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Petita Albarracín, la madre de una adolescente ecuatoriana que se quitó la vida luego de ser abusada por el subdirector de su colegio, en Ecuador, pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenar a los estados del continente la aplicación de mano dura contra los abusadores de niñas, así como a quienes los encubran.
La mujer se presentó este martes ante los jueces del alto tribunal, en San José, para pedir que se responsabilice al Estado de Ecuador por no haber tomado medidas que evitaran la muerte de su hija, Paola Guzmán, quien el 12 de diciembre del 2002 ingirió una dosis fatal de fósforo blanco.
La niña falleció dos días después de su cumpleaños número 16. Semanas antes, ella se enteró de que estaba embarazada del funcionario público, de apellidos Bolívar Espín. Él era 50 años mayor y nunca fue llevado a a juicio, pues se dio a la fuga.
Este es el primer caso de violencia sexual contra una menor de edad que llega hasta la Corte IDH, cuyas sentencias son vinculantes y crean precedentes para todos los países que reconocen su autoridad, incluido Costa Rica.
Durante la audiencia de este martes, Petita Albarracín reclamó que el día que Paola ingirió el químico, el centro de estudios no la auxilió ni la trasladó a un hospital; así como que su país tampoco impartió justicia por los abusos que sufrió Paola y que la habrían llevado a su muerte.
Dichos actos de violencia habrían iniciado cuando Paola tenía solo 14 años y el funcionario más de 60, pero, según la representación de la presunta víctima, fueron tratados por el Estado ecuatoriano como un “enamoramiento adolescente”, con un enfoque cargado de estereotipos de género.
“Ahí no hubo amor, él abusó de su confianza, ella lo vio como un superior y él la abusó. Ella tenía 16 años y él 65, eso no es amor”, afirmó Guzmán.
La mujer dijo, además, que todos en el colegio público en el que estudiaba la menor estaban al tanto de la situación, pero nadie nunca le hizo ninguna advertencia.
“Sabía el rector, sabían las actividades principales, el profesor, el alumnado, todos lo sabían, pero no me dijeron nada”, reclamó Albarracín.
‘Que no pase una niña lo que vivió mi hija’
La madre de Paola rindió su declaración este martes, minutos después de las 9 a. m., en una sesión que presidió la costarricense Elizabeth Odio.
Allí, narró que, al momento de los hechos, ella, Paola, su hija menor y su madre, vivían en un tugurio en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.
La madre contó que Paola era una niña alegre, pero en octubre del 2002 su comportamiento cambió, aunque nunca le confesó si tenía algún problema.
El 12 de diciembre de ese año, a eso de las 2.30 p. m. Guzmán recibió una llamada de las amigas de la muchacha, quienes le informaron de que Paola había consumido un tóxico y tenía mucho dolor.
La mujer se fue en taxi al colegio y al llegar al lugar, encontró a la niña tendida en un pasillo.
Según describió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al inicio de la audiencia, la enfermería del centro de estudios no atendió la emergencia, sino que le dijeron a la niña que debía rezar por lo que había hecho.
La familia de Paola la llevó por sus propios medios a un hospital, donde la adolescente fue atendida, pero al día siguiente falleció.
Petita Albarracín recordó que mientras esperaba el cuerpo de su hija, llegó una periodista y le reveló que Paola estaba embarazada, por lo cual la instó a denunciar los abusos del subdirectora ante las autoridades.
Bolívar Espín nunca fue llevado a juicio, pues se dio a la fuga y la causa prescribió.
La madre de Paola declaró que su hija también sufrió violencia por parte del médico del colegio, quien aparentemente le exigió realizar actos sexuales a cambio de practicarle un aborto.
“Paola se quitó la vida por la presión de la culpa”, describió la psiquiatra Ximena Cortés, quien realizó la autopsia psicológica de la muchacha.
La especialista explicó que Bolívar Espín se convirtió en un depredador sobre la víctima, a quien pudo paralizar, silenciar y confundir, a través de un mecanismo de engaño.
“Lo que busca el predador es una presa, no una novia, porque el fin es la satisfacción del hambre o del ímpetu de destrucción que puede conseguirse a través del acto sexual (...). Así las cosas, el engaño hace que la víctima infantil no sepa que está siendo abusada”, explicó Cortés.
Ante una pregunta del juez mexicano Eduardo Ferrer, Petita Albarracín afirmó que llevó el caso hasta la Corte IDH para obtener la justicia que su país no le dio.
Además, pidió a la Corte que se tomen medidas para evitar que otras niñas atraviesen la situación de abuso que vivió Paola.
"Este hombre destruyó la vida de mi hija, de mi familia y la mía. El Estado de Ecuador debe limpiar su nombre porque ella fue la víctima.
"Yo hubiera querido que cayeran también los cómplices encubridores, porque no hubo nada de eso.
“Tienen que poner mano dura. Que no pase una niña lo que vivió mi hija y lo que yo he vivido”, pidió Albarracín
La defensa de la mujer afirmó que solicitarán reparaciones para la familia de Paola. Además, pedirán que se ordene al Estado de Ecuador revisar las políticas públicas e implementar programas de educación que permitan a las niñas conocer sus derechos sexuales y reproductivos, así como detectar las relaciones abusivas.
Ecuador pide disculpa en público
Al inicio de la audiencia, los representantes del Estado de Ecuador pidieron la palabra y reconocieron que el país no atendió de manera adecuada el caso de la joven Paola Guzmán, y ofrecieron una disculpa a la madre de la menor.
El gobierno ecuatoriano reconoció que en sede administrativa, las denuncias sobre la presunta relación entre el funcionario público y la muchacha, el Estado no implementó medidas efectivas para investigar y sancionar las conductas abusivas.
Ecuador también reconoció que al momento de los hechos carecía de mecanismos de prevención del abuso en el colegio, así como que tampoco disponía de rutas para la denuncia, investigación y sanción de ese tipo de actos.
Finalmente, dicho país reconoció que la prescripción de la cusa judicial contra Bolívar Espín es imputable al Estado, por falta de diligencia de las autoridades para la captura del imputado.
“Ofrezco a la señora Petita Albarracín y a Denise Guzmán (hermana de Paola) las disculpas públicas por las acciones y omisiones que hayan ocasionado daños a los derechos de Paola Guzmán”, dice el pronunciamiento que leyó la representante del Estado ecuatoriano.
El país suramericano manifestó, además, que le interesa que la Corte “se pronuncie sobre los estándares exigibles a todos los Estados sobre los derechos de niños y adolescentes en los centros educativos”.
