Los intentos anteriores por crear una rectoría para el empleo público naufragaron.
El primero de ellos fue el decreto ejecutivo N°. 36857-MP-PLAN-H del 9 de noviembre del 2011, para la creación de la rectoría política en materia de empleo del sector público, impulsado por el entonces ministro de Hacienda, Fernando Herrero. La función se le encomendaba a la Autoridad Presupuestaria.
Tras una férrea oposición de los sindicatos, el decreto se derogó en abril del 2012 con el decreto 37103-MP-PLAN-H.
Luego se hizo otro decreto, el número 37241-MP-PLAN del 19 de julio de 2012, el cual otorgó al Ministerio de Planificación la rectoría del sector público.
Roberto Gallardo, quien era en ese momento el ministro de Planificación, explicó que esta rectoría implicó que el ministerio hiciera un diagnóstico y propuso un proyecto de ley para ordenar las remuneraciones. Se trató de negociarlo con los sindicatos pero nunca fructificó.
Otra visión. El actual Gobierno no siguió con esta idea porque consideró que la rectoría no se puede tratar como un sector.
“En esta administración se consideró que el empleo público es un asunto transversal a todas las instituciones públicas y por tanto, no era posible darle un tratamiento como un sector que tiene a su cargo un área específica de trabajo”, justificó la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez.
La actual administración optó, entonces, por crear una Comisión de Empleo Público.
En esta participan los ministros de Hacienda, Trabajo y Seguridad Social, Presidencia y Planificación, que es el coordinador.
De acuerdo con Sánchez, la comisión ha trabajado en tres ejes: austeridad, equidad y calidad.
Y han definido algunas políticas, por ejemplo, para racionalizar las horas extras, viáticos y viajes al exterior, entre otros. Además, se presentó el proyecto para poner tope a pensiones de lujo y se dieron disposiciones para que las autoridades del Poder Ejecutivo las apliquen en materia de dedicación exclusiva y prohibición, así como revisión de plazas.
No obstante, la materia vital de una ley de empleo público para ordenar el sistema, sigue pendiente. Para ello se presentó a la Asamblea Legislativa una moción con el fin de integrar una comisión mixta que estudie y proponga una alternativa integral para el empleo público.
La opinión del exdirector del Servicio Civil, José Joaquín Arguedas, es que, al igual que con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica), el nudo gordiano del empleo público costarricense solo lo podría soltar un referendo.
“Con las complejidades legislativas y la judicialización de todas las cosas, ninguna reforma seria pasaría de una Comisión Legislativa”, consideró.
