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De nuevo, el expresidente Luis Guillermo Solís Rivera rechazó haber tenido alguna responsabilidad por el hueco de ¢600.000 millones que quedó en el presupuesto del 2018 para el pago de bonos de la deuda pública del país.
Así lo expresó en una publicación en su cuenta de Facebook, luego de que La Nación divulgara que la subcontralora general de la República ordenó a la División Jurídica una investigación de las “posibles actuaciones u omisiones” del ahora exmandatario en relación con esos hechos.
“Como ya lo hice al declarar por más de cinco horas ante la Comisión Legislativa hace un año, mi rechazo a los cargos que se me hacen. Respetuoso de la Ley y convencido de haber servido a mi país con probidad, ratifico mi absoluta disposición de contribuir al esclarecimiento de las eventuales investigaciones que se realicen al respecto”, manifestó Solís en esa red social.
Este martes, La Nación envió un correo electrónico al exjefe de Gobierno para consultarle si había sido notificado sobre el nuevo procedimiento administrativo abierto por la Contraloría.
Sin embargo, se limitó a infomar de que sus únicas declaraciones serían mediante Facebook.
La orden de investigar las eventuales faltas del exgobernante (2014-2018) fue dada por la subcontralora Silvia Solís Mora, el 6 de abril, mediante la resolución R-DC-32-2020.
De determinarse que hubo alguna falta de Solís Rivera, este se expone a una inhabilitación para ejercer puestos públicos.
El 20 de mayo del año pasado, por 40 votos contra 9, la Asamblea Legislativa aprobó solicitar a la Contraloría que se le impida a Solís ocupar cargos públicos por cuatro años.
En aquel momento, sin embargo, la contralora general de la República, Marta Acosta, se inhibió de resolver la petición al considerar que en agosto del 2018 había hecho manifestaciones que podrían ser consideradas como adelanto de criterio.
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Sancionados
En octubre pasado, la Contraloría estableció sanciones contra cuatro personas por considerar que no previeron ni enviaron a los diputados un presupuesto extraordinario para pagar la deuda pública. Ellos son:
1. Helio Fallas, exministro de Hacienda y exvicepresidente de la República. Fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por cuatro años.
2. Julio Expinoza, exdirector de Crédito Público. También fue inhabilitado por cuatro años y se ordenó su despido sin responsabilidad patronal.
3. Melvin Quirós, exsubdirector de Crédito Público. A él se le inhabilitó dos años y se ordenó su despido sin responsabilidad patronal.
4. Martha Cubillo, exviceministra y tesorera nacional. Se le inhabilitó por tres años y se ordenó su despido sin responsabilidad patronal.
Las sanciones fueron apeladas, pero la subcontralora Solís declaró sin lugar todos los reclamos en la resolución del 6 de abril anterior. De esta forma, ratificó los castigos.
El Ministerio Público también investiga este caso.
Por medio de la oficina de prensa, la Fiscalía General confirmó que sigue la causa 18-000159-0033-PE contra seis personas de apellidos Solís Rivera, Aguilar Montoya, Alvarado Quesada, Cruz Castro, Fallas Venegas y Sobrado González.
Ellos figuran como presuntos responsables de cometer el delito de incumplimiento de deberes.
No se referirá más
Este diario también solicitó el martes una entrevista a la contralora general, Marta Acosta, quien respondió que no referirá más a este asunto.
“En estos momentos, me es imposible referirme al tema en concreto vista la solicitud contenida en la resolución R-DC-32-2020 y dirigida a la División Jurídica de apertura de un procedimiento, no de investigación, en contra del expresidente Luis Guillermo Solís sobre las condiciones en las cuales emitió el Presupuesto Ordinario de la República 2018, sobre servicio de la deuda, el pago de amortizaciones sin contenido presupuestario, la emisión del Decreto Ejecutivo No. 40.995-H sobre el servicio de la deuda y omitir presentar un presupuesto extraordinario para el año 2018”, respondió la jerarca por medio de un correo electrónico enviado por la oficina de prensa de la CGR.
