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Solo los empleados públicos “muy buenos” o “excelentes” serán merecedores de la anualidad, si se aprueba la reforma fiscal.
Los diputados de la comisión que dictamina el proyecto aprobaron una moción para elevar la nota mínima que se requiere para recibir este incentivo. Actualmente, un “bueno” es suficiente.
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Esta moción, presentada por el Partido Liberación Nacional (PLN), es parte de las enmiendas de los diputados a la reforma fiscal en el capítulo de empleo público que busca reducir el gasto estatal en remuneraciones. Se trata de una modificación a la actual Ley de Salarios de la Administración Pública.
Con este cambio, se mejoró la propuesta del gobierno que mantenía la calificación mínima en “bueno”, tal como se otorga en la actualidad.
De acuerdo con la moción, la nota dependerá en un 80% del cumplimiento de metas del funcionario y el otro 20% de la calificación que le otorgue la jefatura a sus empleados.
La enmienda cuenta con el aval de la actual ministra de Planificación (Mideplán), Pilar Garrido.
Consultada la diputada liberacionista Yorleny León sobre el cambio, aseguró que es lo correcto para compensar el esfuerzo extra que se realice. Aseguró que así se premiará a los más eficientes, los que estén en los dos mejores niveles.
¿Cómo se evaluarán los empleados? Precisamente esta reforma pretende introducir nuevos criterios de evaluación de desempeño.
A partir de la vigencia de la ley, el Mideplán y la Dirección General de Servicio Civil tendrán seis meses para crear el instrumento de evaluación.
Garrido confirmó que ya están trabajando en la nueva norma que aplicará para los empleados públicos. Además, se crearía una específica para los puestos de alta gerencia, dijo la jerarca.
La diputada reconoció que este proyecto de ley es todavía muy superficial en cuanto a los criterios de evaluación, pero que dicha normativa deberá pulirse en el proyecto de empleo público que presentará el gobierno a más tardar en marzo del próximo año.
Otro cambio importante que introduce la propuesta fiscal es que la anualidad estará sujeta a la evaluación para todo el sector público; ahora solo los empleados del gobierno central son calificados obligatoriamente para recibir el incentivo, aunque la gran mayoría lo gana porque reciben calificación “excelente”.
En instituciones como el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) o la Junta de Protección de Social (JPS), los empleados reciben el incentivo sin evaluaciones de desempeño, en forma automática.
Monto fijo
El gobierno y los diputados acordaron que el valor de la anualidad variará con la reforma y coincidirá con la medida de contención anunciada por la administración Alvarado Quesada en mayo.
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Así, pasa de ser un porcentaje, de un 1,94% para los profesionales y de un 2,56% para los no profesionales, a un monto fijo según la escala salarial, la cual se basaría en esos mismos porcentajes, tal como lo aplicó el gobierno desde junio de este año.
Con esta mejora, se evitaría el crecimiento exponencial en el gasto en anualidades, al evitar porcentajes que se calculan sobre el salario.
Según confirmó León, este monto fijo también aplicará a las instituciones que tienen convención colectiva, a partir de cuando se venzan los convenios, cuya vigencia oscila entre uno y tres años.
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Rectoría
La moción de Liberación también dio al Mideplán la rectoría sobre empleo público.
Es así como se formalizaría la labor que ha venido desarrollando esta cartera, que actualmente coordina el proyecto de empleo público que saldrá a consulta en el tercer trimestre de este año, según Garrido.
En los últimos años, se han hecho intentos para establecer esa rectoría entre el Ministerio de Hacienda y el Mideplán, por medio de decretos. Sin embargo, con esta reforma quedaría definido por ley.
La administración Solís Rivera se opuso a delegar solo en el Mideplán esta coordinación y creó una comisión entre esta cartera y los ministerios de Hacienda, Trabajo y Presidencia.
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Pero por su naturaleza de planificación, los diputados coincidieron que la idoneidad la tenía el Mideplán, lo cual es visto con buenos ojos por la jerarca de la esa institución.
De acuerdo con la moción aprobada, le corresponderá al Mideplán “establecer, dirigir y coordinar las políticas generales, la coordinación, asesoría y apoyo a todas las instituciones públicas, y definir los lineamientos y normativas administrativas que tienda a la unificación, simplificación y coherencia en el sector público”.
Garrido amplió que se trata de una rectoría que definirá los lineamientos generales no solo en el tema de remuneración, sino también en capacitación y reclutamiento.
Actualmente, la Dirección General de Servicio Civil es la que dicta la normativa para el gobierno central. En cambio, las instituciones autónomas, por ejemplo, tienen su propia pauta.
