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Así como para los negocios la reputación es un activo de sumo valor, también debe serlo para las entidades públicas

La evaluación del funcionariado es un mandato de la Constitución

El 99% de los trabajadores del Poder Ejecutivo obtuvo una calificación de excelente o muy bueno en el 2020 en la evaluación de su desempeño, según se desprende del reporte que publicó la Dirección General del Servicio Civil en noviembre pasado.

Proyecto ahorraría unos ¢67.000 millones en pago de incentivo salarial; fue aprobado de forma unánime en la Comisión de Asuntos Económicos y pasará al plenario para su discusión final.

La actual evaluación de los educadores "es poco menos que inútil”.Así de contundentes fueron las autoridades que trabajan en la elaboración del Marco Nacional de Cualificaciones para las carreras de Educación.

Nueva legislación eliminó el pago de un punto de carrera profesional que se otorgaba si los docentes salían bien calificados en dicha evaluación. También, si sacaban buena nota se les paga un 1,94% del salario base por la anualidad.

Un 80% de la evaluación del desempeño dependerá del cumplimiento de objetivos, mientras que el 20% restante lo determinará la jefatura considerando competencias individuales y una autoevaluación.

Hasta ahora, el pago ha sido prácticamente automático y, en consecuencia, inútil como reconocimiento de la buena labor y estímulo para mejorar. La tragedia no es la falta de un sistema de evaluación del desempeño. Lo hemos tenido durante años. El problema es su diseño y la falta de rigurosidad en su aplicación

Pilar Garrido, jerarca de Mideplán, asegura que la idea es ordenar el sistema sin llegar a imponer una camisa de fuerza sobre las instituciones

Solo 43 de los 79.823 empleados del MEP recibieron una calificación de "inaceptable", "insuficiente", "deficiente" o "regular", por parte de sus superiores, en la última evaluación del desempeño realizada en 2016.