para el país, porque va a desacelerar la economía demasiado rápido. Es muy bueno para el país porque limita la explosión en la que estábamos deuda-PIB.
¿Qué pasa si llegamos a 74%? Bueno, de aquí a allá van a pasar muchas cosas. Nos van a dar peores calificaciones a nuestra deuda, van a subir los intereses, el gobierno va a tener que estrujar, sacar del mercado de crédito al sector privado; las tasas de interés en el mercado doméstico internacional nos van a subir.
Eso hace que haya menos inversión, menos confianza, menos consumo, y nos podríamos meter en un círculo vicioso de desaceleración hasta llegar a una crisis. Ojalá que no".
-Usted llegó con una cifra muy optimista sobre la reforma al empleo público. ¿Cómo llegan a esa cifra ($630 millones anuales junto a una mejor gestión administrativa? Se lo pregunto porque, en algún momento, funcionarios de este gobierno dijeron que esa no era una ley fiscalista.
Mire, no es una ley fiscalista. Es una ley de mejor administración pública, de mejor transparencia y de manejo del sector público, pero tiene una gran ventaja, junto con la ley 9635, el título III, que regula el crecimiento de las remuneraciones.
“También tiene efectos fiscales porque, para los empleados públicos que entren en los próximos cuatro años, se va a cambiar el sistema de tener un salario único, de que los aumentos sean a la base, como este año”.
-En términos del panorama. Hay otra cifra, del porcentaje de la deuda en relación con el PIB, que lo saca a uno de base porque el Banco Central había hablado de que, en el 2022, si no me equivoco, llegaría a un 65% y luego empezaría a bajar. Eso le había traído cierta tranquilidad al país. Incluso, cuando usted hace el anuncio, la diputada Silvia Hernández, la jefa de Liberación Nacional, dice: ‘Es que siento como si hubiéramos retrocedido dos años’. ¿Por qué esa diferencia entre la proyección que hacen ustedes y la que hizo el Banco Central?
La proyección que hizo el Banco Central y la que hicimos nosotros varía en algunos porcentajes, incluyendo este de la deuda pública, pero no varía de una manera material.
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"Primero, el Banco Central había proyectado, y siempre ha sido la proyección, de acuerdo con mi conocimiento, que la deuda empieza a bajar producto de la ley 9635, la responsabilidad fiscal, a partir del 2024 también.
Nosotros decimos lo mismo cualitativamente, en las proyecciones de lo que nosotros llamamos el caso base.
Y al final de cuentas, lo que importa es que tanto el Banco Central como el Ministerio de Hacienda tienen la proyección de que este año, el 2020, la deuda va a pasar el umbral de 60%, y eso es lo que no le conviene al país".
-Y la regla fiscal va a aplicar para los gastos de infraestructura…
Obviamente.
-Pero no me queda claro. Estamos hablando de más de siete puntos porcentuales de diferencia entre esas proyecciones. ¿Hubo algún hecho, algún gasto, alguna previsión de endeudamiento que haga que la cifra de ustedes sea mucho más alta y en más plazo?
Yo creo que lo que está pasando y lo voy a revisar con don Rodrigo Cubero (presidente del Banco Central), es un buen amigo con quien trabajamos bien, lo que está pasando es que el Ministerio de Hacienda está muy preocupado y le está dando mucho peso al crecimiento de la carga de intereses.
“Ya teníamos incorporada la posibilidad de que Moody’s nos bajara la calificación y el efecto que eso podría tener en la deuda nueva y, por eso, adelantándonos a ese evento, fue que pudimos tener una conversación con el presidente y el gabinete para tomar estas medidas adicionales, que no estaban previstas”.
-O sea, ¿ustedes hicieron una actualización del diagnóstico?
Sí señor.
-¿Se podría decir que los cálculos anteriores estaban subestimados o desactualizados?
Uno tiene que mantener el diagnóstico vivo. Es una cosa que hay que hacer frecuentemente; precisamente, porque hay sorpresas, hay eventos inesperados. Pero, fundamentalmente, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, en lo que queremos hacer en el país, cómo vemos la economía, estamos muy bien sintonizados.
-Si se aplicaran las medidas, cunado este gobierno saliera, ¿en cuánto quedaría la deuda como porcentaje del PIB?
Si se hacen estas medidas, para el cierre del 2022 la deuda, en lugar de ser 68%, sería 56,5%. Eso es progreso verdadero. Y repito, sin ponerle más impuestos al pueblo, sin cortar servicios públicos fundamentales.
-Muchas de estas reformas necesitan el aval legislativo. Podemos ver algunas, una por una. La primera: los préstamos de apoyo o eurobonos para cancelar deuda. Usted, incluso, usó la expresión ‘amárrennos’. Que solo lo usen para cancelar intereses y deuda. Diputados tenían la queja de que, por ejemplo, con el tema de los eurobonos, no se han utilizado, todavía, en su la totalidad para pagar deuda. ¿Eso es cierto?
Los eurobonos se están utilizando para pagar deuda, pero uno tiene que manejar esas cosas cuidadosamente. Si nosotros hubiésemos agarrado los $1.500 millones que se emitieron el año pasado y los convertimos de dólares a colones para pagar la deuda más cara en este momento, que es deuda en colones, le hubiéramos dado un golpe al tipo de cambio muy fuerte, y eso no es bueno.
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"Esta economía tiene que tener balance porque somos una economía abierta, el tipo de cambio importa mucho, y hay que manejarlo con cuidado. Entonces lo que se ha venido haciendo es pagando los intereses más caros convirtiendo de dólares a colones de una manera prudente.
Tengan la seguridad los señores diputados que no se va a usar un colón para un propósito diferente que ese, pero con cierta prudencia que es lo que requiere el manual macroeconómico".
-¿Esos superávits (que desean tomar para pagar deuda) es dinero que las instituciones tienen contante y sonante en las cuentas? ¿Lo tienen en bonos? ¿Está en caja única del Estado?
Los superávits son una gran cantidad de recursos, que no se han comprometido, que andan flotando ahí, en algunos casos en bonos, donde el gobierno le está pagando intereses a otras partes del sector público. El gobierno central le paga intereses altos, al 7,9% en promedio.
“No están comprometidos (los recursos), no se están usando, están en cuentas bancarias, nos encontramos una institución que tenía ¢30.000 millones en una bancaria a 0% (de interés) en mucho tiempo”.
Se puede administrar el balance de situación de valor público total, no solo del Gobierno Central, de una manera más efectiva y de ahí viene que queremos usar en total $1.500 millones, incluyendo estos superávit darle un 'guamazo’ a la deuda.
La gente tiene que pensarlo así, la hipoteca nos está matando, estamos buscando como hacer una amortización extraordinaria".
-Sobre tomar una porción de las utilidades de las empresas públicas, entiendo que del INS, el BCR, el BN y Correos. Las más grandes, las tres primeras, sobre todo los bancos, siempre han tenido una carga fuerte de lo que llaman cargas parafiscales, las cuales restan las utilidades de los bancos, porque le tiene que dar al Infocop, a Conape con base en un porcentaje establecido por ley. Entiendo que los bancos dijeron ‘estamos de acuerdo, pero mejor hagamos una sola cuenta, que nosotros le demos un solo aporte al Estado y ustedes lo distribuyen como crean que debe ser’.
Lo que los bancos proponen es lo que hacen todos los países modernos que tienen empresas del Estado.
"Los destinos específicos, ya sean de impuestos o de cuando se capturan utilidades y se mandan legislativamente a utilizar a empresas públicas para un propósito, a mí me parece que tienen una complicación.
Cuando una Asamblea Legislativa o un periodo legislativo dice ‘se va a poner este impuestos sobre el trabajo, sobre el alcohol, sobre un bien o una actividad económica, y se le va a dar de hoy hasta que cambie la ley, muchísimos años después, a un destino específico’, ahí hay una usurpación del derecho que tienen las legislaturas futuras y los poderes ejecutivos futuros de elaborar un presupuesto de acuerdo a las necesidades cambiantes que va a tener el futuro.
Lo que los bancos están diciendo es 'valdría la pena que nosotros le pasemos al gobierno un porcentaje de las utilidades y que, entonces, el gobierno con esos ingresos prepare un presupuesto, vaya a la Asamblea Legislativa y diga, señores diputados y señoras diputadas, les parece que Infocop reciba este año, que Conape reciba este año tanto dinero o no, y que la Asamblea Legislativa, como lo manda la Constitución, tome las decisiones.
Eso me parece mucho más transparente, mucho más eficiente para manejar el gobierno, el sector público de una manera más justa, de presupuestación intergeneracional.
Se tomó la decisión de que un porcentaje de las ganancias va a ir para pagar deuda por un periodo de diez años posiblemente y estamos viendo el mecanismo específico, con parafiscales o sin parafiscales".
-¿Esa porción de las utilidades que tendrían que pasar las empresas públicas es antes o después del impuestos de renta? ¿o el impuestos de renta sería incluido?
Sería incluido. En la Unión Europea, la mayoría de los países hacen que las empresas del Estado, creo que en promedio debe andar en 60% o 65%, pasen el presupuesto como dividendos, como impuestos de renta, como usted lo quiera llamar, sus utilidades, que tiene sentido.
-Hubo otro tema que también levantó roncha, el del secreto bancario ¿Por qué la idea de levantar el secreto bancario?
Suena muy tenebroso el secreto bancario.
-Es que tiene que ver con la intimidad de la gente.
En 153 países esa intimidad no existe, ¿Cuáĺ es la diferencia? La intimidad de saber cuánto dinero tiene una persona en el banco y la intimidad de saber cuánto vale la casa en que usted vive. Filosóficamente hablando, es un activo, usted puede convertir su efectivo en el banco en propiedades, puede convertirlos en vehículos, la gente que tenga más dinero en yates, y ahí no hay intimidad de saber cuánto vale su carro, su casa… pero en el dinero sí, y mire, el G20, la OCDE, declararon el 2019 el año del fin de los secretos bancarios.
-¿Usted lo ve como un tema trascendental en este paquete de medidas? Porque hubo una conferencia del PLN y el PUSC, en la que decían que había sido un distractor.
Yo no veo porque, es un tema de país normal, es un tema de país moderno, mejor dicho, de país transparente, de país que quiere reducir la informalidad.
“Vea, a mí me cuentan que, por ejemplo, hay puestos donde se venden ‘tiempos’ o se hacen apuestas, donde hay carros caros parqueados al frente… ¿no ayudaría poder ver quiénes son los dueños de esas cosas, de este tipo de negocios altamente informales y ciertamente no regulados o regulados de una manera insuficiente y poder trazar que activos y qué fondos tiene la gente que opera eso?
Aquí no hay ninguna intención expropiatoria".
-Los créditos para la obra pública, para el proyecto del tren, ¿qué peso tiene en la ecuación. ¿Son créditos más manejables? ¿Son créditos que estén presionando y por lo que sea necesario reducir la deuda que se creó para pagar gasto corriente?
Un déficit de infraestructura pública de $99.000 millones en una economía de $63.500 millones es un déficit enorme. Entonces, lo que el país ha hecho por muchos años es gastar en gasto corriente, algunas veces de manera alegre desde mi punto de vista, y para hacer eso, cortar en infraestructura, eso nos está causando las presas que usted conoce, la congestión en los puertos, en los aeropuertos, la falta de competitividad.
"Entonces el país ha tomado ciertamente, el señor presidente, la decisión de que hay que continuar invirtiendo en infraestructura, pero ¿cómo lo financiamos si tenemos un déficit? El tren eléctrico es un inversión de $1300 millones dólares, de los cuales el gobierno va a aportar $550 millones.
Entonces, el presidente le dice al ministro de Hacienda ‘vamos a tomar una decisión de gobierno, consiga los $550 millones de dólares’.
Dada la dinámica fiscal, yo solo puedo tomar una decisión. Hay dos lugares: en el mercado internacional o local más o menos al 8% (de interés) o ir a un organismo internacional y conseguirla a un 3% aproximadamente; en el mercado local a ocho años o más, en el mercado internacional tal vez 10, o en el organismo internacional a 18 o 20 años.
¿Como la finaciaria usted? Por supuesto que afecta la deuda, pero es una inversión que tenemos que financiar en una situación deficitaria, pero hay dos manera de hacerla, a la barata o a la cara, y en este caso se ha hecho a la barata, con un componente muy importante en el caso del tren eléctrico.
-¿Todo eso estaba contemplado antes en la ecuación de la deuda?
Sí claro.