El Ministerio de Planificación (Mideplán) se prepara para asumir su rol de rector del empleo público, en caso de que los diputados aprueben en segundo debate la reforma fiscal.
La iniciativa establece que la entidad deberá encargarse de dar “unificación, simplificación y coherencia” al sistema de remuneraciones, lo cual incluye emitir lineamientos “generales” para la evaluación del desempeño de los funcionarios del Estado.
Ante los recelos que han surgido desde distintas instituciones, la jerarca de Mideplán, Pilar Garrido, asegura que la idea es ordenar los regímenes de empleo público, sin llegar a imponer una camisa de fuerza sobre las instituciones.
“Lo que se pretende es generar lineamientos que sean generales, pero sobre la base de la rigurosidad técnica y también sobre la base de lo que es la búsqueda de la excelencia de la gestión pública y, también, que sea lo suficientemente flexible para que no se convierta en una trampa”, aseguró Garrido.
Las nuevas atribuciones que tendría Mideplan se definen en el título del plan fiscal sobre empleo público. El artículo 46 le otorga potestad rectora sobre el sistema de empleo público, y el 47 le asigna la tarea de emitir lineamientos generales para la evaluación de los funcionarios, aplicables a todo el sector estatal.
“La evaluación del desempeño de los funcionarios se fundamentará en indicadores cuantitativos de cumplimiento de metas individuales de productos y servicios prestados, vinculados a los procesos y proyectos que realice la dependencia a la que pertenece; y la del cuerpo gerencial en todos sus niveles para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (...) Los lineamientos generales aplicables para todo sector público, los definirá el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, con el objetivo de homogenizar y estandarizar, con las salvedades respectivas, los métodos de evaluación y los sistemas de información respectivos”, dice el artículo 47 del proyecto de ley.
De acuerdo con Garrido, tal disposición se traduce en que Mideplán emitirá un lineamiento general que cada institución deberá adaptar para evaluar anualmente a sus funcionarios.
“Nosotros no le vamos a decir a nadie cómo tiene que evaluar a sus funcionarios públicos, sino que lo que le vamos a decir es que tiene que tomar en cuenta los resultados de su institución, tiene que tomar en cuenta ciertas competencias y que esas competencias son diferenciadas de acuerdo al nivel de responsabilidad que se ostenta”, dijo la jerarca.
El proyecto de ley establece que el instrumento de evaluación del desempeño deberá asignar un 80% de la nota según el cumplimiento de metas anuales definidas para cada funcionario, y un 20% que determinará cada jefatura.
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La nota de dicha evaluación determinará si los empleados reciben el incentivo por anualidad. Para obtenerlo, deberán obtener como mínimo un resultado de “muy bueno”. Actualmente, se lo ganan con un mínimo de “bueno”.
“Se trata de que la manera como te evalúan a vos como funcionaria pública está alineada a las metas de la institución y esté alineada también al cumplimiento de objetivos nacionales”, señaló Garrido.
El proyecto de ley de reforma fiscal dispone que la supervisión de la evaluación del desempeño será una tarea compartida entre Mideplán y el Servicio Civil: el primero girará lineamientos generales y el segundo emitirá las disposiciones técnicas y metodológicas para la aplicación de los instrumentos.
“(Mideplán) le daría al Servicio Civil las grandes líneas, las grandes potestades. Por ejemplo: si esa debería ser una evaluación que incluya elementos de alcance de objetivos por resultados, que se trabaje por resultados y no por un tema de horas, como hoy se aplica, que es la permanencia del funcionario en la institución y la puntualidad, y sea más bien basado en resultados, esos grandes lineamientos, para que el Servicio Civil haga el cambio al instrumento”, explicó la diputada liberacionista Silvia Hernández.
Garrido adelantó que Mideplán y el Servicio Civil ya están desarrollando en conjunto un instrumento de evaluación del desempeño con el esquema 80% - 20% que define el plan fiscal.
La jerarca reveló que, ante la perspectiva de tener que asumir las nuevas funciones, si se aprueba la reforma fiscal, el ministerio también empezó un diagnóstico de su capacidad de ejecución.
“Estamos haciendo como una evaluación de nuestras capacidades para afrontar ese desafío. Estamos en ese proceso de evaluación de las implicaciones, a la luz de nuestros recursos y de nuestras capacidades”, informó la jerarca.
¿Y la Corte?
Garrido considera que la rectoría del Mideplán en empleo público y evaluación del desempeño no entran en conflicto con la autonomía que tienen algunas entidades estatales, como la Corte Suprema de Justicia, para la gestión de su recurso humano.
La jerarca aseguró que la flexibilidad de sus lineamientos garantizará que el Poder Judicial siga ejerciendo dicha libertad.
No obstante, la ministra señaló que aún debe esclarecerse si el Poder Judicial tendría que considerarse una excepción al alcance de la rectoría del Mideplan.
La duda surge porque la misma reforma fiscal dice que los lineamientos generales de Planificación serán aplicables a todo el sector público, “con el objetivo de homogenizar y estandarizar, con las salvedades respectivas, los métodos de evaluación y los sistemas de información respectivos”.
Hernández recordó que esa una de las dudas que deberá evacuar la Sala Constitucional, al responder la consulta de constitucionalidad del proyecto de ley.
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“Y en el caso de que no se considere (una excepción) como tal, lo que aplicaría es el lineamiento lo suficientemente general que le permita al Poder Judicial determinar cómo evalúa a sus jueces de provincia, o cómo evalúa a sus magistrados, cómo evalúa a sus funcionarios de acuerdo a los diferentes escalafones salariales y de acuerdo a la responsabilidad que cada uno ostente".
"No se trata de desincentivar la carrera profesional, sino de ordenar y garantizar que, efectivamente, no haya abusos ni privilegios, sino que lo que haya sea un sistema sobre la base de la eficiencia, la excelencia, la meritocracia y la equidad, que es muy importante”, declaró Garrido.
Garrido reconoció que el alcance de la autoridad del Mideplán en materia de evaluación del desempeño, así como los detalles del sistema de evaluación, se tendrán que definir en el reglamento con el que se ejecutará la ley.
No obstante, adelantó que la cartera sí podrá dar indicaciones para que en las instituciones se implementen incentivos por buen desempeño distintos de los pluses salariales, o para que se tome en cuenta la necesidad de capacitación que tienen los empleados públicos.
Por el contrario, quedará fuera de la discusión la creación de nuevos sobresueldos, debido a que el plan fiscal establece que los pluses solo se podrán crear mediante leyes. Las entidades tampoco tendrían permitido asignar porcentajes de compensación por dedicación exclusiva superiores a los que dice la ley, ni podrían omitir evaluar a sus funcionarios.