La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, descartó renunciar tras al acuerdo suscrito por el Gobierno, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los sindicatos para mantener intactos los incentivos en esa institución, pero advirtió de que hay procesos para que la ley se cumpla.
“Estoy comprometida con mi trabajo. En el tanto pueda contribuir con el país con mi trabajo lo seguiré haciendo, en el tanto cuente con la confianza del presidente”, manifestó Aguilar este miércoles en una conversación telefónica con La Nación.
Consultada sobre si piensa conversar con el presidente de la CCSS, Román Macaya, sobre el último acuerdo que suscribió con los gremios del sector salud, manifestó que es al mandatario a quien corresponde realizar ese tipo de llamados y no a ella.
Durante las últimas semanas, la funcionaria había insistido en que se deben cumplir todas las disposiciones establecidas por la reforma fiscal para regular los pluses salariales y que si se dan pagos ilegales, estos deberán ser devueltos.
No obstante, el pasado lunes, el Gobierno, la CCSS y los gremios acordaron mantener el actual sistema de pago de incentivos por porcentajes, en vez de convertirlos en pagos nomimales como indica la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
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La medida se mantendría mientras un juicio de lesividad aclara si tal disposición es legal o no. Dicho proceso judicial puede tardar hasta cinco años.
Al respecto, la ministra reiteró su inconformidad con el acuerdo pero advirtió de que, desde el punto de vista presupuestario, a la Contraloría General de la República le corresponde revisar si las instituciones cumplen con las disposiciones legales y que en caso contrario, tendrá que actuar.
“Es como que yo lleve un presupuesto que no cumpla con las especificaciones, pues los diputados estarán en todo su derecho de no aprobarlo (...). Cuando la ley no se cumple habrá procesos para que se cumpla”, agregó la funcionaria.
De acuerdo con un criterio emitido el pasado 29 de mayo por la Procuraduría General de la República, la Contraloría podría improbar parcial o totalmente los presupuestos de las instituciones si no se cumplen las disposiciones del plan fiscal.
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El pasado martes, la contralora general Marta Acosta expresó su inquietud por el acuerdo suscrito para mantener los pluses en la CCSS.
“Preocupa por tanto a esta Contraloría, que en este momento crucial se esté resquebrajando el propósito fundamental forjado con el esfuerzo de diferentes actores, por cuanto el equilibrio económico y social es responsabilidad de todos los sectores sin excepción", señaló Acosta,
"Los tomadores de decisiones se muestran incongruentes con las posiciones que están tomando con respecto a CCSS, a las universidades y a las municipalidades, relacionadas con la aplicación de la reforma y de la regla fiscal, lo cual en el corto y mediano plazo puede traer graves consecuencias económicas y sociales para el país”, aseveró.
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Advertencias
En anteriores declaraciones, Aguilar ha insistido que todas las instituciones deben cumplir con la regla fiscal y con las nuevas reglas de empleo público que introdujo la reforma fiscal. Además, que todo pago que se haga fuera del marco de la ley, debe devolverse al Estado.
Asimismo, advirtió que “ya sea un contribuyente o un miembro del Estado que no lo haga (no cumplir con la ley) se tomarán las acciones y decisiones que corresponden”.
La ministra reconoció que el gobierno ha contado con el apoyo de la sociedad para llevar adelante la reforma fiscal y, por lo tanto, estima que no se generará un clima de desconfianza ni en los ciudadanos ni en los mercados.
“Todos saben que el país tomó una decisión, que tiene una ley, que se va a cumplir, que tiene sus dificultades, pero todos los mercados pueden estar seguros que nosotros como gobierno estaremos cumpliendo con la ley con el único propósito de lograr estabilizar las finanzas públicas”, dijo Aguilar.
