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Cinco partidos políticos no solo perdieron votos y aspiraciones de estar en el Congreso en el periodo 2018-2022, sino que también se quedaron sin dinero estatal para pagar los gastos que afrontaron durante la campaña previa a la 1.° ronda.
Esta es la realidad que viven ahora los partidos PASE, Frente Amplio, Movimiento Libertario, Alianza Demócrata Cristiana y Nueva Generación.
Según la legislación nacional, solo reciben deuda política los partidos que alcancen al menos el 4% de la votación total o los que ganen como mínimo un diputado.
De estos cinco partidos, solamente el Frente Amplio logró sumar los votos suficientes para dejarse una diputación, ocho menos de las conseguidas en el proceso electoral pasado, correspondiente al periodo legislativo 2014-2018.
Si bien los frenteamplistas podrán cobrar deuda política, aproximadamente unos ¢640 millones, este aporte no será suficiente para sufragar lo invertido durante el proceso electoral, que podría llegar hasta los ¢800 millones, cifra estimada por la jefa de campaña Andrea Alvarado.
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Un escenario más complejo enfrentan los otros cuatro grupos, que quedaron completamente sin posibilidad de cobrar la contribución estatal.
De los cuatro partidos consultados por La Nación, el Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) fue el que reportó la mayor inversión durante la primera ronda, entre ¢200 y ¢250 millones.
Sin embargo, el Movimiento Libertario es la agrupación más comprometida económicamente. El partido liderado por Otto Guevara suscribió un fideicomiso con el Banco Promerica por ¢155 millones, monto que se acumulará a las deudas que arrastran los rojiblancos desde el año 2010 y que suman en total ¢555 millones.
Ante esta frágil situación financiera, el tesorero del Movimiento Libertario, Carlos Herrera, aseguró que la única opción viable es pedir al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la desinscripción del partido.
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La contienda electoral también resultó ser un duro golpe para las aspiraciones de Alianza Demócrata Cristiana (ADC) y Nueva Generación.
Según explicó el tesorero de ADC, Henry Cerdas, la agrupación emitió certificados por ¢500 millones, pero logró colocar tan solo ¢115 millones, que se estima fue lo que finalmente se gastó durante la contienda.
Por su parte, aunque el candidato presidencial de Nueva Generación, Sergio Mena, había hablado de invertir $1 millón en la campaña, el tesorero Luis Gabelman informó de que solamente se desembolsaron ¢40 millones en efectivo entre el 4 de octubre de 2017 y el 6 de febrero del presente año, monto estimado ya que aún faltan algunas facturas por contabilizar.
“En su momento, una declaración de Sergio (Mena) habló de una inversión de $1 millón, pero eso estaba en función de la colocación de certificados de deuda. Conforme fue avanzando la propuesta y la campaña, no se pudieron concretar las ideas de colocar esos bonos, entonces algunas personas se nos acercaron y colaboraron, pero más que todo fueron miembros cercanos del mismo partido”, señaló.
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La Nación también consultó al partido Renovación Costarricense los datos de la inversión de la campaña, pero su tesorera, Mavis Calderón, aseguró que no iban a brindar la información hasta que el TSE dé la resolución del proceso electoral y se terminen de contabilizar todos los rubros.
En tanto, la tesorera del partido Republicano Social Cristiano, Mariana Fernández, simplemente ofreció el dato correspondiente al mes de diciembre, el cual suma ¢700 millones, ya que aún están a la espera de cerrar la contabilidad de enero y cuantificar el gasto del día de las votaciones.
De acuerdo con el cronograma electoral del TSE, los partidos políticos que no participarán en la segunda vuelta tienen hasta el 21 de marzo para incluir los gastos justificables del proceso electoral y así poder obtener la contribución estatal.
