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La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, les propuso a los diputados aprobar una reforma legal para ponerle freno al crecimiento del gasto público en las anualidades de los funcionarios, así como en otros incentivos.
En el plenario legislativo, Aguilar informó de que el Gobierno decidió mantener fijo el monto que paga por anualidad a cada uno de sus empleados, de manera que este plus no tendrá aumento alguno.
"A partir del 1.º de junio del 2018, el monto por cada anualidad será fijo, no tendrá crecimiento. Es una medida que, solo en el Gobierno Central, ahorraría en cuatro años ¢96.000 millones, y el beneficio será creciente en el tiempo", dijo.
No obstante, la jerarca advirtió de que el Ejecutivo no puede aplicar esta medida en otras instituciones que pagan anualidades mucho más altas, hasta un 10% del salario base por cada año, como en las instituciones descentralizadas, pero enfatizó que los legisladores sí pueden.
"Ustedes sí tiene la posibilidad de hacerlo a través de la incorporación en la reforma fiscal de hacerlo obligatorio y vinculante para el resto del sector público", les dijo Aguilar a los diputados.
Por tanto, les pidió a los partidos políticos incorporar, en la reforma fiscal, "un apartado que contemple la transformación de los actuales incentivos laborales a un monto nominal para todo el sector público".
"Esa medida culminará cuando se introduzca una modificación al proyecto 20.580 (reforma fiscal), que establezca que todos los pluses del sector público se definirán nominalmente, para que crezcan todos los pluses conforme la inflación y no como ahora (por porcentajes, lo que provoca un efecto cascada); o bien, con la aprobación de una nueva ley de empleo público, pero no hablo solo del tema salarial. Costa Rica tiene el reto de contar con cantidad y sobre todo calidad del recurso humano que demandan los retos actuales y los futuros".
Aguilar manifestó que lograr que los incentivos pasen a un monto nominal, en lugar de un porcentaje, en las instituciones descentralizadas, "tendría un efecto fantástico en las finanzas públicas en general".
La ministra recordó que, en el caso de la Contraloría, la reforma a las anualidades fue sometida a prueba en los tribunales y salió avante.
Agregó que ningún funcionario público actual verá su salario reducido en un colón, sino que mantendrán su valor nominal.
Adicionalmente, Aguilar enumeró las siguientes medidas:
Dedicación exclusiva
Vía decreto, el gobierno de Carlos Alvarado reducirá el porcentaje que se paga por dedicación exclusiva a los nuevos funcionarios, ”solo para nuevos, porque no se puede hacer con los actuales, pues estaríamos violentando derecho que está en su esfera patrimonial”, dijo la ministra.
El incentivo por dedicación para bachilleres se reducirá a un 10% del salario base y para licenciados a un 25%. Actualmente, los bachilleres reciben un 20% y los licenciados un 55% del salario.
Carrera profesional
Se mantendrá sin variación el valor de los puntos que se asignan al incentivo de carrera profesional que reciben los funcionarios.
"Ese incentivo –explicó la ministra– tiene varios componentes, en algunas oportunidades títulos que el puesto exige y por el cual pagamos puntos de carrera profesional, capacitaciones que son financiadas con recursos públicos y tiene un problema adicional, que no importa hace cuánto tiempo se recibió la capacitación, el monto se sigue actualizando y llega hasta el final de los días del funcionario en la administración".
Prohibición
En cuanto al incentivo conocido como prohibición, la ministra dijo: "Queremos que este Congreso, ya sea con el 20.580 o con una propuesta nueva, reduzca a un 30% (del salario base) el pago de prohibición a profesionales, que ha generado grandes distorsiones en la escala salarial del sector público. Actualmente, se paga del 25% al 65%.
Salario único
"Para instituciones bajo la Autoridad Presupuestaria, pero fuera del Servicio Civil, vamos a crear un sistema salarial nuevo, no plagado de los incentivos que hoy tenemos; el salario base representará responsabilidades, requisitos para cada uno de los puestos".
Presupuesto del 2019
El presupuesto del 2019 se mantendrán con el mismo monto nominal del 2018, con excepción de las partidas para inversión, pago de deuda y pensiones.
Incrementos salariales en el Gobierno
Con el fin de evitar el crecimiento exponencial del costo de los salarios, se decretará semestralmente un monto fijo de incremento para cada funcionario, en lugar de decretar porcentajes de aumento. Ese monto será el resultado de aplicar el porcentaje del costo de vida al salario base más bajo, con lo cual se protegería el valor de los salarios más bajos.
El aumento salarial fijo para el próximo año será de ¢3.750 en el primer semestre y de ¢3.750 en el segundo.
"El impacto anual de esta medida se estima en ¢12.600 millones incluyendo cargas sociales, cifra equivalente a la suma de los presupuestos ejecutados por el Ministerio de Comercio Exterior y Presidencia en el 2017. Se exhorta a los Poderes de la República y al resto del sector público a actuar en consonancia con esta medida, la cual culminará cuándo suceda una de dos circunstancias".
Destinos específicos legales
La ministra pidió a los diputados incorporar a la reforma fiscal el capítulo para ponerle freno a los destinos específicos legales, es decir, los gastos que el Gobierno debe hacer por obligación legal aunque el dinero no alcance o aunque no sea necesario.
Se trata de gastos nacidos en leyes creadas por los diputados, quienes ordenaron destinar cierto porcentaje de un impuesto a un determinado fin, sin prever si el Ejecutivo tendría el dinero para hacerlo.
Aguilar dijo que los programas sociales mantendrían el presupuesto aprobado a la fecha y que, considerando que solo ejecutaron el 91% de sus presupuestos de 2017, tendrían una holgura del 9%.
Convenciones colectivas
El presidente Carlos Alvarado emitirá una directriz que obligue a la renegociación de convenciones colectivas. Además del Ministerio de Trabajo, se integrará al Ministerio de Hacienda en la Comisión de Negociaciones.
Pensiones de lujo del Magisterio
Se procederá a la retención de la contribución solidaria a más de 200 pensionados de lujo del Magisterio Nacional, que reciben más de ¢3,8 millones mensuales, lo cual permitirá recaudar más de ¢2.000 millones por año.
En noviembre de 2017, el entonces diputado Ottón Solís le envió una carta al Ministerio de Hacienda, para advertirle que 226 personas con pensiones millonarias del Magisterio no estaban pagando la contribución especial creada en el artículo 71 de la reforma 7.531, que modificó ese régimen. Añadió que, por ello, el Gobierno estaba dejando de percibir ¢2.104 millones.
El artículo 71 de esa ley gravó las pensiones que superaran el salario de un catedrático de la Universidad de Costa Rica, con 30 anualidades y dedicación exclusiva, monto que para el último semestre del 2017 fue de ¢3,8 millones.
Las jubilaciones que sobrepasen ese monto deben pagar una contribución especial, solidaria y redistributiva, que va desde el 25% y hasta el 75%, dependiendo de cuánto exceda el tope.
Exoneraciones
Llamó a los diputados a aprobar un proyecto para ordenar las exoneraciones de impuestos vigentes.
Reasignaciones de puestos
No se autorizarán nuevas reasignaciones de puestos (por el resto de la Administración Alvarado). Se excluyen aquellas que, a la fecha de la directriz, se encuentren en curso.
Horas extra, viáticos, consultorías
Se reduce el presupuesto de pago de horas extra en un 50%, el de publicidad en un 30%, el de viajes de un 30%, el de actividades protocolarias en un 50% y el de servicios económicos y sociales en un 20%.
Pago de deuda
A partir del 2019, se aplicarán ¢60.000 millones por año de superávit libre para pagar la deuda pública costarricense.
No más alquileres
No se autorizarán nuevos alquileres, salvo aquellos provenientes de estado de necesidad u órdenes sanitarias.
Teletrabajo
Se procurará que un 10% de los funcionarios haga teletrabajo.
El riesgo de la crisis
Luego de enumerar las medidas, Aguilar dijo que estas no deben venderse como la solución definitiva, sino como el inicio de un reordenamiento de las finanzas públicas.
"Sabemos que estas medidas no son suficientes para seguir cumpliendo con nuestro contrato social, hemos querido evitar una crisis que tendría un enorme perjuicio para las familias. Los niveles de endeudamiento de nuestra población son diferentes a los de la crisis de los 80. Hoy, la gente tiene comprometido su salario. Ha decidido el presidente que este es un tema de primer orden".
"Hasta donde llega mi conocimiento, estas medidas son inéditas en el Gobierno Central, y se toman para sanear las finanzas públicas, son necesarias pero no suficientes".
