Sofía Chinchilla Cerdas. 28 enero
A la audiencia de este martes, además de la madre de Paola y sus representantes, se presentarán peritos, voceros del Estado de Ecuador y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Será la primera sesión pública que dirigirá la jueza costarricense Elizabeth Odio (penúltima de izquierda a derecha). Foto: Jeffrey Zamora.
A la audiencia de este martes, además de la madre de Paola y sus representantes, se presentarán peritos, voceros del Estado de Ecuador y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Será la primera sesión pública que dirigirá la jueza costarricense Elizabeth Odio (penúltima de izquierda a derecha). Foto: Jeffrey Zamora.

Este martes 28 de enero, una madre pedirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que responsabilice al Estado de Ecuador por la muerte de su hija, al argumentar que ella se quitó la vida al quedar embarazada tras dos años de abusos por parte del subdirector del colegio público al que asistía.

Petita Albarracín rendirá su declaración ante los jueces del alto tribunal en una audiencia pública que se realizará a partir de las 9 a. m., en la sede de la Corte, ubicada en San José, Costa Rica.

Esta es una de las últimas fases de un proceso que se inició hace 18 años.

La Corte IDH declarará si el país suramericano tiene responsabilidad internacional por violación de los derechos humanos de la niña Paola del Rosario Guzmán Albarracín, quien falleció en Guayaquil de Ecuador el 13 de diciembre del 2002, a los 16 años, luego de ingerir una dosis fatal de fósforo blanco.

Según el Centro de Derechos Reproductivos, la organización internacional que representa a la madre de Paola Guzmán, los abusos empezaron cuando la joven tenía 14 años y el hombre más de 60.

De acuerdo con la acusación, producto de dicha situación, Paola quedó embarazada, y el subdirector le pidió al doctor del colegio que le practicara un aborto a la muchacha. No obstante, el médico le exigió a la niña realizar actos de tipo sexual a cambio de practicarle la intervención.

Dos días después de cumplir 16 años, la joven reveló a sus compañeras que había ingerido fósforo blanco, por lo cual ellas la llevaron a la enfermería del centro de estudios, pero, aparentemente, allí no la atendieron, sino que su madre tuvo que llevarla a un hospital por sus propios medios, donde la niña falleció horas después.

Catalina Martínez, directora del Centro para América Latina y el Caribe, explicó que aunque la familia de la muchacha denunció los hechos ante las autoridades judiciales de Ecuador, el subdirector nunca fue llevado a juicio, pues se dio a la fuga. La familia de Paola desconoce si el sujeto sigue con vida.

La representante de Guzmán afirmó a La Nación que buscarán que la Corte IDH declare que la justicia ecuatoriana no tramitó el caso como correspondía. Petita Guzmán, además, afirmó a este medio que durante el proceso judicial se sintió humillada.

“No existe ningún reconocimiento de lo que pasó, al contrario, tanto las autoridades judiciales como las del colegio trataron este caso como un enamoramiento adolescente; entonces, el trato estuvo lleno de una serie de estereotipos de género que dicen que cualquier acercamiento que una mujer, una niña o una adolescente le haga a un hombre es en búsqueda de seducción”, explicó Martínez.

Petita, la madre de Paola, también exige que se responsabilice al Estado por los abusos que habrían cometido el subdirector y el médico del colegio público.

“Este colegio tenía un ambiente de impunidad frente a este tipo de hechos. Ya había habido otros casos similares al de Paola, donde había habido acoso y abuso sexual por parte de esta persona en contra de otras alumnas e, incluso, en contra de otra profesora, pero había sido completamente invisibilizado”, afirmó Martínez.

Según la representante de Guzmán, esta es la primera vez que la Corte IDH se pronunciará sobre un caso relacionado con derechos sexuales y reproductivos de menores de edad. La sentencia será vinculante para Ecuador, además, quedará como precedente para todos los países sobre los cuales el tribunal tiene autoridad, incluido Costa Rica.

De acuerdo con Martínez, además de buscar reparaciones económicas para la madre y la hermana menor de Paola, su objetivo es que se obligue a Ecuador a tomar medidas para evitar que casos similares se repitan. Por ejemplo, que el país modifique sus políticas públicas y que garantice una educación sexual y reproductiva que permita que las niñas conozcan sus derechos y puedan identificar las relaciones de abuso.

“Es una lucha grande, grande, y de todas maneras no tengo a mi hija a mi lado. Esta lucha no me va a hacer tenerla con vida, pero la lucha es para que esto no vuelva a ocurrir a más niñas”, declaró Petita Guzmán, en un audio enviado a La Nación.

A la audiencia de este martes se presentarán Petita Albarracín y sus representantes, peritos, voceros del Estado de Ecuador y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Será la primera sesión pública que dirigirá la jueza costarricense Elizabeth Odio.

Luego de esta etapa, los jueces de la Corte IDH deliberarán en privado. Su sentencia se conocerá meses después.